Hace pocas semanas el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, dimitió como diputado. Tal decisión la forzó perder Cs el 80% de parlamentarios en los últimos comicios. La alternativa del bipartidismo PP-PSOE, contra corruptos y supremacistas del catalanismo hacía aguas en la cúpula de un partido que prometió lo que incumplió. Parecía dignísimo un Rivera que se retiraba del foco.
Sorpresivamente, semanas después del adebacle de Cs el bufete malagueño Martínez Echevarría ‘fichó’ a Rivera. A un brillante orador, pero sin experiencia con la toga y con exclusivo pasado laboral de empleado bancario. Imaginamos que su nuevo empleo le proporcionará un sueldazo y que publicará algún best seller relatando su paso por la política. Sospechamos venderá exclusivas de nuevo padre y pareja de famosa cantante. La pregunta es por qué ‘ficha’ un bufete a Rivera, alguien sin experiencia forense.
Es legítimo prosperar, más lo es asegurarse un futuro laboral y económico, pero los miles de votantes de Cs están decepcionados por los dividendos que dan las agendas de contactos. Cs gobierna Andalucía con el PP-A apoyados por Vox. Detenta presidencia del parlamento, vicepresidencia de la Junta y varias consejerías. La deriva por el fiasco electoral de Cs la pagaremos cara los andaluces, pues Rivera fue quien desertó primero.
Es cuestionable lo que hace Rivera, pero se recalcan su legitimidad los más codiciosos de talento ‘exportable’. Más censurable es que, a principios de 2019, otro bufete (Cuatrecases) ‘fichara’ a la que fuera Vicepresidente del gobierno bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Nos referimos a Soraya Sáez de Santamaría pocos meses de abandonar la Moncloa. La también Abogada del Estado excedente llevará temas mercantiles en su nuevo empleo. Pero la enérgica ex politica del PP carece de experiencia en tal rama del Derecho. Otra pregunta surge ¿Por qué no regresa a su cargo de Abogada del Estado?. Sospechamos que la respuesta está en la multiplicada nómina que percibirá del bufete catalán, en cuya central ‘la pela es la pela’.
Hay algo más revelador en el nuevo empleo de la ex Vicepresidente. El Artículo 15 de la Ley de Incompatibilidades que impulsó Soraya reza: ‘Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario’ Será legal el ‘fichaje’ de una ex diputada talentosa, tendrá pronunciamientos favorables del órgano que ventila los conflictos de intereses, pero chirría, y bastante, que ni siquiera Doña Soraya esperara dos años a ser contratada. Añadimos que, por su salida del gobierno, percibió indemnización y otras prebendas que no tienen otros servidores públicos, históricamente mal pagados. Los juristas ‘elegidos’ parece que respiran otro oxígeno como primus inter pares.
El panorama de la abogacía sevillana es tributario a lo que sucede en el resto del país. Pequeños y medianos despachos se multiplicaron para ser competitivos. Mientras, los macro-despachos registran distintas operativas con clientela global. Además, hay ciertos nexos con las ‘big four’ auditoras (PWC, EY, KPMG y Deloitte), presentes en el mercado andaluz –sedes en Sevilla y Málaga-, con el de consultoría y defensa legal.
Estos grandes ‘bufetes’ para captar y consolidar clientela VIP local y atender la de fuera multiplican su tropa de letrados becarios, en prácticas y mileuristas espléndidamente trajeados y sonrientes en fotos corporativas. También, suscriben alianzas españolas e internacionales o potencian marcas sevillanas vía ‘fichajes’ con contactos y agendas plenas de poderosos o millonarios. Añadir valor, y la facturación, sería la consigna.
Un ‘fichaje’ sonado hace años fue el del ex fiscal-jefe Alfredo Flores para fomentar la rama penal de Montero & Aramburu. El antiguo acusador, tras jubilarse y desalojar el ático de la Audiencia que le pagamos todos los españoles vía tributos durante décadas, dijo que defendería ‘colectivos marginales’ según repitió en la prensa. Pero su nueva clientela la integran corruptos, maltratadores, defraudadores y acusados por delitos graves. Desconocemos cuándo se fraguó el ‘cambio de opinión’ pero es imaginable. Tras aterrizar Flores en tal bufete otros fiscales pidieron excedencia. Uno fue Jose María Calero, hoy con bufete propio y ‘experto’ en ciberdelincuencia con socios ligados a la res publica. Curioso
Otro ilustre jurista y servidor público que, al jubilarse, se hizo abogado es el Magistrado Antonio Moreno Andrade. El ex ponente del TSJA y embajador en Sevilla del CGPJ ahora pasea su talento en Nertis Legal Alfonso Martínez Escribano, antiguo Juez-Decano y laboralista, fue el ‘fichaje’ de Garrigues aunque a posteriori se instaló en su bufete. Confirma así su ubicuidad y alma de superviviente.
Hay otros bufetes y consultorías que fichan con frecuencia, y esto es más cuestionable que las lucrativas excedencias que permiten regresar al cargo, a antiguos Inspectores Fiscales, de Trabajo y altos cargos con los que tendrían conflictos sus propios clientes. El ‘fichaje’ y su gran nómina más otras prebendas de las que carecen en el servicio público (auto, portátil y móvil de alta gama más tarjeta corporativa) sería balsámico para dilatar decisiones oficiales, archivarlas, desnaturalizarlas o dejarlas a la deriva. La sutileza de ‘atraer’ al adversario jugando con su codicia o hartazgo de lo público parece que funciona. Se intuye que es negocio rentable. En especial, para clientes que ahorran multas de vértigo, tributos, inversiones y más cosas que no deben escribirse aquí.
Una leyenda circula sobre un inspector de Hacienda. Llegado desde Madrid, visitó la primera bodega, roteña, del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos. Le atendió un contable del jefe quien le proporcionó copiosa documentación. Tras horas de sesudo análisis, el funcionario pidió ver al dueño de la bodega para firmar acta de infracción con cifras mareantes. ‘Don José María’ tras firmarlo todo invitó a comer al Inspector. En los postres, Ruiz-Mateos le ofertó cuadruplicar su nómina oficial si trabajaba para él. Constató que había pillado en la ingeniería contable que desplegó el inolvidable roteño engañando al fisco años y años. Su bodega en Rota quebró al poco tiempo. Y el ex Inspector fue un ‘cerebro gris’ de Rumasa hasta su expropiación en 1982. C’est la vie!
De la controversia que puede causar el ‘fichaje’ de reputados juristas al servicio público para atender clientes trasgresores de las leyes sobresale Baltasar Garzón, licenciado en Derecho en Sevilla. Atrevido donde los haya como Magistrado de la Audiencia Nacional fue ‘fichado’ por el PSOE, cuando molestaba con sus investigaciones judiciales las cloacas del poder. Le propusieron –en una cacería- ser Ministro aunque con el tiempo el ex abogado y presidente Felipe González le relegó a un cargo que carecía hasta de chófer. Mientras tanto, concedía doble Ministerio -Justicia e Interior- al también ex Juez Juan Alberto Belloch. Esta realidad –el biministerio- igualó a España con Zambia y removió de la tumba al mismísimo Montesquieu por aquello de la división de poderes.
Movido, quizá, por el resentimiento de no llegar a la poltrona, Garzón regresó a la Audiencia y activó sumarios que molestaron más a un PSOE pasivo ante excesos, corruptelas y abusos que echaron del poder a González en 1996. El poco humilde Juez Garzón fue posteriormente expulsado de la carrera y ahora defiende a lo peor de cada casa aunque se intenta reputar con dogmas, artículos y libros que acentúa su ego.
El ‘caso Garzón’ evidencia que deben regularse franquicias o compromisos temporales mínimos para limitar excedencias, bajas o destinos extraoficiales. Como, por ejemplo, a los pilotos militares que huyeron hasta aerolíneas donde cuadruplicaban el sueldo tras pagarle nuestros impuestos su formación. Las entendederas de cualquiera no metabolizan bien que un fiscal que acusa a un violador un lunes pase a defenderlo un martes. O que un juez que absuelve un miércoles sea contratado por el ‘inocente’ un jueves.
Brotan, afloran de ciertos ‘fichajes’ de la iniciativa privada sobre servidores públicos ciertas palabras: puertas giratorias, tráfico de influencias, mercadeo de coherencias, compra-venta de criterios, cambio de trinchera... Y quienes pierden son los pilares de la democracia: el bien común, la Justicia, la cosa pública, la neutralidad funcionarial.
Se elevan interrogantes sobre si algunos ‘fichajes’ de los relatados se conciben o negocian años antes de plasmarse o anunciarse públicamente. De ser cierto, quien se beneficia de su incremento de ingresos sería sospechoso de haber actuado o decidido con su firma oficial intereses privados que reembolsan el favor con el ‘fichaje’. Cambiarse de bando puede sustentar ejemplos prácticos de la más genuina corrupción, aunque en modo iceberg: Sólo le vemos lo que sobresale.
Podrían citarse aquí ejemplos más ‘perdonables’ de quien considera su paso por la fiscalía, judicatura, LAJ-Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), inspección tributaria, laboral o la política una etapa profesional que antecede montar un negocio propio. Existen incontables tentaciones: la administración pública no paga mucho. Y rutinas, corsés, carencia de medios, lentitud y burocracia cansan a las mentes emprendedoras. Pero los ‘fichajes’, que además suelen publicitarse, de ciertos bufetes sorprenden cuando los leemos. No se sabe si son antiéticos, ilegales, amorales o literalmente incompatibles, por escribir algún eufemismo.
