La Audiencia de Madrid rechaza imputar a Rajoy y a dos de sus ministros a petición de Andorra

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la comisión rogatoria Internacional cursada por Andorra en la que pedía comunicar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, así como a varios responsables policiales durante ese Ejecutivo del PP, su imputación por las querellas presentadas en su contra por supuestas coacciones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como de otros líderes independentistas, como el expresidente de ERC Oriol Junqueras, en lo que podía ser un capítulo de la 'Operación Cataluña'

La querella interpuesta en 2019 por el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) para ampliar la original, presentada en 2016, también se dirige contra el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el inspector que estaba agregado a la Embajada española de Andorra Bonifacio Díez Sevillano.

La Audiencia de Madrid, que en un principio no dejó recurrir la decisión del juzgado de instrucción número 32 de Madrid de aceptar la comisión y comenzar a darle trámite, rectificó y ha acabado estimando los recursos de apelación que interpusieron el expresidente del Gobierno y sus ministros contra su imputación andorrana.

Los magistrados entienden que si bien “el auxilio que se solicita tiene su encaje en el Título III del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal (firmado en Estrasburgo el 20 de abril de 1959), lo solicitado excede de la simple notificación de la querella, en tanto que se trata de dar traslado del acto de imputación derivado de la admisión de la querella por parte de la autoridad judicial andorrana".

Consideran que la “solicitud no cumple los requisitos de forma que exige el artículo 14 del citado Convenio, ya que no se concreta una exposición sumaria de los hechos y menos una descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado”, motivo suficiente, señalan “para denegar el auxilio sin mayores consideraciones”.

En junio de 2022 la jueza andorrana Sthéfanie Garcia dio 15 días a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz para que se personaran en las actuaciones, a través del abogado andorrano que designaran o el de oficio que se les asignara, en la querella que ampliaba la inicial de los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la Banca Privada d’Andorra, contra policías españoles que supuestamente les presionaron para conseguir información financiera sobre ciudadanos catalanes.

La ampliación dirigía la imputación a Rajoy y sus ministros, tras oír al excomisario José Manuel Villarejo -principal imputado en el caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales- declarar como testigo que participó en este supuesto capítulo de la 'Operación Cataluña', pero el cierre del banco, tras ser señalado por blanqueo el Tesoro estadounidense, solo pudieron hacerlo sus superiores. De hecho, el retraso en la tramitación de la propia querella obedece al colapso que sufre la justicia del principado por los centenares de procedimientos que arrastra desde la intervención en 2015 de BPA y su filial, el Banco de Madrid, ante las reclamaciones de clientes para recuperar su dinero.

La querella, que Andorra solicitaba notificar a los querellados, atribuía a los políticos del PP los delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y documento falso, todos ellos también existen en España, aunque fuentes jurídicas creían difícil de acreditar en el marco de una solicitud de información a un banco para investigar delitos.