Illa y Sánchez cierran un plan para acelerar juicios que eviten la multirreincidencia y reactivan las comisiones bilaterales

Este no es solo un retrato entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president Salvador Illa. Es la estampa de un nuevo tiempo de comunión política y personal entre la Moncloa y la Generalitat basada en la cooperación tras una década marcada por los pulsos con el independentismo. Una sintonía que se ha plasmado, como avanzó EL PERIÓDICO, en el acuerdo para reactivar las cuatro comisiones bilaterales entre las dos administraciones durante el primer trimestre de 2025, justo el periodo en el que el Govern tiene que tener listo el calendario para la ejecución de la financiación singular. Una manera de visibilizar que, con los socialistas al mando en las dos instituciones, se abre una autopista directa de interlocución que empezará a materializarse con carpetas pendientes de calado, como la del plan de choque para que los juzgados catalanes puedan hacer frente a la multirreincidencia.

Se trata de un asunto crucial para el Govern, que se ha propuesto atajar por el impacto directo que tiene en la percepción de seguridad de los ciudadanos -ha creado, incluso, un comité nacional-, pero que ha topado con una falta de medios en la justicia catalana para poderlo hacer, como verbalizó la consellera de Interior, Núria Parlon, en una entrevista en EL PERIÓDICO. El president ha argumentado que Cataluña tiene una litigiosidad superior al resto de España y una cantidad de órganos judiciales inferior a la media, por lo que hay una congestión en los tribunales que impide los juicios rápidos, algo que afecta a la multirreincidencia delincuencial.

Illa ha acordado con Sánchez apretar el acelerador para que el 4 de diciembre se pongan en marcha "medidas concretas" para hacer frente a un déficit que, ha advertido, hará falta por lo menos una legislatura para revertirlo. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha cifrado en 119 los jueces que hacen falta para alcanzar la media estatal de 11,3 jueces por cada 100.000 habitantes -en Cataluña, donde ejercen 765 jueces y magistrados, es de 9,7-, mientras que la cifra de litigios es de 154 por cada 1.000 habitantes y la media en el resto del Estado es de 145.

Huir del "ruido"

Illa ha ofrecido "lealtad, confianza y colaboración" a Sánchez y ha tratado de dejar la financiación singular en un segundo plano. Falta solo una semana para el congreso del PSOE y tres semanas justas para la conferencia de presidentes, así que lo último que hará el president es contribuir al "ruido" del que pide huir. El asunto, ha asegurado, se ha tratado solo "brevemente" porque ya está acordado entre ambos y, en todo caso, lo que ocupa ahora a las dos partes es la concreción del calendario sobre su ejecución.

El president ha subrayado que en ello ya trabajan la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y la consellera de Economia, Alícia Romero, además del grupo de expertos. "Ruido ha habido y seguirá habiendo", ha sentenciado sin apartarse ni un ápice de que lo pactado con ERC, determinante para que el Govern pueda tener presupuestos y, por lo tanto, estabilidad, se va a "cumplir" por más que reconozca que no será sencillo. De nuevo, ha insistido en que se trabaja "a un ritmo correcto" para multiplicar por cuatro los recursos de la Agència Tributària de Catalunya.

El chip catalán

En sus 100 días como president, Illa se ha esmerado en transmitir que su agenda va mucho más allá de la disputa económica y que tendrá como objetivo exprimir el autogobierno y las competencias que recoge el Estatut y que están por desplegar. De ahí que a través de las cuatro comisiones bilaterales -Generalitat-Estado, la mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, la de infraestructuras y la mixta de transferencias- busque acelerar algunos proyectos que son buque insignia de su mandato, como el traspaso de Rodalies y el plan de impulso para la vivienda pública, otro de los puntales para su estabilidad en el que los Comuns basan su apoyo al Govern en la legislatura.

El tercer compromiso que han alcanzado Sánchez e Illa es en materia de chips. En concreto, 161 millones en proyectos de innovación. 60 de ellos, del PERTE Chip, serán para el proyecto Innofab en Cerdanyola del Vallés, centrado en el desarrollo de semiconductores y que se estima que movilizará inversiones de unos 392 millones. También otros 66 millones en el proyecto PIXEurope, coordinado por el Instituto de Ciencias Fotónicas; y 35 millones de inversión para el proyecto DARE, liderado por el Barcelona Supercomputing Center. "Europa se juega su autonomía y prosperidad en la capacidad de diseñar y producir chips", ha defendido Illa, un asunto que también trató este jueves en Bruselas dado que el objetivo es situar a Cataluña entre "una de las 50 regiones más innovadoras" de la Unión Europea.

Las pulseras rojas

Era bien sabido que la relación entre Sánchez e Illa es estrecha. No ha quedado plasmado solo en el contenido y el tono de los mensajes, sino en las palabras del president de la Generalitat prometiendo no dejar ninguna silla vacía para contribuir a la gobernabilidad de España. De nuevo, ha entonado su "Cataluña ha vuelto" en la capital del Estado después de haberlo proclamado en Barcelona y en el corazón de Europa. "Ocuparemos el lugar que nos corresponde porque nadie representa más España que los demás y en el nombre de España también habla Cataluña. Nos implicaremos a fondo en la mejora de España", ha afirmado. No ha mencionado a Isabel Díaz Ayuso, pero el aviso era para la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien atribuye un modelo de prosperidad "excluyente" que choca con la "prosperidad compartida" que él pregona.

La relación entre Sánchez e Illa es tan estrecha, que incluso se visibiliza en unas pulseras rojas que ambos dirigentes lucen y cuyos respectivos equipos confirman que es la misma pero dejan su significado en el terreno personal. No obstante, no deja de ser una metáfora de cómo los dos presidentes tienen sus agendas sincronizadas y que hay un hilo conductor entre lo que se cuece en la Moncloa y lo que se pretende en la Generalitat.