La Fiscalía ve "trasversal" el sistema defraudatorio de UGT-A, incluso para sus "fiestas"

La Fiscalía Anticorrupción ha expuesto este miércoles, durante su informe final en el juicio contra la excúpula de UGT Andalucía, que el mecanismo de facturación falsa puesto en marcha por este sindicato fue un "instrumento trasversal" usado en todos sus procesos, incluso para "fiestas" y no solo en cursos de formación.

El Ministerio Público, que ha mantenido en sus conclusiones definitivas sus peticiones de penas de prisión de hasta 7 años y multa de 50 millones de euros para los exmiembros de la cúpula sindical juzgados en la Audiencia de Sevilla, ha centrado buena parte de su informe en la utilización de los instrumentos denominados rápel y bote con los que presuntamente se financiaba la organización.

Este sistema de facturación "falsa" fue utilizado para "defraudar a la administración", ha recalcado el fiscal Fernando Soto, quien cree que "de manera genérica y masiva" esos mecanismos 'rápel' y 'bote' representaron un "instrumento trasversal" usado por UGT-A para todos sus procesos, incluso en "fiestas o actos similares".

"El sindicato que tanto defiende a los trabajadores o que lucha contra la discriminación de la mujer, usó los fondos recibidos por la administración para fiestas o actos similares", ha censurado Soto, quien ha aclarado que tales actividades no podían formar parte de los fondos destinados a formación.

"El instrumento se utilizó para todos los fondos, era de naturaleza transversal y se introdujo de tal manera en las relaciones del sindicato con terceros que llegó a formar parte de su forma de ser", ha continuado el fiscal.

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El representante de la acusación pública ha recalcado que dicho instrumento "se fabricó en orden a la defraudación" y fue utilizado "de manera expansiva", de forma que el resultado de todas las relaciones jurídicas falsarias se tradujo en facturas falsas con "conceptos genéricos".

Retenciones 'irregulares'

El fiscal ha aclarado que la UGT-A no dio ningún curso de formación, pero sí "retenía irregularmente" en torno a un 12,5 % de las subvenciones que "puntualmente" le pagaba la Junta de Andalucía.

"Allí donde podían sacaban dinero o intentaban defraudar", ha recalcado el fiscal durante su contundente y extenso informe final, en el que ha recordado que la UGT recibió subvenciones como sindicato de relevancia constitucional, por lo que debió hacer un "uso fiel" en la administración de los recursos públicos y no lucrarse con las diferencias en el precio que "podían sacarle" a sus proveedores por bienes y servicios.

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"Fuere donde fuera, la UGT tenia que declarar ante la administración el precio real, pero lo destinaron a recursos propios", ha insistido el fiscal Anticorrupción, quien cree que los propios proveedores llegaron a situarse en una "posición de ignorancia deliberada", conscientes de que las facturas emitidas se referían a expedientes de subvenciones públicas.

También ha criticado que, durante la instrucción de la causa, la Junta de Andalucía llegara a "desentenderse totalmente" a la hora de colaborar en cuanto a las periciales, e hiciera además un "mínimo control".

Fraude de subvenciones

La Sección Tercera enjuicia al exsecretario regional del sindicato Francisco Fernández Sevilla y a otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, acusados de un delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con otro continuado de falsedad en documento mercantil.

Estos posibles delitos están relacionados con la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados más de 40 millones de euros de subvenciones públicas de la Junta de Andalucía para cursos de formación.

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Además de a Fernández Sevilla, el tribunal juzga al que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica María Chapín y la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, así como el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados SL, y otras personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de empresas.

En sus conclusiones definitivas el Ministerio Público reclama siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para Fernández Sevilla, al igual que para Fresneda, Charpín y el principal empresario, mientras que para Dolores Sánchez reclama cinco años y 50 millones.

Para los otros acusados, que eran los proveedores de UGT Andalucía, el Ministerio Público pide tres años de prisión y multas.