Un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía pretende incluir el apoyo a la caza en los colegios. Tras conocerse esas intenciones, más de 260 organizaciones se han unido ya para exigir que se retire esa iniciativa por entender que “pretende adoctrinar a los niños en el maltrato y la violencia”. La Asociación Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) está dispuesta, además, a llevar el caso a los tribunales si la Junta de Andalucía no da marcha atrás porque incumple varias leyes de obligado cumplimiento también para la Administración andaluza.
Lograr el apoyo a los presupuestos del bipartito PP-Ciudadanos en Andalucía ha tenido que pasar por un sinfín de acuerdos que VOX ha hecho firmar demostrando que aunque no tiene sillones en el Consejo de Gobierno andaluz, si dispone de voz y voto en las políticas andaluzas. Uno de ellos ha sido un abrazo a uno de los colectivos donde el partido de ultraderecha tiene puesta su caña electoral: los cazadores.
El pasado 13 de junio se suscribió el acuerdo entre PP, Ciudadanos y VOX para “la promoción y conocimiento de la actividad cinegética en los colegios”, mediante lo que los firmantes denominaban "actividades complementarias sobre actividad cinegética". Estas actividades, según se lee en el documento suscrito por esas fuerzas políticas, se realizarán en colaboración con la Federación Andaluza de Caza (FAC) y tendrán como objetivo exponer a los escolares "la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural, la conservación de la fauna y los espacios naturales". Todo un eufemismo que se resume en que la caza va a formar parte de la formación del alumnado andaluz.
Tras conocer el contenido de este acuerdo, la Asociación Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) lanzó un manifiesto solicitando la retirada inmediata de esa iniciativa, “pagada con dinero público para el beneplácito de un reducido sector de la población, que para nada representa el sentir mayoritario de la ciudadanía andaluza”, indican en el citado manifiesto. “Lo único que se pretende es adoctrinar a unos niños en el maltrato y la violencia, muy lejos de los principios que deben fundamentar el sistema educativo andaluz y haciendo caso omiso a los propios planes educativos vigentes a día de hoy”, ha añadido la presidenta de AADA, la abogada Lola García.
En apenas 24 horas, el manifiesto recibió más de un centenar de adhesiones de asociaciones, sindicatos y otras organizaciones. A día de hoy la cifra va por 260 entidades sociales y ciudadanas que se han sumado al clamor en contra de que la caza entre en los colegios andaluces.
“Cada vez son más las voces autorizadas que, desde el sector de la protección de los menores, rechazan la exposición de los niños a la violencia”, resalta AADA en una carta que acaba de remitir al consejero andaluz de Educación y Deporte, a la que ha tenido acceso en exclusiva Ecoperiodismo en la que alertan a Javier Imbroda “del impacto dañino de ser testigo de actos crueles por menores de edad”. En esta línea, le recuerdan al titular andaluz de Educación que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha expresado su preocupación por el uso de armas de fuego por menores de 18 años, lo que tiene implicaciones para la participación de los menores en actividades de caza.
“La infancia es el tiempo del aprendizaje del sentido moral”, asegura Lola García. La presidenta de AADA resalta que “los niños no tienen la misma capacidad de autoprotección que los adultos: son vulnerables; y en la caza, los niños no desarrollan valores como la empatía, sino todo lo contrario: es una actividad que se alimenta de conceptos como la dominación y la subyugación del otro”.
No es casual que el manifiesto que se ha convertido en un clamor ciudadano contra la caza en las escuelas andaluzas haya partido de la asociación de abogados para la defensa de los animales. Es un acuerdo que incumple leyes y normativas de rango superior. Y así se lo han recordado a Imbroda en la carta en la que le piden una reunión urgente. De hecho, según AADA, el Código Penal español incorporó en el art. 337.2 d) sobre delito de maltrato de animales la agravación de la pena “si los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad”, constatando así el impacto negativo que produce sobre niños, niñas y adolescentes ser expuestos a cualquier forma de maltrato animal. “Entendemos, al igual que la mayoría de la sociedad a la que representan los partidos firmantes, que una de las principales funciones de la Administración es velar por la integridad, a todos los niveles, de las personas a las que van dirigidas sus políticas, recordemos siempre financiadas éstas con dinero público, máxime si se tratan de menores de edad”, le dicen al consejero y le reafirman que “no podemos aceptar que iniciativas basadas en la violencia, supremacía y desprecio de seres sintientes primen sobre valores tales como la justicia, la empatía o el respeto por la vida”.
La intención de incluir la caza en la educación pública de los niños y niñas andaluces entra también en conflicto con leyes de obligado cumplimiento, que, le recuerdan los abogados animalistas, “son también vinculantes para la Administración andaluza”. AADA cita en su carta al consejero andaluz la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, la cual establece en su artículo 17.L “como capacitación que los niños y niñas deberían adquirir durante la educación primaria la de conocer y valor los animales más próximos al ser humano y adoptar modo de comportamiento que favorezcan su cuidado”.
También la Ley 26/2015, de 28 de Julio, de Modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que incluye expresamente entre los deberes del menor relativos al ámbito social el de “respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservación dentro de un desarrollo sostenible” en su artículo 9 de la modificada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Asimismo, “fomentar el cumplimiento de los deberes de los menores corresponde a los poderes públicos, que promoverán la realización de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal”, es otro de los artículos que se incumple con este acuerdo, aseguran.
Finalmente, la intención de convertir la caza en actividad escolar transgrede -aseguran desde AADA- las observaciones formuladas estos años atrás por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, singularmente, la Observación general n.º 13 de 2011 sobre “el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”.
AADA termina su carta al consejero andaluz de Educación alertándole de que ya están elaborando un escrito impugnatorio de la partida presupuestaria que contenga dotación económica “para financiar esta barbarie la cual la haremos valer ante los Tribunales y Organismos competentes”.