Las 36 familias de La Corrala emprenderán acciones legales ante la respuesta "incomprensible" de las administraciones públicas que la semana pasada cortaron los suministros de luz y agua en el bloque de pisos en el que se realojaron como medida de presión hace 19 días en San Lázaro.
La coordinadora de la asociación Pro Derechos Humanos , Maribel Mora, ha explicado esta mañana que acudirán al juzgado de guardia para "denunciar las coacciones que algún responsable del Ayuntamiento viene ejerciendo con el corte de luz y agua, la interrupción de las tareas de limpieza por parte de Lipasam en la zona, y la amenaza velada de abrir expedientes de protección de menores" entre las familias con niños que tomaron el bloque ante "falta de recursos sociales" del Gobierno local a los problemas de vivienda.
En una rueda de prensa ofrecida esta mañana en el piso piloto del bloque, los responsables de La Corrala exigieron al alcalde que "de la cara" y ofrezca una respuesta a su situación insostenible que están viviendo debido a la crisis económica y la falta de trabajo. "No queremos vivir gratis. Queremos pagar un alquiler arreglado a lo que tenemos", sentenció Ana, cuyo marido enfermo de 70 años está sufriendo los efectos del corte de suministro: "No nos vamos a marchar de aquí, aunque nos muramos y mi marido se muera aquí", señaló Ana.
Desde Arquitectura y Compromiso Social se aclaró la propiedad del inmueble, que, lejos de ser del Ayuntamiento, tiene su propio dueño. "Pertenece al grupo Nueva Maexpa (antes Mahía)Nueva Maespa, cuyo máximo responsable es Ramón López Casal, que tiene causas pendientes por malversación de fondos, evasión fiscal y corrupción urbanística", apuntó Mati Solano.
Otra de las afectadas, Carmen, culpó directamente al alcalde del empeoramiento de la enfermedad de su madre: "Se me va lo que más quiero en este mundo. Ahora sí que voy a luchar por una loba, y de aquí no me echa nadie. Si el señor alcalde tiene madre, que piense que sea la suya la que está sin agua y sin luz".
