El Gobierno respalda al fiscal general tras la imputación del Supremo y confía en que "quedará en nada"

En un nuevo día muy complicado en el frente judicial, el Gobierno llevó a cabo este miércoles una defensa cerrada del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pocos minutos después de que el Tribunal Supremo comunicase que le ha abierto una causa para investigarle por supuesta revelación de secretos, al difundir un comunicado sobre la situación procesal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiso despejar cualquier duda sobre el apoyo del Ejecutivo. 

“Defiendo no solo su honorabilidad, sino también todo el trabajo que viene realizando. Intentan criminalizar a la Fiscalía aquellos que no les gusta su trabajo. Lo que hizo [García Ortiz] fue defenderse de aquello que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo con una bandera detrás sobre que le habían ofrecido un pacto [a González Amador]”, ha señalado Montero en el Congreso de los Diputados. 

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, subrayó también el “total respaldo” al Fiscal General del Estado y defendió su actuación porque “lo que hace es contar la verdad y desmentir una información falsa”. Si bien mostró su “respeto” a la resolución del Supremo, Bolaños cuestionó si “de verdad puede ser delito en nuestro país perseguir la verdad”. En esta línea, contrapuso que desde el entorno de la Comunidad de Madrid se difundiese una información “falsa” y que García Ortiz emitiese una nota “para desmentir el bulo y contar la verdad objetiva”. Esto es, que había reconocido haber cometido dos delitos fiscales y estaba tratando de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ingresar en prisión.  

Fuentes del Gobierno se mostraron convencidas de que la investigación quedará en nada. El propio titular de Presidencia y Justicia ya lo insinuó durante una comparecencia ante los medios en el Congreso. Ortiz, según sostuvo, se habría limitado a "cumplir con su deber". Esto es, "perseguir el delito y decir la verdad", mientras que el "delincuente", en referencia a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría hecho "lo contrario".

La nota y los correos

La causa abierta contra García Ortiz, tomada por la Sala Penal del Supremo por unanimidad, tiene que ver con la decisión de la Fiscalía de publicar una nota de prensa en la que desmentía una versión difundida por el equipo de Díaz Ayuso. Según los colaboradores de la presidenta de Madrid, el ministerio público había ofrecido por correo electrónico un acuerdo a González Amador. La nota de prensa dejaba claro que había sido el abogado de la pareja de Ayuso quien había intentado sellar un pacto con la Fiscalía. 

Sin embargo, el alto tribunal señala en su auto que en la nota en sí misma “no hay información indebidamente revelada”. Los magistrados fundamentan la imputación en los correos electrónicos entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía, que “fueron revelados” y aparecieron en distintos medios de comunicación. Por eso el Gobierno considera que la investigación acabará “quedando en nada” en un plazo de unos seis meses. 

“Si la imputación fuera por la nota de prensa, podría estar justificado, porque García Ortiz se responsabilizó de ella -explicaron fuentes de la Moncloa-. Pero al ser por los correos, asumen que él es el filtrador. ¿Cómo lo van a probar? Las posibilidades de instruir una revelación de secretos por una filtración son muy remotas. Ningún periodista va a revelar sus fuentes”. 

“La imagen de la Justicia no sale bien parada de esto. La Justicia parece que ve por un ojo, que es el derecho, y eso es muy grave”, añadió un ministro, para quien el fiscal general del Estado “no debe dimitir”. 

Los frentes del Ejecutivo

La imputación del fiscal general del Estado por parte del Supremo, una decisión sin precedentes, ocurre en un momento muy delicado para el Gobierno, que intenta llegar a un pacto con sus aliados en el Congreso para aprobar los Presupuestos del año que viene y afianzar esta compleja legislatura. La causa a García Ortiz llega después de la investigación a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, por su presunta implicación en el ‘caso Koldo’, y de la decisión de la Audiencia de Madrid de dar vía libre al juez Juan Carlos Peinado para continuar investigando a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción entre particulares.