La jueza rechaza ampliar la causa contra el novio de Díaz Ayuso y acusa al PSOE y Más Madrid de buscar una investigación prospectiva

La jueza María Inmaculada Iglesias rechaza que la causa por delito fiscal que instruye contra la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por delitos fiscales, acabe complicándose y derivando en una investigación más compleja por posible corrupción en los negocios, administración desleal y delito contable. 

"La práctica de las diligencias interesadas supondría excesiva complejidad y dilación en el procedimiento que se alargaría durante varios años" señala en el auto en el que rechaza las diligencias solicitadas por el PSOE y Más Madrid, dirigidas a indagar en el origen del patrimonio del empresario y las viviendas en las que convive con la presidenta madrileña.

Sobre las pruebas solicitadas, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid considera que "muchas de ellas pueden resultar innecesarias por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración", mientras que "otras pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento".

Informe Agencia Tributaria

El auto conocido este lunes tiene fecha del pasado 31 de julio, y resuelve una petición que se realizó más de un mes antes y provocó la suspensión de las declaraciones previstas para dicha jornada. Las peticiones de la acusación popular se solicitaron en virtud de un informe de inspección de la Agencia Tributaria incluido en el procedimiento, al considerar que los hechos investigados podrían no limitarse a los delitos investigados.

En concreto, las acusaciones populares que ejercen en nombre de los partidos de oposición reclamaban la práctica de varias diligencias como que se investigara la relación empresarial del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con Quirón; que se analizaran sus cuentas de 2019 a 2022; y que aportara la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024.

En sus escritos, señalaban que habría indicios de más delitos que requerían más tiempo de investigación y estudio con el fin de una posible ampliación del delito fiscal, falsedad documental y delito contable. Añadían que además la pareja de Díaz Ayuso podría haber incurrido en la presunta comisión de dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable.

La investigación contra el novio de Ayuso se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros".