Las claves de la reforma de la ley de extranjería: 3.000 menores deberán ser distribuidos en un año

PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado este lunes su reforma de la ley de extranjería ante la situación de colapso que vive Canarias, con más de 6.000 menores extranjeros en su territorio, cuando tiene capacidad para albergar a 2.000. Los partidos del Gobierno y CC, la formación del presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, han decido dar este paso sin esperar al PP, que la pasada semana decidió aplazar el debate sobre esta norma. A continuación, los elementos claves de la ley:

La reforma de la Ley de Extranjería modifica, principalmente, el artículo 35, referente a los menores extranjeros no acompañados, para introducir el concepto de "situación de contingencia migratoria extraordinaria" para la Comunidad Autónoma de Canarias y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Esta se activará cuando en estos territorios se produzca una "sobreocupación" en la que el número de menores migrantes no acompañados supere el 150% de las plazas disponibles en el sistema.

El Gobierno y Coalición Canaria registran la reforma de la ley de extranjería sin esperar al PP

El texto señala que Canarias, Ceuta y Melilla deberán mantener activas al menos el número de plazas disponibles existente a la entrada en vigor de la norma. En este sentido, el archipiélago tiene reconocidas 2.000 plazas, por lo que se entendería que hay "sobreocupación" cuando alcanzase los 3.000 menores. Por su parte, Melilla tiene 166 plazas y la saturación del sistema se establece en 249 niños, y en Ceuta hay 88 plazas y el límite estaría en 132. En el caso de Canarias, las cifras actuales rondan los 6.000 menores y en cada una de las ciudades autónomas otros 400.

Al darse una situación de "contingencia migratoria extraordinaria", todos aquellos menores que superen en estos tres territorios el límite de sobreocupación establecido deberán ser derivados a otras comunidades. La propuesta establece que los niños que se encuentran ya en Canarias, Ceuta o Melilla sean repartidos en el plazo de un año desde que se apruebe la ley. Deberá ser la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se reúne el Gobierno y las autonomías, quien acuerde los criterios objetivos para la distribución de los menores entre las comunidades. Si no se aprueba este nuevo modelo de gestión en tres meses, el reparto se hará en función de las normas pactadas en 2022.

La ley contempla que los menores extranjeros seguirán llegando a estos tres territorios en los próximos años, por lo que establece que estos sean inscritos de inmediato en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. En el plazo de 15 días deberán ser derivados a otra comunidad. Además, se indica que si hay dudas sobre la edad del menor serán las autonomías receptoras las que deberán realizar las comprobaciones pertinentes.

Una de las cuestiones fundamentales para las comunidades del PP era la financiación que lleva aparejado el reparto de menores. La propuesta del Gobierno y de Coalición Canaria establece que se deberá acordar en la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia un sistema de financiación. Mientras esto no ocurra se usará el acuerdo alcanzado en 2022.