El juez Pedraz imputa a la cúpula de Interior del Gobierno del PP por el supuesto espionaje a Podemos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputados al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino y a otros cuatro mandos policiales durante el Gobierno de Mariano Rajoy en la causa abierta por la querella interpuesta por Podemos al considerar que su formación y numerosos de sus miembros fueron víctimas de investigaciones prospectivas, ajenas al control judicial, mientras el PP estuvo en el poder.

La Audiencia Nacional avala la causa de Pedraz sobre las investigaciones de la policía de Fernández Díaz a Podemos

En una providencia, el magistrado cita para el 28 de octubre a Francisco Martínez y al comisario Enrique García Castaño, quien será difícil que comparezca, puesto que quedó eximido por su estado de salud de cualquier responsabilidad en el caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales y cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo.

El día 29 está previsto que declare el que era director adjunto de la policía, única persona que ha sido condenada por un episodio de la Operación Cataluña, en concreto por la introducción de un pen drive de origen dudoso en el caso Pujol. Ese día también está citado a declarar el inspector José Ángel Fuentes Gago. El 6 de noviembre lo harán los comisarios Andrés Gómez Gordo y el exjefe de Información Germán Rodríguez Castiñeira. 

La querella que interpuso Podemos en la Audiencia Nacional por los delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental, incorporaba 23 conversaciones por WhatsApp que Francisco Martínez intercambió con otros imputados en la trama Kitchen -en la que se investiga el espionaje al que se sometió al extesorero del PP Luis Bárcenas para que no colaborara con el caso Gürtel- y otras personas, entre ellas, el expresidente Mariano Rajoy.

El exsecretario de Estado recurrió sin éxito la admisión a trámite de la querella, que también incluía delitos de malversación y contra las instituciones del Estado, que fueron descartados por Pedraz, al no apreciar indicios de su comisión en el relato de hechos del escrito; idéntica suerte corrió la imputación del exministro Jorge Fernández Díaz o del exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. Pero la Sala de lo Penal respaldó la apertura de la investigación, al considerar que incluía más documentación que los mensajes de Martínez, respecto a los que este alegaba que el juez Manuel García Castellón había prohibido acceder a ellos.

En su providencia, de apenas una página, Pedraz también acuerda las testificales solicitadas por Podemos, pero la fecha se fijará según la disponibilidad del juzgado. La petición se produjo después de que en julio se recibiera en el Juzgado Central de Instrucción número 5 un oficio policial que reflejaba que entre 2015 y 2016 la policía del Gobierno de Mariano Rajoy consultó datos confidenciales en sus bases de al menos 55 diputados del Grupo Parlamentario de Podemos y sus confluencias (En Comú Podem, En Marea y Compromís), que llegaron a tener un total de 69 representantes en el Congreso de los Diputados.

El documento policial incorpora un análisis individual del número de veces que fueron consultados los datos sobre los diferentes parlamentarios. En el caso de Pablo Iglesias fueron 121 accesos entre 2015 y 2016; en el de Joan Baldoví (15), Ione Belarra (13), Irene Montero (28), Yolanda Díaz (401) e Íñigo Errejón (34).

Destaca el número de veces que los agentes bajo el Gobierno del PP accedieron a bases policiales para conseguir datos de carácter confidencial de Segundo González García (966), del exdiputado canario Alberto Rodríguez (926), de Lucía Martín González (804), de Juan Antonio López de Uralde -Equo- (693), de Fernando Iglesias García (178), de Javier Sánchez Serna (123) y de Rafael Mayoral (89).

Otras consultas se centraron en la exvicepresidenta del Congreso Gloria Elizo (7), Carolina Bescansa (11), el actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (19), la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell (16) y el exjuez y exvicepresidente de Baleares Juan Pedro Yllanes (29).

También se consultaron datos de Isabel Medina Suárez (46); María del Mar García Puig (43); Alexandra Fernández Gómez (43); Jorge Luis Bail (34); Félix Alonso Contorne (29); Rubén Martínez Dalmau (28); Joaquín Fernández Bello (27); Miguel Anxo Elías (27); Isabel Franco Carmona (22); Joan Mena Arca (20); Marta Sibina Camps (20); María Auxiliadora Honorato Chulián (18); Belén Guerra Mansito (17); Txema Guijarro García (17); Antón Gómez-Reino (16); Ana Belén Terrón Berbel (15); Miguel Vila Gómez (8); Juan Antonio Delgado Ramos (6); Vera Ruiz Herrera (6 veces); Rosana Alonso Clusa (5); Eduardo Maura Zorita (4); Tania Sánchez (2); Juan Manuel del Olmo Ibáñez (2); Nayua Miriam Goveli Alba (1); Aina Vidal (1), y Eduardo Santos Itoiz (1).