Los Presupuestos Generales del Estado de 2014, que se presentan hoy en el Congreso, reeditan por tercer año consecutivo el límite en la tasa de reposición del 10% en los servicios públicos esenciales: de cada diez funcionarios que se jubilen el año que viene, las administraciones y demás entes públicos sólo podrán cubrir una vacante. En Andalucía, el límite que Hacienda ha impuesto a la oferta pública primero el Gobierno de Zapatero, y ahora el de Rajoy ha supuesto la pérdida de entre 1.200 y 1.300 empleos fijos al año en el SAS (Servicio Andaluz de Salud) y en torno a 3.500 en la plantilla de profesores, según datos aportados por las consejerías de cada área a los sindicatos. CCOO, UGT y CSIF coinciden en que el nuevo tope impuesto a la contratación en 2014 destruirá otros 3.000 empleos estables en la sanidad y la educación andaluza. La mayoría de esas plazas libres pasarán a ocuparlas trabajadores temporales.
Las medidas de ahorro en el gasto público para 2014 impedirán a la Junta contratar a nueve de cada diez maestros, médicos y enfermeros que se jubilen. Esto significa que el año próximo, si la Junta decide convocar oposiciones, habrá una oferta de empleo público mínima en educación y en sanidad, como ha ocurrido este año. Las oposiciones para maestros de Primaria ofertaron el pasado julio 592 plazas para 20.000 aspirantes, y las que se han anunciado para el SAS serán 569 plazas de libre acceso (hoy se reúne la mesa sectorial). En educación, el sector prevé que la Junta, por primera vez, decida no convocar oposiciones en 2014. La oferta de plazas de este año fue la más baja de la última década, pero se logró sumando la tasa de reposición de los dos últimos cursos (el anterior la convocatoria fue suspendida por un recurso del Gobierno). Pero en 2014 ya no existe esa opción, y además la convocatoria prevista es de Secundaria y FP, donde existen decenas de especialidades. CCOO cree que Educación no podrá ofertar más de 200 plazas, lo cual significa que de algunas especialidades saldrían tres o cuatro vacantes.
La ley de Presupuestos Generales no sólo prohíbe a las comunidades cubrir las bajas de jubilados con nuevos contratos. En teoría tampoco es posible ocupar esos puestos con personal interino. Eso es lo que dice la ley, sin embargo, Educación y Salud han seguido tirando de interinos para suplir la caída de la oferta pública de empleo. Ambos departamentos advierten de que si hubieran aplicado la tasa de reposición a rajatabla, habrían tenido que cerrar colegios y áreas hospitalarias al completo. Las comunidades tenemos flexibilidad para cubrir las vacantes de empleados públicos, pero es difícil de gestionar. La Consejería de Hacienda es la que decide en qué área abre más la mano y en qué otras no. Educación y sanidad suelen tener prioridad, explican desde el Gobierno andaluz. Las mismas fuentes advierten de que hay comparaciones que enfrentan a un colectivo con otro, porque no se usa la misma regla para todos. En enseñanzas medias, por ejemplo, se cubren todas las jubilaciones con interinos, pero en la Universidad no, dicen desde CCOO.
Los sindicatos critican al Gobierno central por mantener durante tres años la asfixia de la tasa de reposición, pero también reprochan a la Junta que se escude en ella para recortar personal por otros medios. En sanidad, en los últimos 12 meses se han perdido 10.400 puestos de trabajo en el SAS: 7.000 directos, 2.200 por la reducción del 25% de la jornada del personal eventual, y 1.200 por la tasa de reposición, según los sindicatos.
En educación, tras haber logrado reducir la tasa de interinidad hasta el 8%, el sistema vuelve a comportarse como lo hacía antes de 2007, cuando la Junta tocó techo con un 25% de interinos, y recibió una llamada de atención de la Comisión Europea. Como consecuencia del aumento de la jornada lectiva en Secundaria, la Junta cesó a 4.502 profesores interinos. Más de la mitad se han ido reenganchando durante el pasado curso para sustituciones temporales, pero en torno al 45% lleva más de un año sin trabajar.
