Los siete diputados andaluces que compatibilizan su cargo con la alcaldía de sus municipios seis del PP-A y uno de IU deberán optar entre su escaño en el Parlamento o el cargo que ocupan en sus ayuntamientos antes de 28 días, en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara incompatible la condición parlamentaria con la de alcalde, presidente de diputación provincial y presidente de mancomunidad de municipios. El plazo lo dio ayer el letrado mayor de la Cámara andaluza en un informe emitido a petición del presidente de dicho órgano, Manuel Gracia. El fallo del TC, sobre el que no cabe recurso, está fechado el pasado 25 de septiembre, pero aún no ha tenido efectos reales porque el Gobierno y el PP-A han solicitado al alto tribunal que aclare hasta cuánto tienen sus parlamentarios para cumplir la sentencia. El principal partido de la oposición se encuentra en una situación compleja, porque una de las afectadas es la presidenta del grupo parlamentario popular, Dolores López Gabarro, alcaldesa de Valverde del Camino (un municipio onubense de 13.000 habitantes). López también es la secretaria general del PP-A, es decir la máxima dirigente del grupo en la oposición dentro del Parlamento el presidente, Juan Manuel Moreno, lleva ocho meses en el puesto y no tiene escaño. Además la número dos del PP-A es quien asume en primera persona los grandes debates cara a cara con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como hizo hace dos semanas con el debate del Estado de la Comunidad. El informe del letrado mayor del Parlamento, al que ha tenido acceso esta redacción, despeja estas dudas: «la aclaración no puede ser utilizada para variar el contenido de la sentencia (...) El Parlamento está obligado a acatar el fallo en sus estrictos términos», dice. En consecuencia, concluye que al restituirse la incompatibilidad del cargo de parlamentario y alcalde, la comisión del Estatuto de los Diputados elevará al Pleno sus propuestas sobre la incompatibilidad de los siete afectados en el plazo de 20 días. Después de eso, cado uno de ellos dispondrá de ocho días más «para optar entre el escaño y el cargo incompatible». «Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño», culmina el informe. De los siete parlamentarios-alcaldes, sólo tres no han aclarado si seguirán en el Parlamento o permanecerán como regidores en sus municipios: el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla), que según su grupo se encuentra hospitalizado por una hernia; la popular Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola (Málaga), que se inclina por seguir en la Cámara, y su compañera de grupo Dolores López Gabarro, regidora de Valverde del Camino (Huelva). La resistencia del PP-A a tomar una decisión inmediata respecto a la sentencia del TC tiene mucho que ver con el caso de López Gabarro, que también es presidenta del grupo parlamentario popular y secretaria general del partido. El resto de regidores populares anunciaron nada más conocer la sentencia que optarían por seguir como alcaldes: el regidor de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el de Córdoba, José Antonio Nieto, el de Huelva, Pedro Rodríguez, José Cara (de La Mojonera) y Vicente Valero (Churriana). Otros alcaldes del PP-A, como el de Granada (José Torres Hurtado) o el de Málaga (Francisco de la Torre) también han defendido estos días la necesidad de optar por un solo cargo. El debate le ha estallado al PP-A a sólo ocho meses de las elecciones municipales. La opción de López Gabarro, según fuentes cercanas, será probablemente quedarse en el Parlamento, aunque hace sólo unos días confirmó que se presentaría a la reelección en su municipio. La victoria por mayoría en Valverde del Camino fue usada como emblema por la anterior dirección del PP-A de Javier Arenas para defender que su partido había por fin logrado conquistar las zonas rurales, histórico granero del PSOE-A.
