La familia Pujol sigue a la espera de ser juzgada 10 años después de la confesión

El juez José de la Mata dio por concluida la instrucción del caso Pujol en julio de 2020, justo seis años después de que el expresidente catalán confesara disponer de una fortuna en Andorra. Este jueves se cumplen 10 años de ese momento y la Audiencia Nacional aún no ha señalado una fecha para celebrar el juicio en el que se deberá dilucidar si el expresidente de la Generalitat y sus hijos cometieron los delitos de blanqueo de capitales y de asociación ilícita que les imputa la Fiscalía Anticorrupción por el dinero que guardaban en el principado.

El retraso que arrastra la propia Audiencia Nacional para juzgar las causas en las que no hay preso y el meticuloso expurgo al que la familia Pujol sometió el procedimiento, para eliminar cualquier referencia personal que no tuviera que estar en las diligencias, ha hecho que el envío de la causa a la Sala de lo Penal, para juzgarla, se retrasara años. Ello supone que la vista oral aún no tiene fecha y que se considere "complicado" que se pueda celebrar en 2025, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. Hasta el momento toda previsión de señalamiento realizada ha quedado superada, sin que se haya fijado una fecha, lo que hace muy difícil que Jordi Pujol Soley, de 94 años de edad y que en 2022 sufrió un ictus del que se recuperó, acabe siendo juzgado.

La causa comenzó en 2012 a partir de una denuncia presentada por Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat y de la recientemente fallecida Marta Ferrusola. La iniciativa, en la que Álvarez contó que había acompañado al que era su pareja a Andorra con bolsas llenas de dinero, habría partido del excomisario José Manuel Villarejo, lo que ha llevado a los Pujol a solicitar sin éxito su personación en el caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales, al considerarse víctimas de la 'Operación Cataluña'.

El buen hacer del primer instructor, el juez Pablo Ruz, y su sucesor al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata -que apartó de la causa un pendrive de origen dudoso, que supuso la condena del exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino-, hicieron posible que la investigación siguiera adelante. La confesión de Jordi Pujol Soley, que intentaba justificar su fortuna en Andorra con una herencia dejada por su padre para asegurar la situación de su esposa e hijos si él ingresaba en la cárcel dada su actividad política, supuso un importante agarradero para que la instrucción pudiera continuar al margen de lo que pudieron ser en un principio malas prácticas policiales.

Nueve años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para Pujol Soley por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales que entiende que cometió junto al resto de su familia, "al menos desde el año 1991", con "la ingente cantidad de dinero" que ocultaron en Andorra, fruto del "favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".

La mayor pena solicitada es para Jordi Pujol Ferrusola (29 años de cárcel por esos mismos delitos más los de falsedad en documento mercantil, cinco contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución, delito que también comparte con su exesposa por el piso que vendieron a su hija). La que era su mujer, Mercè Gironès, se enfrenta a la segunda pena más alta: 17 años. El primogénito fue el designado por Jordi Pujol y por su esposa, Marta Ferrusola, para gestionar los fondos que tenían en Andorra y para que se ocupara de distribuirlos entre todos los miembros de la familia, según la fiscalía. Ella había quedado fuera del procedimiento por demencia sobrevenida.

Para Josep Pujol, la petición de pena se queda en 14 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, delito fiscal y falsedad. El resto de los hermanos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, se enfrentan a ocho años, por los dos primeros delitos. Por el blanqueo Anticorrupción pedía, además, que se les imponga una multa por el importe al que ascendió: 38,8 millones de euros, 8 de dólares, 2,7 de marcos y 95.350 libras.

La Abogacía del Estado solo acusaba a Jordi y Josep Pujol Ferrusola y a 10 empresarios, mientras que la acusación popular que ejercía Podemos elevaba la petición para el expresidente catalán a 16 años de cárcel.