Andalucía es la comunidad donde más funcionarios se verían perjudicados por el fin de Muface
Los sindicatos que representan a los trabajadores públicos anuncian manifestaciones si hay "nuevos recortes asistenciales"
Funcionarios de la Agencia Tributaria en su puesto de trabajo / El Correo
Trabajadores de la Seguridad Social, profesores o empleados de la Agencia Tributaria, hasta 320.000 andaluces podrían perder el acceso a la sanidad privada de aquí a final de año si el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública no alcanza un acuerdo con las aseguradoras sobre el concierto de la sanidad de los funcionarios.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es un organismo público que ofrece sanidad privada a los funcionarios del Estado y sus familiares. El 65% de los beneficiarios son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado. Ahora, esta prestación puede verse abocada a su fin.
En una revisión del contrato las aseguradoras reclaman mejoras económicas para hacer frente a los servicios que prestan. Así, las empresas sanitarias propusieron un incremento del 40%, mientras que el Ejecutivo plantea una subida de la prima del 17% para los próximos dos años. Muface, por su parte, deslizó una propuesta del 24% en los últimos días. En las condiciones actuales las aseguradoras tienen unas pérdidas anuales de 200 millones de euros. Frente a esto, el Gobierno central tiene tres meses para negociar un acuerdo antes de que venza el servicio a finales de año.
Las listas de espera de la sanidad andaluza
Las listas de espera son uno de los principales problemas que enfrenta el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Consumo en el mes de julio había 41.920 pacientes que espera fuera de plazo para poder ser operado y el tiempo de espera se situaba en los 139 días. Asimismo, a fecha de 28 de junio 438.589 personas estaban pendientes de consulta y la espera estaba en 135 días.
Con esta situación en el Servicio Andaluz de Salud, que se viene acumulando desde hace años, son muchos los empleados públicos del Estado que residen en la comunidad autónoma que deciden adherirse a Muface para poder tener acceso a las aseguradoras sanitarias privadas de manera gratuita.
En todo el país hay alrededor de un millón y medio de personas que perderían su mutualidad si el Estado y las aseguradoras no llegan a un acuerdo antes de final de año. Fuentes de CSIF señalan a El Correo de Andalucía que esta cifra supone que uno de cada cinco afectados en toda España (21%) son andaluces, ya sean mutualistas titulares o sus familias. Si bien la mayoría de organismos estatales se encuentran en Madrid, las dimensiones de Andalucía hace que concentre un gran número de empleados públicos que dependen del Estado. De hecho, en territorio andaluz hay casi 100.000 beneficiarios más de la mutualidad que en la comunidad madrileña.
CSIF plantea salir a la calle
En concreto, según el último anuario presentado por la mutualidad de los funcionarios, la provincia con más empleados públicos afectados es Sevilla, donde hay 74.081 personas cuya sanidad depende de la mutualidad. Después de la capital van Málaga (59.233), Granada (44.985), Cádiz (43.131), Córdoba (31.699), Jaén (24.394), Almería (23.166) y Huelva (17.509).
"La calidad de la atención sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno", denuncian este martes desde CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios). El sindicato mayoritario de los empleados públicos demanda que la subida que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sigue sin compensar al modelo por los costes originados para afrontar la subida de covid y la evolución al alza de los precios sanitarios que genera la inflación todos los años". "Nos tememos que va a tener consecuencias en la calidad en la asistencia sanitaria que reciben los mutualistas", han insistido.
Dada la situación, CSIF, plantea ahora la posibilidad de salir a la calle si hay "nuevos recortes asistenciales" para reclamar al Gobierno que haga una propuesta que afronte "los problemas estructurales de infrafinanciación del sistema". "Nuestros funcionarios se merecen la mejor atención en el marco de un modelo asistencial que forma parte de sus condiciones laborales desde el momento en el que ganan la oposición con mucho esfuerzo", defiende.
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