El Gobierno andaluz presentó este martes el texto de la futura Ley para la Memoria Democrática, una norma del pacto PSOE-IU que supera a la ley estatal de Memoria Histórica del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Con el anteproyecto de ley, aprobado en Consejo de Gobierno, la Junta no sólo aspira a barrer para siempre todos los símbolos franquistas que queden en edificios públicos, iglesias e incluso inmuebles privados (si éstos se ven desde la calle). También quiere impedir las manifestaciones fascistas, como la celebración del 20-N (por la muerte de Franco). El artículo 32.6 del texto establece que la Junta «prevendrá y evitará la realización de actos en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de la represión o sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a los responsables de la dictadura».
Quienes asistan a manifestaciones profascistas o incumplan la prohibición de exhibir públicamente escudos, insignias u otros objetos que exalten la dictadura sufrirán multas de 200 a 2.000 euros (sanción leve). El anteproyecto de ley se ha retrasado mucho hasta ver la luz, precisamente porque el gabinete jurídico de la Junta ha analizado minuciosamente la redacción para evitar futuros recursos. El derecho a manifestarse está en la Constitución y algunos grupos fascistas minoritarios hacen uso de él cada vez que comunican (no es preciso pedir permiso) a la Subdelegación del Gobierno el día, lugar y motivo de una protesta u homenaje en vía pública. En última instancia, éste puede ser vetado por un juez, por ejemplo, si considera que existe exaltación del terrorismo (un delito del Código Penal). El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, garantizó ayer que «la norma está constitucionalmente estudiada y nos permite actuar».
Sobre la retirada de símbolos franquistas del nomenclator y de edificios públicos, la ley andaluza también supera a la estatal, ya que ésta perdonaba los elementos arquitectónicos con valor artístico, y la Junta «no considerará» esta opción en ningún caso. Por ejemplo, en una plaza del centro de Granada, hay un monolito homenaje a José Antonio Primo de Rivera. Sobre éste se levanta una escultura Premio Nacional de Arquitectura. La ley no obligará a retirar el monumento, pero sí a borrar la inscripción con el nombre del fundador de Falange. En este capítulo, sobresale que cualquier entidad que se beneficiase con el uso de infraestructuras o edificios resultado de los trabajos forzosos de represaliados será «copartícipe» de las medidas de reparación.
A partir de la entrada en vigor de la norma, los ayuntamientos tendrán un plazo de 18 meses en enero se barajaron tres meses para eliminar o retirar los vestigios del franquismo en sus municipios. Si se niegan (infracción grave), la Junta lo hará de forma subsidiaria, y a los alcaldes se le pondrán multas de 2.001 a 10.000 euros. Otra infracción grave será «no comunicar el hallazgo casual de restos que pudieran ser de represaliados», y entre las muy graves (de 10.001 a 150.000 euros) está construir o remover sin autorización el terreno donde hubiera restos de desaparecidos, hacer excavaciones en dichas zonas o destruir fosas. Además, ayuntamientos y organizaciones se exponen a perder subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un periodo máximo de dos, tres o cinco años, según el grado de la infracción cometida. Los alcaldes también están obligados a dignificar las fosas comunes en cementerios, a homenajear a las víctimas a petición de sus familiares, y a supeditar sus planes urbanísticos a los Lugares de Memoria.
Exhumaciones. La parte medular de la futura ley, según las asociaciones memorialistas, es el capítulo de las exhumaciones. La Junta tiene localizadas 614 fosas, la mayoría en Sevilla (130), Huelva (120) y Cádiz (100), donde se estiman hay 60.000 desaparecidos. A partir de ahora, la administración tutelará todos los procesos de exhumación. En caso de que el enterramiento esté dentro de una propiedad privada, y si el dueño no diera su consentimiento, la Junta «expropiará temporalmente el uso de terrenos» por el tiempo que dure la exhumación.
Hasta ahora, el Ejecutivo andaluz ha estado ausente como poder estatal en las exhumaciones. La ley establecerá la obligatoriedad de que la Junta se persone de oficio en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de los huesos de víctimas, o también a instancias de ayuntamientos, familiares, entidades memorialistas e investigadores. Esto permitirá que un juez abra instrucción y recoja pruebas de los fusilamientos para futuros juicios contra el franquismo, algo que es inviable mientras no se derogue la Ley de Amnistía de 1977. La dirección general de Memoria Democrática, responsable directa de esta norma, «denunciará ante los juzgados la existencia de delitos» recogidos en la ley como genocidio o delitos de lesa humanidad y «podrá instar» al Gobierno andaluz a personarse en procesos en los que no haya sido denunciante. El protocolo nuevo, que sigue las pautas de Naciones Unidas, implica más a la administración, pero los familiares de víctimas ya no podrán actuar en las fosas sin supervisión de la Junta. La Junta también instará al Gobierno a anular las sentencias de los tribunales del franquismo.
Por último, la norma servirá para crear el primer censo de víctimas de la represión en Andalucía, que empezará en la Segunda República y llegará hasta principios de 1982, inicio del periodo democrático. Por eso se amplía la consideración de víctima, además de fusilados, condenados, exiliados y familiares de desaparecidos y represaliados, se suman los bebés robados o quienes sufrieron tortura en campos de exterminio nazi. El 14 de junio (primera exhumación en Andalucía) será un día de recuerdo y homenaje.
Los problemas que afronta el anteproyecto son dos: carece de memoria económica (las exhumaciones y el banco de ADN previsto son muy costosos), y la tramitación hasta que entre en vigor ronda el año.
La Memoria Democrática, en las aulas En la redacción de esta ley han participado siete consejerías, entre ellas Educación, que incluirá la Memoria Democrática en el currículum de Secundaria y Bachillerato. «Los contenidos deberán basarse» en el consenso de la «investigación historiográfica», pero Valderas aclaró que en la ley «no hay ningún nuevo elemento curricular». De hecho, la Junta no tiene competencias para cambiar, por ejemplo, el temario de Historia, una materia troncal que diseña el Ministerio de Educación, según la ley Wert. También se incluirá la Memoria Democrática en formación de profesores y en universidades.
El anteproyecto contempla la creación del Instituto de Memoria Democrática de Andalucía, para el estudio, investigación e impulso de medidas recogidas en la futura ley.
