Cubrirse las espaldas para evitar participar en un delito: por qué Lobato acudió al notario

Con todos los frentes que tiene abiertos el Gobierno, el que ha terminado estallando de la manera más inesperada ha sido el del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y el detonante ha sido el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. El origen de todo está en una información del diario ‘ABC’ afirmando que Moncloa filtró la confesión de Alberto González Amador a Lobato para que lo usara contra ella en la Asamblea madrileña. Esa confesión -una comunicación privada entre abogado y fiscal- es lo que terminó llevando a la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

Según el citado diario, a Lobato le llegó ese e-mail a través de Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, que a su vez era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Hoy es ministro de Transformación Digital. El líder del PSOE-M explicó el lunes por la mañana en la cadena Cope que al ver el papel preguntó directamente a Sánchez Acera “de dónde lo había sacado”. Fue el primer momento en el que se dio cuenta de que podía estar colaborando en la comisión de un delito, según explican distintos expertos a este diario. Ella respondió que de los medios de comunicación, pero en este momento el documento íntegro no había visto la luz.

Lobato es Técnico de Hacienda del Estado y, precisamente, en estos meses ha hecho uso de su formación y trayectoria anterior para reprochar a Ayuso y su pareja todas sus conductas en distintos debates. 

Pero el hecho de que él haya recalcado que preguntó a sus interlocutores de Moncloa cómo habían obtenido ese documento privado, explican expertos de la Administración, también prueba que era plenamente consciente de que esa comunicación era confidencial y no podría revelarse ni transmitirse. El artículo 95 de la Ley General Tributaria establece con claridad que las autoridades o funcionarios en posesión de información confidencial no pueden revelar esos datos excepto en casos muy concretos. Este no era uno de ellos. Saltarse ese “deber de sigilo” -como dice la norma-  conlleva una falta disciplinaria muy grave y puede tener recorrido penal.

Aunque algunos expertos dudan de que a Lobato se le pudiera sancionar teniendo en cuenta que está en servicios especiales, todos los consultados por este periódico coinciden en que él -precisamente por su formación- era plenamente consciente de que podía estar colaborando en un delito. Algunas fuentes políticas aseguran que tenía el deber “no solo de negarse, sino de denunciarlo” y que podía estar en riesgo su propia plaza en Hacienda.

En todo caso, los expertos sí desconfían del lugar en el que queda el dirigente socialista -que este viernes tendrá que declarar como testigo en el Tribunal Supremo- al sugerir a su interlocutora de Moncloa que no iba a utilizar ese documento privado -siempre según la información de ‘ABC’- y que finalmente lo usara cuando ya se había publicado en medios de comunicación. 

Con todo, el papel que él enseñó le colocaba a él como primer dirigente que aireó el e-mail privado del novio de Ayuso desde su escaño de la Asamblea. Y por eso, coinciden los expertos, habría movido ficha para cubrirse las espaldas ante un notario en el centro de Madrid. Lobato aseguró en distintos medios de comunicación ayer que ni a él ni a Moncloa le había llegado el e-mail de González Amador a través de la Fiscalía. Pero la realidad es que el 13 de marzo, cuando la Cadena SER publicó algunos extractos, no se había publicado aún el documento íntegro. 

Las alarmas saltaron cuando el día 30 de octubre -Valencia amanecía con las consecuencias más espantosas de la DANA- la Guardia Civil entró en el despacho del fiscal general y requisó varios dispositivos electrónicos, incluido el teléfono móvil de García Ortiz, para rastrear el origen de la filtración. 

Días más tarde, a principios de noviembre, Lobato habría acudido a esa notaría para levantar acta con las pruebas que acreditaban -según ‘ABC’- que se negó a utilizar el documento confidencial cuando la funcionaria de Moncloa se lo hizo llegar. Ante la versión de que el dirigente madrileño va a llegar hasta el final, acusando al notario de estar detrás de la filtración sobre que él hizo de manera individual, expertos consultados por este diario lo ponen en duda, apelando precisamente al secreto del protocolo notarial, cuyo incumplimiento puede llevar a un notario a responsabilidades civiles, disciplinarias e incluso penales. 

El enfrentamiento entre la Puerta del Sol y la Fiscalía General -y también contra Moncloa- ha sido constante desde que hace meses se conociera el supuesto fraude fiscal de la pareja de Ayuso y el pacto que propuso a la Fiscalía para, precisamente, poner solución a su situación. La versión de García Ortiz -respaldada por el Gobierno- es que se defendían de un bulo puesto en circulación por la Comunidad madrileña, mientras que el entorno de Ayuso dejó claro desde el primer momento que había un delito al revelar conversaciones confidenciales, considerando que formaba parte de una operación política para destruir a la dirigente madrileña.