El Gobierno inicia un curso con la incertidumbre por el impacto del acuerdo con ERC

La actividad política comienza a retomar su pulso con una doble sesión este martes, cuando el Congreso celebra una Diputación Permanente mientras se reúne en Moncloa el primer Consejo de Ministros tras el verano. El Gobierno afronta un arranque de curso extremadamente complejo por la fragilidad de sus mayorías parlamentarias, más aún después del acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para investir a Salvador Illa president de Cataluña, que ha obligado al Ejecutivo a un difícil equilibrio entre mantener los apoyos de las fuerzas progresistas -y en sus propias filas- y apaciguar a los partidos independentistas, esenciales para su acción legislativa. Los retos para los próximos no son menores y algunos de ellos marcarán, en un sentido o en otro, un punto de inflexión en la legislatura.

El principal examen de todo Gobierno son los Presupuestos Generales del Estado, el proyecto de gestión más importante que refleja en cifras las prioridades políticas. En este caso cobra más importancia aún, al ser las primeras cuentas que aspira a aprobar esta legislatura el Ejecutivo, que renunció a tramitarlas para el año 2024 por el adelanto electoral en Cataluña y la dificultad para lograr el apoyo de ERC y Junts.

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La primera prueba de fuego será en septiembre, cuando el Ministerio de Hacienda prevé llevar al Congreso el techo de gasto, el primer paso para las cuentas, después de que Junts lo tumbara el pasado julio contra todo pronóstico. Por entonces ERC y PSOE negociaban la investidura de Illa, y el partido de Carles Puigdemont aprovechó para marcar distancias con el Gobierno, al que sin embargo trasladó su disposición a apoyarlo una vez consumada la investidura de Illa, en septiembre, según fuentes conocedoras.

Un presupuesto de legislatura

Pero Junts parece haber elevado sus exigencias a Pedro Sánchez tras el pacto con los republicanos, exigiéndole acciones concretas para aplicar la amnistía a Puigdemont. Una situación que podría complicar la aprobación del techo de gasto, que aunque es relevante no es imprescindible, puesto que puede emplearse el de los presupuestos anteriores. A esto se une la celebración de su congreso a finales de octubre, donde replantearán sus tesis políticas y donde está por ver el papel de Puigdemont al que podrían reacomodar en la dirección de la formación -a día de hoy no tiene cargo orgánico- pese a que anunció su retirada de la política activa en caso de no ser president.

Pero Junts no es el único que celebra su congreso en los próximos meses, donde también tienen prevista una cita ERC, Sumar, Podemos y PNV. Una circunstancia que dificulta extremadamente la consecución de mayorías para Sánchez: estos procesos internos conllevan una reivindicación identitaria que suele llevar a los partidos a radicalizar sus posiciones. La cumbre de los republicanos, claves para la mayoría del Gobierno, también se presenta como una cita clave, con la duda de si Oriol Junqueras revalidará su liderazgo y preservará las dinámicas de entendimiento que se han dado los últimos años con el Ejecutivo central.

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En Moncloa tratan en las últimas semanas de rebajar expectativas en torno a los presupuestos, restando dramatismo al hecho de tener que prorrogarlos por segunda vez, aunque son conscientes de la relevancia que tienen las cuentas para que aguante la legislatura y evitar una nueva escenificación de la extrema debilidad parlamentaria que sufren.

Los plazos legales llevarían a aprobar las cuentas en octubre, aunque el difícil calendario de congresos podría llevar a intentar sacarlo ya entrado el año 2025, una vez superado el otoño caliente de los partidos, y prorrogando hasta entonces los PGE vigentes. Pero la segunda prórroga presupuestaria supondría a todas luces un punto de inflexión para el Gobierno, y hay sectores del ala minoritaria del Gobierno que dudan de que Sánchez pueda aguantar la legislatura sin unas cuentas aprobadas.

"Financiación singular"

Si el escenario catalán puede bloquear la legislatura, también pueden hacerlo los compromisos alcanzados para lograr un Govern socialista. El acuerdo firmado entre PSOE y ERC para dotar de una "financiación singular" a Cataluña, por la que se saldría del régimen general y pasaría a recaudar el 100% de los impuestos. Un compromiso que ha rebelado a amplios sectores de PSOE y Sumar y que ha llevado al Gobierno a tener que desdoblar su discurso, entre trasladar la tranquilidad a los suyos y reiterar también el compromiso a los republicanos, que amenazaron con dejar caer a Sánchez en caso de no cumplirse el acuerdo.

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La solución de Moncloa pasa por una suerte de 'café para todos', con un llamamiento al resto de comundiades autónomas a unirse al sistema pactado para Cataluña como sucedió con la quita de deuda. Este proceso pasa por una negociación de la financiación autonómica encaminada a dar solución a lugares infrafinanciados como Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia, y que adquiere especial complejidad, teniendo en cuenta de que el PP gobierna la mayoría de territorios, y tras la advertencia de algunas fuerzas regionales como Compromís, dentro de Sumar, que han avanzado su rechazo a cumplir el acuerdo a menos que se solucione también su problema de financiación.

Comisión bilateral en 2025

A todo ello hay que añadir una dificultad añadida: la comisión bilateral Estado-Cataluña que el PSOE se comprometió a crear en los seis primeros meses de 2025. Una relación de bilateralidad que podría condicionar el intento de negociación con el resto de autonomías. En el documento firmado por PSOE y ERC se ponía un horizonte temporal: en finales de 2025 debería haberse implementado la nueva fórmula de financiación singular. Siguiendo estos plazos, a finales de este curso el sistema debería estar lista, al menos a grandes rasgos.

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Mientras se implemente o no, según consta en el acuerdo, Cataluña deberá producirse un "incremento sustancial de recursos", según consta en el texto acordado. Un incremento que, en caso de necesitar de una mayoría parlamentaria en el Congreso, tampoco está garantizado, por no contar con el visto bueno de algunas fuerzas de Sumar como IU o Compromís, que priorizan la mejora de financiación en Andalucía y Comunidad Valenciana, respectivamente.

El reto migratorio

Más allá de las dificultades que añade el escenario catalán, está la búsqueda de soluciones ante la crisis migratoria que ha azotado Canarias y Ceuta este verano. El pasado julio Junts, Vox y PP hicieron descarrilar una reforma de la Ley de Extranjería para hacer automático y obligatorio el reparto de migrantes irregulares cuando los lugares de llegada se vieran desbordados, con un 150% de sus plazas cubiertas.

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Después de que decayera esta vía, la fórmula para permitir una solución ágil sería aprobar un decreto en el Consejo de Ministros, que en todo caso tendría que ser convalidado por una mayoría en el Congreso los 30 días siguientes, algo que no está asegurado si no es con el PP. En Moncloa descartan aprobar un decreto sin tener asegurada la mayoría, algo que abocará a una difícil negociación con el principal partido de la oposición.

De momento, el Gobierno ya ha descartado que este cambio pueda introducirse en el Consejo de Ministros de este martes, tal como reclamaba el presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), después de que los populares hayan subido el precio de su apoyo y lo hayan condicionado a una medida a un mayor apoyo a las comunidades por parte del Estado, tanto a nivel de recursos económicos como humanos.

Leyes pendientes

A todos los deberes sobrevenidos del Gobierno se le suman los compromisos autoimpuestos, con leyes que se ha propuesto sacar adelante, como es el paquete de medidas del llamado plan de regeneración que Sánchez anunció y que aspira a aprobar para otoño. Un paquete que va desde una reforma de la financiación institucional de los medios de comunicación hasta el refuerzo del derecho al honor o una eventual reforma de la ley mordaza.

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Sin embargo, en algunos casos estos compromisos se han atascado, de alguna u otra forma, durante el proceso. Es el caso de la ley del suelo, que el Ministerio de Vivienda retiró in extremis del trámite parlamentario para evitar que decayera en el Congreso, ante la negativa a apoyarla tanto del PP como del ala minoritaria de la coalición, Sumar.

En esa norma se iba a incluir el compromiso que adquirió el propio Pedro Sánchez de prohibir las golden visa, el visado de nacionalidad que se otorgaba con la compra de una vivienda de a partir de medio millón de euros. Al decaer la ley del suelo, el Gobierno prevé ahora incluir esta prohibición en una enmienda de alguna de las leyes que se aprueben en el Congreso. Algo que dificulta poner plazos al compromiso, ante la sequía legislativa que afronta el Gobierno desde las elecciones generales de hace un año.

En la misma situación se encuentra el Ministerio de Igualdad, que en la ley de paridad incluyó un error por el que eliminaba la protección de los trabajadores que se hubieran acogido a la reducción de jornada o los permisos para cuidado de familiares. Un "error técnico" que el Gobierno se ha propuesto enmendar, no por la vía del real decreto, sino también mediante una enmienda en alguna norma que se encuentre ya en tramitación.

Reducción de jornada

Entre las leyes pendientes del Gobierno también está la norma para reducir la jornada laboral, un compromiso que pactaron PSOE y Sumar, que fijaron reducir la jornada hasta 37,5 horas semanales en 2025 frente a las 40 horas actuales. Una medida que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz lleva meses negociando pero que se está encontrando con importantes dificultades.

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Después del órdago de Díaz, que amenazó con aprobarla con o sin el apoyo de los empresarios, los socialistas le reconvinieron y ahora se busca tener el favor de la patronal para lograr un acuerdo amplio con todos los sectores sociales, como el que fraguó la reforma laboral de 2021. Más allá de la negociación previa para llevarlo al Consejo de Ministros, está por ver si la medida, llegado el caso, cuenta con los respaldos suficientes en el Congreso para hacerse efectiva. Esta propuesta es uno de los principales incentivos de Sumar para estar en el Gobierno, y en el caso de no salir adelante podría añadir dificultades a la relación de los socios de coalición, dificultando aún más el ya difícil escenario del Gobierno.