El Parlamento andaluz recuperará en el pleno extraordinario de finales de mes algunas de las propuestas de transparencia y calidad democrática que se descartaron en el Debate del Estado de la Comunidad. Por ejemplo, modificar la ley para que los 109 diputados hagan pública su declaración de la renta, como hizo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El PP presentó esta idea durante el debate autonómico, IU la respaldó, pero finalmente fue rechazada por la mayoría de votos socialistas.
Sin embargo, en dos semanas el PSOE parece haber cambiado de opinión. En su última comparecencia, la presidenta de los socialistas andaluces, Rosa Torres, anunció que mañana se formará un grupo de trabajo en el Parlamento -a propuesta de Griñán- para debatir ésta y otras medidas sobre transparencia. Al ser preguntada sobre la publicación del IRPF de los 109 diputados, Torres respondió: "No digo que no, nosotros ya hemos empezado", en alusión a la renta del presidente y de los miembros del Gobierno andaluz.
En este cambio de criterio puede haber influido la polémica renta de Javier Arenas, que ha sido una de las trincheras políticas de los últimos 15 días. PSOE e IU han estado acosando al presidente del PP-A para que hiciera pública su declaración. Incluso después de que el líder popular presentara un documento ante notario con sus gastos e ingresos, los socialistas y la coalición de izquierdas han seguido acusando a Arenas de doble moral por abanderar la austeridad y a la vez "mentir" en su declaración y "ocultar" sus ingresos reales. El presidente del PP-A ha declarado unos ingresos anuales próximos a los 100.000 euros, aunque asegura que sólo le pertenecen los 33.000 euros de su sueldo como senador, porque su segundo salario, los 54.500 euros que le paga el partido, están justificados por sus gastos de representación.
El caso es que Arenas aún no ha hecho público el borrador de su renta, como hizo Griñán, y tanto PSOE como IU seguirán alimentando las sospechas y acusándole de cobrar "cospedales" hasta que no ceda. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, contraatacó ayer con la misma estrategia, acusando a Griñán de esconder más de lo que tiene. El presidente andaluz declara a Hacienda, junto a su mujer, 85.131 euros al año (15.000 euros menos que Arenas), pero según Sanz elude mencionar que además recibe 1,3 millones de euros de Presidencia para gastos. El PP quiere que Griñán desglose sus gastos, como ha hecho Arenas. "Predicar con el ejemplo no es tener una partida de casi 320.000 euros para personal de confianza para Presidencia de la Junta; o tener unos 191.000 euros para transporte; o tener 204.488 euros en atenciones protocolarias y representativas; o tener una partida llamado ‘otros' de casi 95.000 euros", apostilló Sanz.
Incompatibilidad. Los populares volverán a llevar sus propuestas de transparencia al grupo de trabajo. La mesa de la comisión de Presidencia se reúne hoy para someter a votación la creación del grupo, para que las conclusiones se debatan en el último pleno. El Parlamento también tendrá que debatir, a propuesta de IU, la posible incompatibilidad entre el cargo de diputado y el de alcalde o presidente de la diputación provincial. Esta medida afectaría a la coalición de izquierdas -Sánchez Gordillo es alcalde de Marinaleda-, pero sobre todo a la bancada del PP, que cuenta con una treintena de alcaldes, incluido los de Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén. La incompatibilidad de cargos podría modularse, precisamente, para que afecte a los regidores de capitales o ciudades de mayor población.
El grupo de trabajo también abordará las propuestas del PSOE que fueron aprobadas en el debate autonómico: suprimir los privilegios de pensiones a los expresidentes de la Junta; limitar los ingresos de los diputados para que sólo perciban el sueldo del Parlamento y renuncien a cualquier otra retribución pública o privada; reducir a 41.000 las firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular y crear el escaño 110 para que represente la iniciativa popular. Los populares también insistirán en eliminar las cesantías de los diputados (una asignación que reciben al dejar el cargo).
