Pocas veces en Sevilla se aliaron la mafia farmacéutica, una poderosa constructora, una comunidad vecinal, el peor urbanismo municipal y espontáneos que dijeron ‘pasar por allí’. El caso -que generó expedientes en muchos órganos- se zanjó a favor de las víctimas, calladas hasta hoy. Sufrieron -en silencio- una soledad que sólo amparó su verdad y la Justicia.

Tan triste historia añade egos de diván y soberbias de paroxismo. El ‘caso Farmamir’, así se conoció durante el último lustro del siglo XX, se ubicó en una vivienda cercana al estadio del Real Betis ‘Benito Villamarín’. Allí se obran, con todas las licencias, reformas para instalar la ‘tienda master’ de una franquicia de parafarmacia a finales de 1994. ‘Farmamir’ abrió -contra viento y mareas de boticarios monopolistas- 19 sucursales en 4 autonomías españolas (Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla León y Comunidad de Murcia) entre 1995 y el 2000, cuando cesó la cadena tras agotarse su modelo de negocio.

La iniciativa de crear una franquicia de parafarmacia lo fue sobre petición de Oficina de Farmacia (ODF) situada en el mismo local del ‘master’, incardinado en un núcleo aislado de población acorde a la entonces normativa vigente. El expediente registraba retraso de años. El local recibió muy extrañas visitas, cartas y llamadas instigadas por una mafia silente.

Casualmente, se descubrió que una petición previa de ODF ‘coló’ en el Registro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla (COFS) al no avalarla un acta notarial. Entonces, el COFS tenía competencias para aperturas de ODF. Debe decirse que el COFS lo domina el lobby ‘empresarial’ sobre ‘compañeros/as’ empleados, docentes, investigadores, comerciales, de la sanidad pública....

Una farmacéutica sin padrino había pedido –inocentemente- una ODF en ‘zona’ ya oteada por especuladores de boticas. Las manipulaciones sobre tal expediente activaron otro en Juzgado de Instrucción nº 2 (Autos 1284/95) contra el secretario del COFS y dos colegiadas ‘pedidoras’ de ubicuas farmacias. ¡Qué casualidad! La denuncia fue por presunta prevaricación, cohecho y tráfico de influencias; finalmente, fue archivada. La Policía Judicial llegó tarde. Se dilató entrega de datos del COFS al juzgado. ¡Otra casualidad!

Para entender estas cosas, se añade que en COFS hay opacidad sobre negocios que cuece su directiva y las luchas intestinas por integrarla. Los millones de euros que mueven compra-ventas, traspasos y herencias de ODF lo explican todo. Es [ODF] la única licencia oficial que admite mercadeo privado donde el regulador -Junta de Andalucía- se limita a avalar las operaciones.

Además, las millonarias transacciones se liquidan -en parte- al margen de la legalidad fiscal. El negocio de las farmacias explota una licencia pública como empresa privada. Esto está vetado -por ejemplo- a Registradores de la Propiedad y Mercantiles o Notarios. A la jubilación o fallecimiento cesa su negocio; la vacante se somete a concurso. Antaño, esos monopolios medievales se heredaban entre estibadores portuarios, agentes de cambio y bolsa, corredores de comercio tras exámenes donde la famiglia pesaba

Otro escenario concurrente es la depresión post Expo Universal de 1992. Entre otros, el Hotel Al Ándalus –de 625 habitaciones- cerró. Las deudas señalaron a su dueño, Antonio Coll, un buen postor. Un proyecto fue reutilizarlo como hospital privado con residencia VIP de mayores asistidos.

Entonces, ante tan afrentosa iniciativa de emprendedores ‘no sevillanos’, apoyados por un reputado neurólogo local, levantó la mano una especie de mafia: la de clínicas privadas. Mejor llamar a las cosas por su nombre.

Esa otra ‘famiglia’ efectiva influye sobre quién abre o no más clínicas u hospitales en la Sevilla eterna, la de la lunita plateada. Se instigó, de inmediato, declaración municipal de zona aledaña al estadio heliopolitano como ‘saturada de centros’. Se calentó al vecindario -vía comunidades- rechazar a priori el trasiego de ambulancias. También, funcionó la ‘omertá’. Calló ante una ODF ‘dada’ por COFS frente a la esquina del Hotel Al Ándalus con Avenida de Jerez.

La nonata farmacia del ‘pase’ se ubicó en vestuarios abandonados en terrenos béticos para despistar. Dos boticarias, dedicadas entonces al ‘traspaso’ de licencias de farmacia, estaban a punto de cobrar el botín. Pero las obras de ‘Farmamir’ concluyen y se indignan. Mandan ‘avisos’ y recalientan a líderes vecinales, de esos que no mandan ni en su alcoba.

Ocurren más casualidades. BAMI, SA DE CONSTRUCCIONES Y TERRENOS (BAMI) agoniza en carteras bancarias a principios de los noventa por culpa de las deudas. No ‘coloca’, además, en el mercado su última milla de oro española [entre el Estadio Betis y Hotel Al Ándalus]: más del 50% de casas y dúplex. Hablamos de casi cien viviendas https://elpais.com/economia/2013/06/18/vivienda/1371571589_115032.html de la Urbanización ‘Jardín de la Palmera’. Y ocurre que ‘Farmamir’ vulneraba el área VIP soñado por Felipe Castro Llovet, arquitecto de BAMI perseguido por su praxis al dirigir obras donde se reserva ‘tajada’ con la mejor vivienda.

El termómetro sube. BAMI suma aliado con Carlos García Dressel. Hábil artificiando la ira vecinal contra ‘Farmamir’ por abrir y colgar rótulos sin licencia comunitaria, actividades ‘peligrosas’ y, más inri, vender alcohol de 96· a la clientela.

El manijero así esquivaría -a BAMI- demandas por defectos constructivos (muchos afectados desistieron; raro fue el arquitecto-perito que osaba enfrentarse a BAMI en juzgados en aquella Sevilla) y ahorrarle miles de euros en cuotas comunitarias. Hablamos de grandes daños decenales.

A pesar de todo ello a BAMI, junto al BSCH (hoy Banco Santander), le condena el Juzgado de Primera Instancia nº 8 (Autos 861/2003) años después -tras desplegar infinitos trucos procesales- a pagar casi un millón de euros. La razón: deplorable terminación de obra en cuatro bloques de Av. Holanda. La sentencia, además, acumula coraje judicial y vecinal por los obstáculos que debieron superar quienes ganaron el envite judicial.

García Dressel estaba a lo suyo. Convoca reuniones vecinales de los primeros bloques pares de Avenida de Jerez. El monotema fue ‘cerrar’ Farmamir y echar a sus inquilinos. En tan vil batalla valió todo: Ocho asambleas, difundir infamias, imponer un administrador jamás visto, Aurelio Barrau (lo sustituía un tal Alvarez-Dardet, rociero de pro que dio portazo tras dimitir su padrino). La insumisión del contrincante [Farmamir] llevó el tema a juzgados.

‘Farmamir’ seguía impune, al pensar de la prepotencia. García Dressel tiró la toalla. Le sucede en el empeño Francisco Rotllán Vaca, terco nihilista y ‘hermano mayor’ comunitario. Acuerda, junto el manipulado rebaño vecinal, demandar en juzgados a ‘Farmamir’, pues sus representantes se ausentaban de foros comunitarios reiterando así su insumisión.

A priori fracasaron inspecciones policiales (se calumnió anónimamente el stock de la parafarmarcia), laborales, de Sanidad y del Ayuntamiento. Se instó expediente en urbanismo, finalmente archivado. También, un gorrión muerto apareció en el buzón de ‘Farmamir’. Este proceder, de corte mafioso, causó tanta risa como la obsesión por cerrar el negocio legal, destruir empleo y hundir inversiones. Esa lucha tuvo corta talla.

La demanda civil de Rotllán Vaca, por la que cobró su hija procuradora, la firmó un Letrado perdedor, José Luis Sariego Morillo, experto en divorcios y ‘mediaciones’ fue desestimada, íntegramente, por Juzgado 1ª Instancia nº 5 (Autos 393/96).

El magistrado Marco Saavedra metabolizó y captó las perlas del demandante. Se explayó al rechazar la tesis de Rotllán: ‘....no parece que haga falta mucho esfuerzo para comprender la desproporción tan abismal entre la falta [no pedir licencia comunitaria] y la sanción [expulsar a un propietario de su vivienda y negocio]...’. La Justicia diseccionó todo un esperpento infantil, de chiste.

La adversidad invitó, no obstante, a huir hacia arriba. La Sección 2ª de la Audiencia sevillana, en Sentencia 172/97, no sólo confirma el fallo de primera instancia. Condena a costas a la Comunidad. En ese núcleo vecinal ya no viven ni García Dressel, ni Rotllán Vaca. Nadie les cantó la sevillana ‘...no te vayas todavía, no te vayas por favor....’ años después

Paradójicamente, entre otras lindezas, acusaban a ‘Farmamir’ de alterar la convivencia en su demanda. Pero el negocio tenía acceso independiente del comunitario y jamás se registraron quejas. Aquellos apóstoles del ‘bien común’ se fueron desolados, sin advertirse ellos como riesgo convivencial.

De otro lado, no se ventilaron en juzgados tácticas propias de la Camorra para echar a unos propietarios de su casa y cerrar ‘Farmamir’. Sevilla Sur parecía Nápoles. Los años de lenta justicia tramaron un irredento acoso, se intentó -vía inmobiliaria- comprar a vivienda de ‘Farmamir’ con precio a la baja del mercado. No ‘coló’ la oferta.

Un dispensador de preservativos de la parafarmacia fue reventado 9 veces, hasta que su aseguradora dijo basta y la policía no supo quién estaba detrás del delito continuado. Candidatos no faltaban. Otros sabotajes, llamadas coercitivas hasta cambiar de número, infamias, calumnias sobre hábitos o viajes privados de los impulsores de ‘Farmamir’ ultimaron la faena.

La realidad del siglo XXI dejó secuelas en ‘Caso Farmamir’. Las más inquietantes favorecen a BAMI, concursada tras adeudar 620 millones aunque ahorró más de un millón de euros en la Comunidad que fundó García Dressel y heredó Rotllán Vaca inicialmente.

Cabe preguntarse si el millón que pagó BAMI en juzgados por daños decenales en Avenida de Holanda se los ahorró en Avenida de Jerez: ¿’Farmamir’ fue la cortina de humo?

El Hotel Al Andalus -y cadena Silken- también concursó aunque mantiene ocupaciones record, más buenos servicios, excelentes precios y plantilla. Lo adquirió un fondo inversor. La clínica proyectada en su sede pasó de largo. Sólo quedó el entusiasmo.

La farmacia que se iba abrir enfrente del hotel la laminó la Junta de Andalucía, gestora de peticiones de farmacias a posteriori del COFS. La ‘mafia del traspaso’ conoció su funeral. Quien pellizcaría el ‘pase’ cría malvas en el cementerio. DEP.

Además de lo indicado –y es más grave que todo lo anterior- el Ayuntamiento de Sevilla tuvo que pagar en el Boletín Oficial de la provincia (BOP) la publicación del articulado del Plan Especial Bermejales-Guadaira UA-SU-6.

Sus inspectores descubrieron una chapuza. Les privó tramitar infracciones y cobrar centenares de multas de disciplina urbanística por aumento de volumetría y otros desvaríos en el sur sevillano. No podía aplicarse el Plan Especial indicado al publicarse en Boletín Oficial de la Provincia sólo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla.

Se calcula que las arcas municipales dejaron de cobrar bastantes millones de euros por fechorías urbanísticas ya consumadas e impunes. Las obras legalizadas de ’Farmamir’ y su almacén desvelaron dicha chapuza. Vindicó el dogma constitucional del principio de publicidad de las normas (Art. 9.3 CE). Es decir, la norma municipal que no se difunde [con el vecindario en este caso] no obliga a su cumplimiento.

‘Farmamir’ ganó todas batallas que encontró hasta cesar su negocio y el acoso multi-frente sufrido. Las superó gracias a un jurista efectivo, Manuel León González también profesor de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla. No se rebajó hasta las sentinas del derecho que superó en varias jurisdicciones, ni a la prepotencia que visibilizaron sus contrincantes, dentro y fuera de juzgados.

En el ‘Caso Farmamir’ quienes fracasaron aún se justifican. Relamen heridas a su orgullo victimizándose sobre hipotética corruptela judicial, municipal o acaso de la sanidad privada. Sólo ven eso sus ojos. La verdad es muy otra. Pensaron, acaso, emular a Robert de Niro en el film ‘Casino’ cuando repetía: ‘Hay tres maneras de hacer las cosas: bien, mal y como yo las hago’.

La moraleja del caso que hoy se disecciona es que con la verdad –y algo de paciencia- se llega donde jamás alcanzan quienes la manipulan o creen poseerla. Un rebaño humano, o unos mafiosillos de opereta, deben elegir mejor su pastor. O un padrino más a la altura del marketing de la Milla de Oro de BAMI en el sur sevillano. Quien lea éstas líneas debe decidir.