Durante los últimos 30 años, el Gobierno andaluz ha sido reacio a considerar un debate que, poco a poco, ha ido cobrando adeptos en la calle: ¿debería la Junta aplicar políticas de progresividad a derechos esenciales? ¿Debería cobrar a las familias en función de su renta por unos servicios públicos que ahora son gratuitos? Muchas personas consideran injusto que la Junta entregue ordenadores y libros de texto a todas las familias, con independencia de si ingresan 10.000 euros al año o 50.000.
Por alguna razón, este debate está proscrito en la sanidad pública. La idea de que los enfermos paguen en función de su renta una parte del tratamiento (o cualquier otra variante del copago sanitario) despierta una indignación social casi unánime. Pero en la educación, el debate no sólo ha cristalizado en la sociedad. Los últimos en sumarse a esta tesis han sido los sindicatos de profesores, acosados por la inminente rebaja en sus nóminas.
El plan de ajuste de la Junta plantea un recorte salarial del 5% de media a todos los funcionarios, entre el 30 y el 40% en las pagas extras y un ahorro global de 777 millones en nóminas. Tumbar esta medida es una prioridad de todas las federaciones sindicales que trasciende los intereses específicos de las mesas sectoriales de educación, sanidad, justicia, etc...
Los cinco sindicatos de la enseñanza ya han trasladado a la consejera Mar Moreno cuál es el orden de prioridad que defenderán de cara a los previsibles recortes en el presupuesto de educación de 2013: "primero que no se pierdan plazas de profesor, segundo que no se toquen los salarios y tercero los programas y servicios educativos", resume el secretario general de FETE-UGT, Juan Carlos Hidalgo. "Yo no voy a firmar ningún recorte en educación, pero si se empieza a tocar, ésta es la prioridad", asegura. Con esta tríada se identifican los cinco sindicatos consultados, que ya han empezado a presionar a Educación para que sacrifique algunos programas que consideran "superfluos" o "prescindibles" y para que se plantee cobrar por determinados servicios (ahora gratuitos) en función de la renta. Moreno admite que no podrá esquivar por más tiempo este tema: "Ha llegado la hora de definir muy bien cuáles son más interesantes y rentables para la educación y el aprendizaje", dijo hace unos días.
Los programas educativos que están más estrechamente vinculado al trabajo docente tienen los pies de barro. Los sindicatos ya no oponen resistencia a dejar caer el Plan de Calidad (187 millones en cuatro años), que incluye incentivos de productividad de hasta 7.000 euros por docente, el plan de Cultura Emprendedora (93 millones) o el de multiculturalidad. También cuestionan que en Andalucía haya 50 Centros de Profesores (CEP) o que en cada instituto haya un psicopedagogo.
La red de CEP es la que diseña y coordina la formación continua del profesorado a través de cursos de reciclaje. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, los eliminó todos al llegar al Gobierno, y entonces hubo una reacción de protesta sindical en Andalucía.
Con todo, la suspensión de estos programas se traduciría en un ahorro mínimo. El paso significativo que han dado los sindicatos es plantear que las familias empiecen a soportar parte del coste de la educación. "Quizá haya que plantearse el bilingüismo de pago", afirman algunos. CCOO, UGT, CSIF y Ustea barajan una "reformulación" de las escuelas TIC (115.000 portátiles gratuitos) y de la red de centros bilingües, para que la oferta se adapte "al poder adquisitivo de las familias". Los sindicatos advierten de que estas ideas aún están "verdes" y que lo esencial ahora es "hacer llegar el mensaje de que hay alternativas al recorte salarial", explica José Blanco, de CC.OO.
No obstante, con esta "sugerencia", los sindicatos cruzan la línea roja que la Confederación de Padres de Alumnos de la escuela pública (Codapa) quiere proteger a toda costa. "La calidad educativa no depende sólo del salario de los profesores. No pueden anteponer las nóminas a la atención al alumno", dice el presidente de Codapa, Francisco Mora. Las asociaciones de padres se reunirán mañana con Moreno para fijar unos mínimos: "evitar los recortes que vayan directamente contra la igualdad de oportunidades dentro del aula", y eso supone, no introducir el copago en los centros TIC ni los bilingües, conservar la gratuidad de los libros de texto, las horas de refuerzo y los desdobles en asignaturas básicas.
En cambio, Codapa sí acepta la idea de los sindicatos para controlar mejor el gasto en los servicios complementarios (comedor escolar, aula matinal, actividades extraescolares transporte...). Ahora hay bonificaciones en función de la renta de hasta el 100% del precio público. Los sindicatos creen que estos servicios no repercuten directamente en la calidad de la enseñanza y propone que se suba el umbral mínimo de renta de esas bonificaciones.
