El Gobierno andaluz trasladó ayer al Ministerio de Sanidad una reivindicación y una denuncia que sonaron más bien a SOS: si el Estado continúa retirando dinero a las comunidades, Andalucía sola no podrá seguir soportando todo el peso de la ley de dependencia ni el coste de las prestaciones sociales. Éste es el mensaje que la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, llevó ayer a Madrid, al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. "El Estado se ha ido retirando de la financiación de las prestaciones sociales hasta dejarla en una cifra residual", denunció Montero.
En Andalucía hay un millón de personas beneficiarias de estos servicios (ayuda a domicilio, cooperación, emergencias...) que gestionan directamente los ayuntamientos, pero que están cofinanciados también por el Gobierno central y las comunidades. En los últimos días, sobre todo desde que se han recrudecido las protestas ciudadanas por los recortes sanitarios en las comunidades gobernadas por el PP, los populares han endurecido su discurso contra la Junta, acusándola de recortar el presupuesto de los ayuntamientos para prestaciones sociales. Montero quiso desmontar estas críticas ayer con una batería de datos: Desde 2011, el presupuesto estatal para sostener los servicios sociales en Andalucía se ha desplomado un 68,3%. En 2011 la aportación del Gobierno fue de poco más de 17 millones, en 2012 descendió a los 9,2 millones, y este año, los Presupuestos Generales han consignado 5,3 millones. El desplome del gasto estatal ha repercutido directamente en los ayuntamientos, que se han visto obligados a reducir personal y a paralizar servicios sociales. "Desde 2011, dos de cada tres euros del Gobierno han dejado de llegar a los municipios. Tanto la Junta como los ayuntamientos hemos tenido que reconfigurar la asistencia social, y ninguna administración está en condiciones de aportar el dinero que deja de poner otra", apuntó Montero.
El mismo escenario de asfixia se encuentra en el desarrollo de la ley de dependencia. "Andalucía está sosteniendo a pulmón el número de beneficiarios (192.532) y de prestaciones sin una financiación adecuada por parte del Gobierno", recalcó la consejera.
El sostenimiento de una persona dependiente le cuesta a las administraciones sanitarias entre 300 y 1.500 euros al mes. Algunos reciben una prestación económica de 300 euros al mes; otros disfrutan de prestaciones vinculadas a un servicio de ayuda que rondan los 500 euros; y para los casos más graves se oferta una plaza concertada en una residencia que puede alcanzar los 1.500 euros. El Gobierno y las comunidades comparten el gasto de la ley de dependencia, el problema es que antes cada parte abonaba un 50% y desde hace dos años -con el último Gobierno de Zapatero y el primero de Rajoy- la Junta asume hasta el 70% del gasto, y el Ministerio el 30%. Andalucía atiende al 25% de las personas con derecho a una prestación en España. Pese a lo cual, la comunidad ha dejado de percibir 214 millones de euros en los últimos dos años (89 millones menos en 2012 y 125 millones menos previstos para 2013).
Además, otros 50.000 dependientes ya evaluados están en espera de ser atendidos. Montero no aclaró cuánto tiempo de media llevan esperando para percibir su prestación (la ley estipula que antes de seis meses deben ser atendidos). Un reciente informe del Defensor del Pueblo Andaluz sugiere que la parálisis de la ley es tal que hace meses que no entra una nueva solicitud, y que algunos demandantes llevan más de un año en la lista de espera sin ni siquiera haber sido aún baremados. La consejera explicó que a 1 de enero de 2013 hay menos dependientes esperando que hace justo un año (entonces superaban los 60.000), pero admitió que la falta de financiación y las obligaciones de la Junta para cumplir el límite del déficit público han ralentizado el ritmo de entrada de nuevos dependientes.
Los populares saltan en tromba contra el modelo sanitario andaluz
La consejera de Salud, María Jesús Montero, está convencida de que los ataques del PP a la sanidad pública andaluza son una huida hacia adelante: un intento de extrapolar hacia Andalucía el malestar y las protestas de los sanitarios que han desatado los recortes y la privatización de servicios en comunidades gobernadas por los populares, como Madrid o Castilla-La Mancha. “El PP quiere hacer ver que todos somos iguales, por eso tiene mucho interés en que aquí también haya una huelga de sanitarios [anunciada para el lunes por el Sindicato Médico]”, advirtió.
Lo cierto es que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, viene desde hace días contrastando la crisis de la sanidad madrileña con el modelo andaluz, y los populares han salido en tromba para desmentirle. La vicesecretaria de Organización del PP-A y portavoz de sanidad en el Parlamento, Ana María Corredera, aseguró ayer que en Andalucía “se hace lo mismo que en Castilla-La Mancha” con la reducción de puntos de atención continuada en horario nocturno “desde septiembre de 2012” y que, por tanto, es un “despropósito” que el PSOE y Rubalcaba “ponga de ejemplo de lo que hay que hacer a la sanidad andaluza”. Corredera no cifró el número de centros sanitarios que cierran las urgencias por las noches ni el número de andaluces que se ven afectados por esta medida porque, según apuntó, la Junta “nunca” le ha aportado esos datos de forma oficial pese a las preguntas que el PP-A ha registrado en el Parlamento. “Los socialistas no pueden dar ejemplo de nada”, concluyó. No mucho después, el presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, respondió a la acusación en su cuenta personal de Twitter: “Mala defensa de un modelo sanitario es mentir sobre el modelo andaluz”. La secretaria de Acción Ciudadana del PSOE-A, Clara Aguilera, señaló desde Granada que “pese a las mentiras del PP”, los andaluces “saben perfectamente” que la sanidad es “pública y universal” en la comunidad autónoma.
