Moncloa no retirará la reforma que rebaja penas a etarras: “Es igual a la aprobada por Rajoy”

El Gobierno no dará marcha atrás en la reforma legal que, tras una enmienda de Sumar aprobada por unanimidad en el Congreso, permite rebajar condenas a presos etarras que hayan cumplido penas en cárceles fuera de España. Después de que el PP utilizase su mayoría absoluta en el Senado para aplazar el debate que estaba previsto para este martes y acusado a los socialistas de engañarlos para dejar en sus manos la retirada del proyecto, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que la reforma seguirá su tramitación porque responde a una “trasposición de una directiva europea”. Tras ello ha insistido en que tuvo la “aprobación unánime de todos los grupos políticos”.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que "esta ley se va aprobar". "La vamos a llevar adelante", sostienen. Los populares pueden retrasarla hasta el próximo pleno, pero al no haberse presentado enmiendas "no hay capacidad de veto", recuerdan desde el Gobierno. La trasposición de esta directiva europea irá al BOE, aun con el rechazo de la Cámara alta, y entrará en vigor a los 20 días de su publicación.

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Sin querer entrar a valorar si consideran que ya es el momento de dar pasos para superar la legislación excepcional contra ETA. De forma más indirecta, Alegría sí que ha insinuado este marco, al remarcar que "ETA acabó hace 13 años". Lo que sí está haciendo el Gobierno es en acelerar la normalización institucional de EH Bildu, que defendía esta reforma como una reivindicación histórica, a través de concesiones en cuestiones sociales, como la ley de vivienda en la pasada legislatura y ahora la reforma de la ley mordaza.

La digestión de los socialistas se facilitó por gestos de EH Bildu para desmarcarse del pasado, como la participación de su portavoz, Mertxe Aizpurua, al tradicional acto anual de homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo. No en vano, EH Bildu es una coalición de partidos que incluye a formaciones alejadas de la izquierda abertzale en los años de plomo, como son Aralar, EA -la escisión socialdemócrata del PNV- y Alternatiba -procedente de la marca de Izquierda Unida en Euskadi-.

Desde Moncloa han respondido a las acusaciones de “engaño” por parte del PP elevando el tono por el “uso partidista” del terrorismo de ETA. Un uso “obsceno” del terrorismo, reprochó la portavoz en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, “para tapar su vacío de propuestas para tapar su vacío de proyectos y para tapar su vacío de liderazgo”. “Lo que les puedo garantizar es que aquí por parte del Partido Popular no ha habido ni despistes ni errores”, ha añadido.

“Votos emitidos, 346; a favor, 346"

Después de blandir los informes del Consejo de Estado a favor de realizar esta trasposición, aunque son previos a la introducción de la enmienda de Sumar que permite rebajar las penas a etarras, Alegría ha defendido que el texto que el proyecto del Gobierno es “literal al texto que aprobó el Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy aquí en Consejo de Ministros del año 2014”. Una equiparación que no tiene en cuenta la introducción de la enmienda que permitirá acogerse a beneficios penitenciarios a los etarras. Hasta ahora, la norma exceptuaba de este cómputo más beneficioso a los condenados antes de 2010, una salvedad que se ha eliminado tras la enmienda de Sumar. Al producirse durante el trámite parlamentario, en el Gobierno trasladan la responsabilidad a los grupos.

PP, PSOE, Vox, Sumar y los diputados del resto de grupos parlamentarios presentes en el Congreso el pasado 18 de septiembre votaron a favor de la modificación legal sobre el proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea con el objetivo de adecuarla a la legislación europea. De los 354 diputados presentes en el Congreso en aquella votación, todos votaron a favor. “Votos emitidos, 346; a favor, 346. Queda aprobado”, consta en el diario de sesiones como dio cuenta a viva voz del resultado de la votación la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"Dos años de retraso"

La polémica no ha estallado hasta este lunes, cuando la oposición y las asociaciones de víctimas del terrorismo denunciaron que se había colado una enmienda, ya previamente en la comisión de Justicia, que favorecerá a los etarras con condenas en cárceles galas. "Este proyecto de ley se ha debatido, hablado, dialogado y votado en ponencia, en comisión y en pleno", ha reiterado Alegría, quien además recordó que la única pega entonces del PP fue que la trasposición se realizaba "con dos años de retraso".

El Gobierno aprobó en marzo el proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea con el objetivo de adecuarla a la legislación europea. Desde entonces, la iniciativa se ha ido tramitando en el Congreso, donde hubo hasta una decena de ampliaciones del plazo para que los partidos presentaran enmiendas. En junio se publicaron la decena de páginas que contenían las 14 modificaciones registradas.

A comienzos de septiembre, la Comisión de Justicia ratificó el texto final por unanimidad. Por el camino se introdujeron varias enmiendas que, en resumen, permiten que se descuente de las penas el tiempo en prisión cumplido en otros países de la Unión Europea.