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In fraganti

UGT, paz social y otras corruptelas

La corrupción sistémica sería invisible o se dosifica. La Justicia trabaja mientras histórico sindicato UGT en Andalucía se hunde tras permitir evidentes corruptelas

Juan-Carlos Arias jcdetective /
18 jul 2020 / 04:44 h - Actualizado: 18 jul 2020 / 04:44 h.
"In fraganti"
  • Fotos Andalucía Viva
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Permitan una licencia personal sobre el sindicato que fundara Pablo Iglesias Posse en 1888 Una época, finales de los setenta del pasado siglo, entendí heredaba ese coraje sindicalista en la calle, en los tajos, ante quien fuera ‘pro operario’. Vimos después que tal ímpetu aparcó en despachos, subvenciones; es decir, lejanía del pálpito obrero y de los que trabajan para terceros.

Asentada la democracia, la UGT escandalizó estafando a 30.000 cooperativistas que ahorraban para su vivienda soñada. Con el acrónimo PSV, la UGT imitaba a sus homólogos escandinavos, alemanes u holandeses de añadir servicios a la marca sindical de cara a los afiliados. Aquel proyecto arruinó a quienes veían en el logo de su sindicato confianza. A Nicolás Redondo, cabal luchador, lo desaparecieron. Un yerno del honrado sindicalista, despilfarró en delirios. PSV fue una estafa.

Otros servicios de UGT, como la aseguradora UNIAL, también quebró. Sus directivos se dieron a la vidorra. La roncha del PSV y demás la pagaron impuestos de los españoles sin comprar siquiera la maqueta de las viviendas. El felipismo, que rentabilizó el voto y halo ugetista, hizo el favor entonces. Hasta recolocó en ministerios, cajas de ahorros y empresas públicas a ‘golfos’ ineptos que se colocaban pagando la tarjeta corporativa, o rapiñando dietas. Los despachos de los que cobraban les venían anchos

Se aburrían de éxito.

El curso de los líos

A pesar de lo explicado, cualquiera atesoraría mínima misericordia con UGT. Hace más de diez años, y con exclusivo ánimo de ampliar horizontes formativos, logró –este modesto servidor- inscribirse en un curso gratuito que impulsaba la Fundación Esculapio. Tras su emblema estaba el logo de UGT-Andalucía como aval. El curso maridaba lo presencial y lo virtual. Un programa de muchas horas tentaba sobre ‘pericias medioambientales’. Además, ofertaban material y sólo exigían para ser alumno enviar datos personales (copia del NIF), alta fiscal y último recibo de autónomos. Dicho y hecho. Pagaban las subvenciones europeas el tentador curso.

Semanas después, quien suscribe recibe llamada de una persona en nombre de dicha Fundación. La cita sería en unos días en una nave del Aljarafe. La frialdad del primer intercambió saludos entre 8 alumnos. Predominaban ingenieros noveles en paro. La profesora, también ingeniero en paro según confesó, estrenaba empleo docente con apuntes ajenos. Excusaba su carencia pedagógica, pues fue avisada el día antes para ser la coordinadora del curso. La cosa pintaba regular. Empezaba con improvisación patria.

Las primeras clases, 3 sesiones semanales sobre 30, fueron las últimas. La profesora llegó a llorar, superada, ante sus pupilos tras comprobar que sus alumnos sabían más que ella. Impotente, dijo que renunciaba y repartió los apuntes que eran un ‘copia y pega’ infantil sobre temas medioambientales. Las caras del alumnado al ver que su curso hacía aguas eran imaginables.

Llamadas de distintos alumnos a la Fundación Esculapio y UGT después preguntando por más clases, nuevos profesores, etc.... etc... nadie las respondía con la debida diligencia. Ello causó el hartazgo del alumnado, que dejó de ir. Hablamos del tercer día de clases sin profesor y soportando temperaturas gélidas en una nave-aula que parecía fue arrasada por Atila.

Un bar cercano a la nave alivió en parte el último adiós de un curso huérfano de todo, virtualísimo. Ni siquiera se forjaron empleos, pues los parados seguían de desempleados; el único autónomo, el firmante, perdió varias tardes por confiar en lo que no se debe. Los ‘peritos medioambientales’ de Fundación Esculapio-UGT tuvieron una formación virtual que rozaba lo peor de la nada.

Meses después de las ‘clases’ del curso una persona distinta a la que comunicó la admisión al ciclo formativo, indicaba que tenía en la sede UGT listo el diploma de ‘Perito Medioambiental’. Pedía, inclusive, excusas por no ser entregado en un acto con la solemnidad exigible para tan gran honor académico. En la avenida de Blas Infante, quizás removiéndose en la tumba como Iglesias con su UGT, había casi doscientos de títulos de alumnos del mismo curso, tan virtuales como inexistentes pues jamás aparecieron por aquella nave desangelada del aljarafe sevillano.

Esta historia real enlaza con noticias y decisiones judiciales acerca de dónde fueron millones de euros por cursos que no se dieron, profesores que no enseñaron, aulas ‘realquiladas’ que jamás se ocuparon y proveedores que jamás sirvieron. La UGT se creyó intocable, inmune e impune como en los mejores tiempos del felipismo. Y esto no lo escribe alguien movido por el rencor o irrespeto al sindicalismo. Lo escribe un ex alumno de una Fundación quebrada y con sus responsables imputados por la Justicia.

La ‘paz social’

Hay conceptos y palabros (sostenibilidad, progresismo, trifachito, optimización, derechona, conjunto, fascista, recursos, emblemático, propuesta...) que son eufemismos instrumentales para engañar al más confiado en sus interlocutores. ‘Paz social’ entraña que antes hubo guerra en un colectivo humano.

UGT [Entre 2009 y 2013 se calcula ingresaron 105 millones de euros], junto a CCOO y la patronal CEA lograron durante gobiernos socialistas en Andalucía (Chaves, Griñán y Díaz, entre 1990 y 2018) aproximadamente 2.800.000.000€ en subvenciones de Consejerías de la Junta de Andalucía y fondos europeos en pro del desarrollo y la formación.

El pretexto de tan insólito dispendio fue remediar la ‘concertación -y paz- social’. Gran parte de esa millonada se dilapidó en tramas clientelares corruptas y redes societarias de financiación ilegal. Pero hay datos llamativos: CEA no representa ni el 30% de empresarios; CCOO-UGT no afilian ni al 18% de los trabajadores andaluces. Entre servidores públicos de la autonomía más extensa y poblada de las españolas, por ejemplo, ni el 5% milita en CCOO-UGT. Lo que sucedió en Andalucía no registra precedentes en ninguna autonomía española, ni país europeo.

Los procedimientos judiciales que generaron tan evidentes prevaricaciones, malversaciones, desvío del poder y cohechos se han fundamentado en testaferros, empresas instrumentales, falsas facturas, documentos artificiados, proyectos cargados de gráficos y textos copiados para justificar lo injustificable. Llamativamente, UGT ha centrado más actividad judicial adversa porque lo de la Fundación Esculapio era ‘más de los mismo’ sobre cursos virtuales que inspectores europeos, ¡ojo! no andaluces, detectaron hace años. CCOO y la CEA, que cobraron más fondos que UGT hicieron parte de la tarea o no les han pillado, pues la cúpula del sindicato y patronal sólo aparece encartada en varios sumarios judiciales ‘menores’.

Las tácticas de UGT

Desde que los ex directivos de UGT andaluces Manuel Pastrana (1998-2013) y Francisco Fernández Sevilla (2013-2016) aparecían en diligencias judiciales, lejos de colaborar con la ley excusaron ausencias sobre obligaciones. El aparato se movilizó para defender lo indefendible con escasa humildad. Desde Madrid en la época del Presidente Rodríguez Zapatero (2004-11) se ayudó a dilatar la campaña y conspiración de la que siempre se acusa cuando se excusa admitir la verdad.

El avance de las diligencias judiciales y revelaciones policiales encartan a más directivos de UGT Andalucía. Hay toque de corneta para salvar al soldado UGT en todas las instancias. Expertos policiales, fiscales y judiciales con éxito contra UGT empezaron a recibir tentadoras ofertas para dirigir su ímpetu profesional hacia empleos y nóminas mejores. A un ex empleado de UGT, Roberto Macías, filtrar lo corrupto en facturas y pagos le ha costado banquillo por revelación de secretos. Los ‘UGT papers’ desataron caza de brujas que insulta e intimidad a periodistas, caso de Pepe Fernández, o los que publican verdades sobre un sindicato a la deriva.

Para la última secretaria andaluza de UGT desde 2014, Carmen Castilla, no existe en su vocabulario la palabra ‘perdón’ por defraudar a sus afiliados o a los andaluces, ni pedir que la Justicia haga su trabajo. Esta ex enfermera no cuida en UVI judicial al paciente UGT. Además, y esto es más grave, fue designada inicialmente por ‘liberados’ con el agua al cuello. La asamblea democrática no le votó hasta 2016

La fianza del embargo

Hace pocos días, el Juzgado de Instrucción nº 9 impuso una fianza record de 40,7 millones de euros y abre juicio a 13 acusados, todos ex directivos y proveedores de UGT. Los cargos son por falsear facturas y fingir alquileres. En el sumario hay manuales elaborados por UGT para evitar el control auditor, administrativo y esquivar el olfato investigador policial-judicial. Es decir, el sindicalismo de Iglesias y Redondo acaba abrazando el Código Penal.

La Fiscalía Anticorrupción pide para los encartados 7 años de cárcel y 50 millones de multa. Además, pide declarar al sindicato como responsable civil subsidiario de las culpas penales, si éstas finalmente se sentencian. El patrimonio de la UGT andaluza corre serio peligro de embargo habida cuenta del ‘yo-no-fui’ y ‘pasaba por allí’ que centra la estrategia de los penalistas al servicio del sindicato. EREs previos esquilmaron sus cuentas.

Los activos personales de los acusados y empresas cómplices pueden arruinar también la credibilidad de un sindicato que debería tener un final andaluz mejor. Es cierto que la presunción de inocencia es sagrada en un estado de Derecho, pero la UGT se retrata por su operativa desde que abandonó la calle, las magistraturas y los tajos para apoltronarse entre ‘liberados’ y cargos que hasta hace poco pagaban los impuestos populares. La política de un PSOE con vaivenes, ni la subvención en aras de la ‘paz social’, no debió integrar la identidad, ni arcas de un sindicato que es historia viva, nunca mejor dicho.


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