El Gobierno andaluz, a instancias del Parlamento, pedirá a las 10 universidades de la región una profunda reforma de la carrera de Magisterio para que dos de los cuatro cursos que componen el Grado de Infantil y Primaria se dediquen al periodo de prácticas en la escuela. Ahora el número de créditos de prácticas para la formación inicial de maestros está justo a la mitad (un año), pero todos los grupos parlamentarios (PSOE, PP e IU) que han participado en el grupo de trabajo para la formación del profesorado lo consideran insuficiente.
Por eso una de las medidas del dictamen definitivo del grupo, que será discutido hoy y aprobado mañana en comisión, es la de "promover que las universidades lleven al máximo legal posible el número de créditos de prácticas, con el objetivo de alcanzar los dos cursos". Esto afectaría a los futuros maestros de Infantil y Primaria, pero la misma propuesta se articula para el máster que deben cursar los aspirantes a enseñar en ESO, Bachillerato y FP.
Otra de las medidas más ambiciosas que recoge el dictamen es "la incorporación de profesorado de Infantil, Primaria y ESO de reconocido prestigio para que impartan docencia en las facultades de Ciencias de la Educación". Los maestros de colegio e instituto "con buenas prácticas profesionalmente contrastadas" sustituirían o acompañarían a profesores universitarios que, en muchos casos y aunque resulte paradójico, nunca han impartido clases en una escuela.
Hace un año desde que se creó el grupo de trabajo en el Parlamento para diseñar un nuevo sistema para formar mejor a los profesores andaluces. Durante este tiempo, los portavoces de grupo en materia educativa Araceli Carrillo (PSOE), Santiago Pérez (PP) e Ignacio García (IU) han analizado y debatido las propuestas de más de una treintena de personalidades, colectivos y expertos de la enseñanza. Toda la lluvia de ideas se acumula en el dictamen definitivo que se aprueba mañana y que será debatido en el Pleno tras el verano. Pero a la Consejería de Educación le urge recoger ese informe antes de septiembre, porque pretende elaborar el primer borrador del Decreto de Formación del Profesorado en verano, aunque luego incorpore las aportaciones del debate parlamentario. "Queremos ganar el mes de julio y agosto para que el decreto pueda aprobarse antes de finalizar el año", explican fuentes de la consejería.
Sin embargo, ese decreto sólo podrá recoger algunas medidas de las muchas que se incluyen en el dictamen. El Parlamento, a petición del presidente Griñán, ha abierto el debate de la formación del profesorado. Pero en ese debate las competencias para hacer una verdadera reforma educativa están muy diseminadas: el Gobierno central decide sobre todo lo relativo al acceso a la función pública docente y sobre el máster para ser profesor; las universidades son autónomas en el diseño del plan de estudios de Magisterio; y la Junta gestiona la formación permanente de los docentes y los cursos de reciclaje.
Es evidente que las propuestas de mayor calado del dictamen no atañen a la Junta, sino al Estado y a las universidades. El Parlamento las pone sobre la mesa para que el Gobierno andaluz negocie con ellas. Pero hay dos buenas noticias: que fueron los decanos de Educación quienes llevaron a la Cámara la necesidad de hacer una formación más práctica y pegada las escuelas; y que el debate ha recuperado actualidad desde que el vicepresidente primero y candidato del PSOE a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, propusiera un MIR para seleccionar a los maestros, como el de los médicos.
Tres bloques. Las conclusiones de los grupos, a las que ha tenido acceso El Correo, abordan los tres grandes bloques que necesitan reformas: la formación inicial; la formación permanente y el acceso a la función pública.
Sobre la formación inicial, todos coinciden en modificar el máster de profesor (más didáctica y pedagogía que temarios teóricos) y rediseñar el Grado de Maestro para que sea una carrera más práctica. El PSOE apuesta por hacer una selección con los mejores colegios para enviar a los aspirantes a profesor a aprender durante el practicum, y que los mejores docentes sean sus tutores. PP e IU coinciden en que las Facultades de Educación están masificadas y proponen elevar la nota de corte, con números clausus más exigentes para que sólo accedan los mejores estudiantes. IU también pide limitar el número de alumnos por clase a 50 y crear un examen "psicotécnico" para comprobar la motivación del aspirante.
Los tres grupos coinciden en que el sistema de formación permanente está obsoleto. Hace 20 años que se crearon los CEP (Centros del Profesorado), que canalizan los cursos de reciclaje para maestros en activo. El dictamen final incluirá una reforma integral de la red, incluido el perfil del director y los asesores que trabajan allí. El PSOE cree que las actividades de formación no pueden seguir siendo teóricas, como hasta ahora, sino que deben formar en el aula.
El PP propone un plan personalizado de dos años para el profesor recién incorporado a la plantilla donde recibirá formación bilingüe, de nuevas tecnologías, resolución de conflictos, etc... También apuesta por una "red de centros piloto" que tengan autonomía para contratar a sus profesores y autogestionarse como empresas privadas. IU es el único grupo que reclama el Estatuto Básico de la Función Pública Docente, una demanda del colectivo que supone el diseño de la carrera profesional, con una escala salarial y de promoción.
