Fiscales consideran la investigación a García Ortiz incompatible con ser fiscal general

"Mantener un Fiscal General del Estado con la condición de investigado como posible responsable de un delito, es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho". Así se pronuncia la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la primera que ha reaccionado ante la apertura por parte el Tribunal Supremo de una investigación penal a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está inmerso en un procedimiento por delito fiscal.

La "imputación" del fiscal, confiriéndole la condición de investigado en un proceso penal en el que se le considera posible responsable de la comisión de un delito, a juicio de APIF, "da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio" que exige el Estatuto del Ministerio Fiscal. "En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo", agregan.

Para la APIF, el fiscal general "ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público" y por tanto "no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto".

Cristina Dexeus

Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera, ha lamentado esta "inédita" imputación, y su presidenta Cristina Dexeus ha adelantado a esta redacción que esta situación "coloca a la Fiscalía en una situación muy crítica en cuanto a su nivel de credibilidad". "Que el fiscal general esté imputado deja la credibilidad de la institución bastante por los suelos", ha completado Dexeus, quien recuerda que "es el primer fiscal general al que se le abre una causa penal".

Preguntada sobre si desde la Asociación de Fiscales pedirán la dimisión de García Ortiz, Dexeus asegura que "el primero que tendría que pensarlo es él". "Tiene que reflexionar. Entiendo que defienda su presunción de inocencia. Pero en su caso, lo que a él le ocurre repercute en la carrera fiscal. Eso es lo que el debe valorar. Si por defenderse a sí mismo debe arrastrar a la institución", ha completado Dexeus, que de todas formas concluye que es "una anomalía absoluta".

"Total discrepancia con el Supremo"

En sentido contrario la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que fue portavoz el propio García Ortiz, ha publicado un comunicado de prensa en el que advierte su "total discrepancia con la argumentación" que ha llevado al Tribunal Supremo a tomar la decisión de atribuir la condición de investigado al Fiscal General del Estado.

La UPF respalda, de esta forma, los posicionamientos y argumentaciones jurídicas realizados al respecto tanto por la Junta de Fiscales de Sala en fecha 24 de julio de 2024, como por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, en su informe de fecha 30 de septiembre de 2024, según los cuáles "los hechos investigados, en modo alguno, revisten las características de delictivos".

Esta asociación progresista destaca en su comunicado que en la nota informativa de la Fiscalía de fecha 14 de marzo de 2024, por la que ahora se imputa a García Ortiz, "se enmarca en la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz conforme al artículo 4.5 del Estatuto del Ministerio Fiscal, y venía a aclarar las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación con anterioridad a dicha nota. Sin aportar o revelar ningún dato que no fuera ya conocido por la opinión pública".