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El ex consejero de Trabajo José Antonio Viera. EFE/Raúl Caro.
El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha centrado su declaración en defender que siempre actuó “convencido de que lo hacía desde la más absoluta legalidad”. Ha negado dar instrucciones para favorecer a la Sierra Norte con ayudas
El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha sido el segundo de los 22 acusados en prestar declaración tras el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. En el transcurso de la misma Viera ha repetido incesantemente la palabra “legalidad”. “La Intervención en el tiempo que yo soy consejero jamás se dirigió a mi diciéndome que había una situación de ilegalidad”, ha dicho el exconsejero, que ha defendido que siempre actuó “convencido de cumplir la más absoluta legalidad”. De hecho, ha llegado a decir que “no puede aceptar” que se parta de la base de que en una consejería intentaba “eludir el control de la Intervención” para “establecer algún tipo de fraude”.
Viera –que comenzó anunciando que solo contestaría a las preguntas de la Fiscalía, del tribunal y de su defensa- ha insistido en defender la “legalidad” del sistema, repitiendo en varias ocasiones que no concibe que “un dirigente” no se guíe por la legalidad, o que “un consejero intente eludir el control de la Intervención General”.
Su llegada a la Consejería de Empleo se produjo en el año 2000 y al año siguiente es cuando se firma el convenio marco entre Empleo y el IFA, siendo Antonio Fernández presidente del mismo y viceconsejero de Empleo. Según ha reconocido, fue el mismo el que le pidió a Fernández que buscara una “fórmula legal y ágil” para poder una solución a la gestión de ayudas sociolaborales. En concreto, fue a raíz de un informe de la Intervención Delegada de Empleo con una serie de reparos sobre una ayuda concedida a la empresa Hijos de Andrés Molina. A preguntas de la Anticorrupción Viera dijo desconocer que existieron varios informes alertando de que los reparos no se habían solucionado.
Fue entonces cuando se opta por firmar el convenio marco que, según ha relatado, lo hace “creyendo que cumplía con la absoluta legalidad”. “Cuando llega al portafirma del consejero es porque ya ha pasado todos los trámites”, a lo que ha añadido que “estaba completamente convencido que era legal”. A lo que añadió que este convenio “es un instrumento complementario que nos permitió agilizar” el procedimiento. “Deducía y deduzco que si seguimos pagando ayudas sociolaborales es que estaban fiscalizadas, porque de la Junta de Andalucía no sale ni un euro sin fiscalizar”, ha contestado cuando el fiscal le ha planteado que a raíz de este convenio las ayudas eludieron la fiscalización previa.
También ha dicho desconocer que el convenio supuso que el convenio implicaba que dejaba de pagar la Consejería de Economía y que a partir de entonces era el IFA, ni que esto fuera evitar la fiscalización porque “tenía entendido que el IFA tenía una fiscalización constante”. En este sentido, ha añadido que no conocía la denominación de la partida de la que se nutrían los ERE y ha recordado que en la etapa anterior a él, entre 1996 y 2000, “ya había ayudas sociolaborales y había transferencias de financiación y cuando tomo el mando pensaba que era algo normal, no tenía motivos para sospechar”. “Estaba completamente convencido que era lega. No me entra en la cabeza que un dirigente no cumpla la legalidad y no actúe conforme a lo que le indique la Intervención”, ha añadido.
“EL PRESIDENTE NO CONOCÍA LOS INSTRUMENTOS”
En cuanto a la ayudas, ha señalado que no despachó “con Guerrero sobre convenios concretos”. Él como consejero “intervenía en asuntos de relevancia. Tomo la decisión política y a partir de ahí pasa a ser una decisión administrativa” y pasaba a la Dirección General de Trabajo, precisando que tampoco el director general maneja los detalles “porque tiene su equipo técnico”. De hecho, ha destacado que tampoco se llevaban las cuestiones detalladas al Consejo de Gobierno, donde solo intervino para trasladar la situación de conflictos importantes como Santana “de forma genérica”. “El presidente del Gobierno no tenía un conocimiento de los instrumentos que se estaban llevando a cabo” para solucionar un determinado conflicto, a lo que añadió “conocía la situación pero no conocía los instrumentos”.
En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Santana Motor, donde le fue trasladado por parte de la Consejería de Hacienda, con entonces Magdalena Álvarez al frente, le comunicó que “no había presupuesto” y que el conflicto debía ser solucionado con “fondos propios de la consejería, por lo que comenzamos con las modificaciones presupuestarias”. Un mecanismo que ha dicho era “algo habitual en todas las consejerías”.
SIERRA NORTE
En cuanto a las ayudas otorgadas a la Sierra Norte de Sevilla y en concreto, al entramado empresarial de José María Sayago y Enrique Rosendo, ha señalado que “jamás me he reunido ni con el señor Rosendo ni con Sayago para discutir algo que tenga que ver con su holding empresarial”. En este sentido ha explicado que mantuvo un encuentro con varios representantes para poner en marcha el proyecto de Matadero Sierra Morena, entre los que estaban estos dos empresarios, pero que solo dio traslado a la Dirección General de Trabajo para que “viera que es lo que podíamos ayudar dentro de nuestras posibilidades”.