El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, ha remitido una carta a la Consejería de Fomento y Vivienda para advertirle de "la imposibilidad de realojar a familias desahuciadas en los parques de viviendas municipales", como ha pedido la Junta, si esta medida no va acompañada de una "previsión presupuestaria por parte de la consejería para las ayudas al alquiler". "Difícilmente puede ponerse en marcha un programa sin financiación", advierten. No ha sido una carta aislada. El plan contra los desahucios del Gobierno andaluz, que dependía de la colaboración activa de los municipios, se ha estrellado de lleno contra los alcaldes del PP. La consejera Elena Cortés firmó el convenio con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en septiembre, pero los regidores populares se han negado a participar en el programa si la Junta no les garantiza una financiación extra.
Fuentes del PP-A confirmaron ayer a este periódico que la carta hecha pública por el Consistorio de Granada forma parte de una "estrategia regional", aprobada en la última junta directiva, con la cual todos los municipios que gobierna el PP han materializado su rechazo al Programa Andaluz de Derecho de la Vivienda. "La Junta intenta diseñar la política andaluza de vivienda a costa de los ayuntamientos, piden compromiso y responsabilidad a los alcaldes, pero en realidad eso se traduce en que ellos pongan de su bolsillo un dinero que no tienen", explican desde el grupo popular.
La concejal de Urbanismo de Granada, Isabel Nieto, ha sido de las primeras en remitir esta misiva a la consejera Elena Cortés en respuesta a su petición de firmar un convenio para poner en marcha el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda. Uno de los objetivos de este plan es el realojo en régimen de alquiler de familias que pierden su casa o están en riesgo de exclusión. La intención es que estos realojos se realicen en casas vacías de la Administración autonómica y en los parques de viviendas de los ayuntamientos andaluces. El PP replica que, sobre todo en las capitales de provincia (gobierna en todas), sus ayuntamientos apenas disponen de inmuebles vacíos y los que tiene son de protección oficial (VPO), cuyas condiciones de adjudicación están definidas por ley.
En la carta del Consistorio granadino, a la que ha tenido acceso Europa Press, la edil expone que la puesta en marcha de este servicio, que incluiría una nueva oficina de mediación social para atender a las familias, "duplica" los procesos de adjudicación de vivienda y requiere de "nuevas contrataciones" de personal que los ayuntamientos tienen "prohibido hacer" de acuerdo a las medidas impuestas por el Gobierno. Para los regidores del PP, si esta medida no cuenta con respaldo económico se convertirá en "otro programa más, que frustrará las expectativas de tantas familias, que después de ser atendidas y escuchadas, no podrían obtener ninguna ayuda porque no se ha previsto". Por ello reclamó a la Junta que dote de presupuesto el plan en Defensa de la Vivienda a fin de que el convenio firmado con los consistorios en materia de desahucios no se convierta en "papel mojado", toda vez que "no existe parque de viviendas de propiedad pública disponible para atender las necesidades" de estas familias.
Los populares también reprochan a la consejera que no use el parque público de viviendas de la Junta -80.000 pisos sociales- para realojar a las familias desahuciadas. Fomento responde igualmente que casi no hay pisos vacíos, y cuando los hay, la rotación natural los adjudica rápido a personas con recursos limitados, que pagan un alquiler de entre 20 a 60 euros al mes.
