No lean este libelo sobre UGT Andalucía. Gracias

Érase una vez un mexicano, Roberto Macías (Zapotlán, 1980), afincado en Sevilla. Intentaba forjarse un presente en tierra de gachupines sureños, pero en su patria originaria. El azteca trabajaba como administrativo y contable en la central de UGT andaluza desde diciembre de 2008.

Sus ojos fliparían con la ‘contabilidad creativa’ en la Central de Compras del sindicato. Porcentajes de proveedores no declarados, extraños rappels, distintas ‘cajas’ (botes según l@s compañer@s) y facturas ficticias. Todo conducía hasta la financiación irregular con fondos públicos de varios orígenes: subvenciones, formación, convenios, ¿EREs?. Los sindicatos ‘mayoritarios’ no sobrevivirían sólo con cuotas de afiliados. La socorrida paz social ayuda al empeño: evita conflictos, crea empleo, inversión o riqueza y regala vidorras a sindicalistas liberados o empresarios de vanguardia. Solo se celebró tal paz en la Andalucía imparable de Chaves-Griñán-Díaz.

Despido, filtración y escándalo

Macías el 2012 jamás lo olvidará. Ese año no está cansado de rutinas. Entendemos que, tras sopesar pros y contras, decide denunciar un fraude de la UGT andaluza oficiado desde la contabilidad paralela y con evidente interés público. La corruptela beneficiaba a suministradores que cobran por nada, factureros del aparato y los que ‘trabajaban’ sin tener despacho.

El azteca se baja 22.500 archivos internos, con obvia información sensible. Los compila en varios dispositivos y los filtra, selectivamente, a la prensa. Macías ni pide dinero, ni extorsiona; sólo quiere trasparencia y Justicia.

No se fía, creemos, del sistema legal español creyéndolo como el de su paíso lento. Y porque UGT pesaba en el gobierno español y andaluz, la justicia y la élite policial. Los hechos le dieron la razón, cuánta ironía, a quien fuera empleado de la UGT andaluza. La Justicia patria hizo de las suyas.

El 30 de noviembre de 2012 a Macías lo despiden del sindicato que fundó Pablo Iglesias. Le declaran la guerra. Objetivo: matar al mensajero. Pero el eco mediático que logra su filtración hace que un juzgado instruya causa.

Nos escandalizamos, mientras tanto, hasta los más ingenuos sobre el papel sindical a principios del siglo XXI. El sumario UGT sufre dilaciones, se invocan fueros y blindajes constitucionales, enferman encartados y se calla como sea lo inconveniente.

La batalla legal entre Macías y su antiguo patrón tiene dos velocidades. La cúpula del sindicato hace malabares. Huyen los líderes Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla -dimite en 2013- más sus ejecutivas, designan a Carmen Castilla lideresa en 2014. Muchos meses después refrenda el nombramiento una asamblea. La ex enfermera es reelegida por sucesivas mayorías búlgaras plagadas de votos en blanco. Pregunta: ¿Hubo primarias, o ‘democracia interna’, en la Meca del sindicalismo andaluz?.

También, desaparecen papeles, empresas instrumentales y hasta la formadora Fundación Esculapio. El sumario penal aloja una consigna secreta: salvad al soldado UGT. Para tal empeño valen pasillos parlamentarios, despachos del poder y de bancos o cambian de destino altos funcionarios que olfatean demasiado el patrimonio, documentos y las nóminas de una UGT andaluza con telaraña de empresas instrumentales.

A Macías, sin embargo, le toca banquillo. Hay saña para encarcelarlo años, más el pago indemnizatorio de 60.000 euros ‘por los daños causados’. La Justicia lo condena a dos años de cárcel por ‘revelación de secretos’, aunque la Audiencia rebajó a un año la condena y le eximió de pagar por daños. Juristas consultados consideran incomprensibles unos daños que ni se detallan, peritan o cuantifican.

El ex administrativo, mientras tanto, se queja de la injusticia que sufre con toda la razón. Sin haber conocido banquillo lo más nocivo de la UGT andaluza, a él no le alcanza la directiva europea 2019/1937. Es la que protege a denunciantes de infracciones del derecho de la UE.

Macías sería un caso claro de testigo protegido. Alertó y documentó fraude sobre subvenciones europeas a UGT. El mexicano encajaría como ‘whistleblower’. Pero le reducen la condena por excesiva dilación de la Justicia sevillana.

El apoyo más efectivo del azteca es la Asociación Mediterránea y Contra la Corrupción (AMAYT) y su abogado Francisco José Sánchez del Águila. La última sentencia aleja el riesgo de ingresar en la cárcel mientras los ‘malos’ de la historia caen enfermos, desaparecen, dimiten, nadie los conoce, o se declararían insolventes.

Silencios sindicales

El sindicato español más antiguo calla ante casi todo de sus tejemanejes andaluces. Pero un artículo en esta página con título ‘UGT, paz social y otras corruptelas’ lo consideró su portavoz madrileño un libelo según un comunicado al efecto. La réplica light del sindicato entrañaba autobombo que repetía la colaboración judicial de UGT Andalucía. Añade un sutil cuidadín con lo que se escribe sobre ellos. Esto raya lo intolerable y entrañarían tácticas soviéticas que deberían reemplazarse con pedir perdón a la militancia, a la ciudadanía y a sindicalistas honestos (que son mayoría).

La contra réplica de servidor encontró más silencio en la ejecutiva que preside Pepe Álvarez, y alcanzó a su portavoz-Jefe de Gabinete, Rafael Fernández Servidor es humilde, o se tiene como tal, y seguirá instalado en ese libelo más procaz, por eso se invita a no leer este artículo a liberados sindicales o políticos profesionales especialmente. Surgen algunas preguntas: ¿Sería el firmante facha, machista, homófobo, antisindical?. Todo es más fácil: A Macías lo hicieron un activista anticorrupción. Quien suscribe jamás lo vio, ni le conoce. ¡No hay campaña!

Pero el mundo es al revés en nuestra querida Andalucía. El denunciante de verdades no desmentidas es condenado antes que los ‘malos’ reales. En la piel de toro los delitos que carecen de sangre o violencia carecen de reproche social y, por supuesto, penal.

La Ilustre Fiscalía española tasa la ‘alarma social’ según las intrusiones que reciba de La Moncloa. O sea, las incidencias sobre puntales de la Constitución que permiten la convivencia de la ciudadanía y garantizan la paz social son invisibles, no existen.

¿Justicia lenta?

Señalábamos aquí que hay claves para explicar lo que pasa en la Justicia y fuerzas de seguridad patrias con acento sevillano. Corren malos tiempos.

Conocemos que los principales sumarios de los ERES tendrán vista oral en 2026 tras más de una década instruyéndose y haber fallecido bastantes encartados, otros son ilocalizables y han desaparecido incontables evidencias Para este 2023 se contemplan sesiones judiciales para el ‘caso UGT’. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para los ex responsables del sindicato 26 años de cárcel y 200 millones de multa por desviar 40,7 millones de euros en subvenciones.

Séneca, filósofo y político, en la Grecia clásica se adelantó a la Andalucía imparable que heredamos en el siglo XXI. Acuñó una verdad vigente, que palpita en nuestras saladas de Justicia: Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.

Hay bastantes dudas sobre si al final la UGT saldrá de rositas del cúmulo acusatorio que acumula. Se insinúa que el sumario caerá en nulidad por contaminación originaria, al ser ‘robados’ datos comprometedores. Los juristas más farragosos saben más de estos menesteres que escandalizan a los que estamos en la zona baja social.

Ya le pasó a ‘Tolo’ Cursach mallorquín que reinaba en la noche balear con prácticas más que cuestionables. El Fiscal, lloroso, le pidió hasta perdón. Y a la mafia irlandesa de la costa del Sol, o a los narcos con buenos abogados. O a violadores, pederastas y agresores gracias a carecer de disposición transitoria la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía de la Libertad Sexual que, sí o sí, les plasmó su libertad anticipada o les reducen condenas. ¡País!