Las asociaciones de la sanidad pública cargan contra MUFACE: "Es un elemento distorsionador"

En un momento en el que el futuro del modelo de las mutualidades (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) se enfrenta a una enorme incertidumbre por la falta de financiación, entidades como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) consideran que lo que se debe hacer es "avanzar seriamente" hacia su integración en la sanidad pública. Así lo indica la Federación para la que "las mutualidades de funcionarios son un elemento distorsionador".

En un comunicado, la FADSP recuerda que, en la actualidad, se está negociando un nuevo convenio para MUFACE, "convenio que tendría una duración de 4 años, y es, por lo tanto, el momento de plantear la necesidad de cambiar esta situación".

Las mutualidades "suponen un factor muy importante de desigualdad y discriminación en el acceso de la población a la atención sanitaria" dice la FADSP

Repiten, el modelo distorsiona "el sistema sanitario público" y las mutualidades "suponen un factor muy importante de desigualdad y discriminación en el acceso de la población a la atención sanitaria (aspecto este que no parece preocupar a los supuestos defensores de la igualdad entre los españoles), además de una fuente de derivación de fondos públicos hacia el aseguramiento privado".

MUFACE: el sindicato CSIF denuncia el "deterioro continuo" que vive la asistencia sanitaria de los funcionarios

La negociación

Por eso, añaden, "se ha planteado reiteradamente la necesidad de la integración de estas mutualidades en el Sistema Nacional de Salud, planteamiento que ha sido realizado también por los actuales responsables del Ministerio de Sanidad" que, abunda, que se sepa, "no están participando en esta negociación del nuevo convenio".

Esta integración, apunta la Federación, está recogida ya en la Ley General de Sanidad (en 1986) "sin que hasta ahora se hayan producido avances al respecto". Habitualmente, detallan, se han planteado dos problemas: el primero tiene que ver con el posible cambio y/o vulneración de derechos adquiridos de los colectivos incluidos.

"Tiene fácil solución incorporando a la sanidad pública solo a los nuevos funcionarios y a los antiguos que así lo deseen con los que el resto no verían modificadas sus condiciones actuales, a la vez que la situación atípica y excepcional de las mutualidades iría en progresiva disminución".

La segunda objeción, dice la FADSP, tiene que ver "con la presión asistencial que podría suponer para la sanidad pública la atención de un grupo mucho mayor de población". El modelo lento de nuevas incorporaciones "disminuiría este problema, pero a la vez hay que tener en cuenta que estas nuevas incorporaciones llevarían incorporada la correspondiente financiación, lo que permitiría al sistema público mejorar sus servicios".

Falta de fondos

Este mismo lunes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciaba, una vez más, que MUFACE se está viendo abocada a "un deterioro continuo por una inversión deficitaria y no acorde con la situación económica que vive el país". Lo hacía tras reunirse con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para conocer "de primera mano la situación del informe sobre la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria a través del mutualismo administrativo, encargado por el Gobierno.

En la misma línea, un reciente informe, titulado 'El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros', defiende que si MUFACE cae por falta de fondos -el modelo actualmente ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año, aseguran sus autores- el impacto sería enorme en el sector privado: 19 provincias verían "un serio riesgo" de cierre de hospitales, la mayor parte en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. Y desbordaría la sanidad pública: la repercusión sería un aumento del 266% en la lista de espera de consultas externas y del 115%, en la quirúrgica.