El PSOE quiere obligar a las grandes empresas a repartir beneficios entre sus empleados

“Por la izquierda”. Este es uno de los lemas que se repite en la ponencia del PSOE para su congreso federal, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y varias de sus propuestas van dirigidas a capitalizar todo este espacio. Cuando Sumar se encuentra en un momento de debilidad en las encuestas y dificultades orgánicas por el efecto del caso Errejón, los socialistas apuestan por hacerse con banderas en materia laboral y de vivienda. Para ello, apuestan por obligar a las grandes empresas a repartir beneficios entre sus empleados y a prohibir que las viviendas residenciales se conviertan en turísticas o de temporada “en aquellas zonas de alta demanda”.

El reparto de dividendos entre la plantilla se pretende hacer por ley y siguiendo un modelo similar al implantado ya en Francia. Según se justifica, el objetivo es “fomentar la involucración y la eficacia de nuestra fuerza laboral y lograr una distribución más equitativa de la riqueza”. En el acuerdo de coalición Sumar, se recogía de forma vaga el apoyo a la aplicación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva “para que los salarios ganen poder adquisitivo tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas”. Para ello se proponía utilizar como referencia la información del Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las empresas (OMB), “poniendo a disposición de las mesas negociadoras de los diferentes sectores información detallada”.

En materia tributaria, a falta de pactar una reforma fiscal con los socios de investidura, los socialistas apuestan por aumentar la lucha contra la evasión fiscal “de los megarricos”. En esta línea se propone establecer un tipo marginal mínimo del 50% en la tarifa general del IRPF a partir de los 300.000 euros anuales. Por otra parte, se pone el foco en profundizar en la UE en una unión política y fiscal, “incrementando los recursos gestionados por la Unión, ampliando prestaciones sociales, e impulsando un pasaporte común para todos los ciudadanos europeos”.

Entre las medidas relativas al mercado laboral, en la ponencia marco que determinará la hoja de ruta ideológica y programática del PSOE para los próximos cuatro años se recoge también una propuesta para “reemplazar el actual esquema de políticas activas de empleo por un sistema integrado de formación continua”. Asimismo, se plasma el compromiso de integrar progresivamente “el modelo de formación dual en todos los grados universitarios y titulaciones de FP para que todo el alumnado combine su formación teórica con una experiencia práctica en empresas, entidades públicas u oenegés”.

Ayuda Universal para la Ciudadanía

La vivienda es otro de los grandes asuntos en los que pone el foco Ferraz y ante el que también avisan que empujarán con enmiendas propias desde las juventudes socialistas. El coto a los pisos turísticos y de temporada, a falta de desarrollar, tiene por objeto, según recoge el documento, “desincentivar la especulación, contener precios y garantizar el derecho de la ciudadanía a un hogar”.

En el capítulo de derechos sociales se propone una reforma de la Constitución para blindar “los avances logrados frente al avance de la ultraderecha de modo que tengan que ser observados y respetados en cada momento y territorio, independientemente del signo político que gobierne”. Entre ellos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre cónyuges del mismo sexo, el carácter público de la vivienda protegida, y la obligatoriedad de revalorizar el Salario Mínimo Profesional para que siempre esté por encima del 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

Escaño ciudadano

Para agilizar los trámites en la prestación de ayudas se plantea la creación de la denominada Ayuda Universal para la Ciudadanía. Se trataría de integrar todas las prestaciones no contributivas del sistema, desde el ingreso mínimo vital a las becas o las ayudas a las familias, en un mecanismo único.

Entre las medidas más novedosas se incluye la creación del denominado “escaño ciudadano” en el Congreso de los Diputados y en el Senado como espacio de participación directa de la ciudadanía. Este escaño, según se recoge en la ponencia, “no tendrá un titular permanente ni derecho a voto, pero sí podrá ser usado por distintos representantes de la sociedad civil para plantear preguntas en las sesiones de control al Gobierno y podrá dirigirse a la cámara para presentar proposiciones no de ley de iniciativa popular y enmiendas ciudadanas a iniciativas legislativas en curso, ampliando así la participación de la ciudadanía más allá de los canales de una iniciativa legislativa popular”.