El Gobierno y Canarias impulsan la reforma de la ley de extranjería sin esperar al PP

Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, registraron este lunes en el Congreso, junto con Coalición Canaria, la reforma de la ley de extranjería que obliga al reparto de casi 3.000 menores extranjeros que están en Canarias entre el resto de comunidades. En plena resaca de la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, el Ejecutivo eleva la presión sobre los populares y presenta su propuesta, pactada con el presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), para hacer frente al colapso del sistema de acogida del archipiélago. No obstante, el Gobierno admite que no cuenta con los apoyos necesarios: tanto el PP como Junts se oponen a la norma, aunque los populares no quieren aclarar todavía el sentido de su voto.

Desde hace meses, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estado negociando con Clavijo, que gobierna en coalición con los populares, una solución permanente a la crisis migratoria que se está viviendo en las islas Canarias. En estos momentos, hay acogidos en el archipiélago cerca de 6.000 menores extranjeros pese a que las instalaciones solo tienen capacidad para 2.000. El acuerdo, alcanzado hace ya unos meses, pasa por una reforma de la ley de extranjería para establecer un reparto obligatorio de estos niños entre todas las comunidades autónomas.

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"Apelo al apoyo de los grupos parlamentarios, para que esto se pueda aprobar en el Congreso y en el Senado a la mayor brevedad posible, por el interés del menor, que están hacinados en un territorio como Canarias o Ceuta", dijo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras el registro de la proposición de ley. Y es que al Gobierno no le dan los números. Junts, que pide dejar fuera del reparto a Catalunya, rechaza la norma y el PP, la única alternativa para alcanzar la mayoría absoluta necesaria, también se opone y plantea una serie de exigencias: que se declare la "emergencia migratoria para todo el territorio nacional" no solo en Canarias, Ceuta y Melilla, para que todas la comunidades puedan acogerse al plan de emergencia; un "plan de política migratoria" y el refuerzo de las fronteras; un "compromiso financiero" inmediato y la obligatorierad de que todas las autonomías participen en el reparto de inmigrantes (el Gobierno de Catalunya se resiste). Borja Sémper, portavoz del PP, no quiso aclarar a la prensa si su partido votará en contra en caso de que el Gobierno no les conceda todas sus peticiones.

El funcionamiento

La propuesta del Gobierno modifica el artículo 35 de la ley de extranjería, el referido a los menores extranjeros no acompañados, para obligar a las comunidades autónomas a acoger a un número determinado de menores, según una serie de criterios, cuando Canarias, Ceuta o Melilla el 150% de su capacidad. Así, en el plazo de 12 meses desde la aprobación de la norma se deberían repartir cerca de 4.000 menores por todo el territorio español.

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Por otro lado, los nuevos niños y niñas que lleguen al archipiélago o a alguna de las ciudades autónomas deberán ser derivados en el plazo de 15 días al resto de comunidades. Además, ante la duda de si un extranjero es menor de edad o no, deberán ser las autonomías receptoras las que realicen las comprobaciones pertinentes.

El sistema de reparto de estos menores, así como la financiación que lleve aparejada, se deberá acordar en la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia en el plazo de tres meses tras la aprobación de la ley. Será en este órgano donde se pacten los criterios para decidir cuántos niños debe acoger cada territorio y la cuantía económica que reciben. Sin embargo, la norma establece que ante la falta de acuerdo la distribución de los menores y la financiación se harán en función del pacto al que se llegó en 2022.

El respaldo conservador

"Lo que hemos observado hasta la fecha es que el mecanismo vigente, que tenía un carácter voluntario, no estaba haciendo frente a la situación que hay ahora mismo en Canarias. Casi 6.000 niños y niñas están en las islas", apuntó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. A este respecto, afirmó que la solución pasa por este reparto "de carácter vinculante y solidario".

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Rego confió en que la norma se apruebe lo más pronto posible -el próximo martes 23 de julio se iniciará su tramitación- y reclamó el apoyo de los conservadores: "Lo que le toca ahora al Partido Popular, porque la pelota está en su campo, es ver qué hace el señor Feijóo, si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue manteniendo las políticas ultra".

El PP se ha posicionado en contra de la propuesta del Gobierno y así lo hizo saber a través de una carta en la que, además de todos los requisitos anteriormente concretados, también denuncian que el Ejecutivo no haya llevado el asunto a la Conferencia de Presidentes para debatirlo.

Los aliados habituales

Sin el PP, el Gobierno necesitará de sus socios habituales para aprobar la reforma de la ley de extranjería, un escenario bastante complejo y que tampoco termina de convencer a los socialistas, que consideran que es necesario alcanzar un acuerdo con las comunidades populares. Además, Junts se ha opuesto a la ley y ERC tampoco es favorable a su aprobación. Así, el Ejecutivo cuenta con el respaldo de BNG, Podemos, EH Bildu y el PNV.