Estadísticas criminales: ¿Mentiras sobre verdades?

La delegación del gobierno andaluza difundió, eufórica, que la tasa media de criminalidad se situó el pasado septiembre en 35,7 delitos por cada 1.000 habitantes. Añadía que entrañaban 3,9 puntos por debajo que la tasa española según el Balance de Criminalidad del tercer trimestre de 2021 que elaboró la Secretaría de Estado de Seguridad-Ministerio del Interior.

El estudio recalca que los robos con violencia bajaron 15,8%, junto a asesinatos y homicidios, situados 13,5 puntos por debajo de la media. Los robos con fuerza bajaron 12,2% y en domicilios un 9,8%. En dicho trabajo, sin embargo pues hay que conceder algo al galopante fenómeno criminal, subió el blanqueo un 29,6% sobre números del pasado ejercicio. Los delitos leves también subieron, por aquello de la venialidad, 20.117 casos registrados de daños (+11,9%) y 39.347 hurtos (+12,6%). La plantilla policial aclaró el 45,3% de las trasgresiones penales, un 0,6% más que en 2020. Entre los detenidos hay aproximadamente un 72% de españoles; el resto foráneos. El último dato se interpreta políticamente por las formaciones nacionalistas y ultraconservadoras.

Este periódico, el decano de los hispalenses, difundió números de criminalidad global referidos al 2018 que también acusaban baja por el órgano que controla la seguridad pública. La fe en nuestros servidores no debe perderse, pero es incomprensible que durante días de confinamiento siempre baje la actividad delincuencial, a medida que se desconfina y se liberan los movimientos de los ciudadanos. Lo que vemos lógico es que lo haga durante el pasado 2020 en que los españoles estuvimos confinados, limitados, tele-trabajando y recluidos en hogar. Los ‘malos’ cometieron muchas menos fechorías. Sólo cabe recordar aquello de que ‘hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas’

Intereses creados

Sobre la criminalidad hay mucha tela que cortar, si se admite ese coloquialismo. La política hace mella hasta en el concepto que pretende tapar el fenómeno delincuencial: dictadores, soviéticos y conservadores tildan la reversión de la seguridad jurídica como ‘orden público’ a la convivencia, o llaman contra-revolucionarios, enemigos de la patria o subversivos a quienes violan algún Código Penal, haya o no intencionalidad política. Liberales y demócratas llaman ‘seguridad ciudadana’ a lo mismo. Lo contrario no es el caos, pero sí conviene añadir la permanencia de la ‘paz social’ que amenazan subvertir el sindicalismo peor entendido, radicales de la política o fanáticos religiosos. En estos menesteres, el Código Penal es un pretexto. Y se hace bueno, oficia de las suyas el negocio del miedo

La criminalidad, no lo olvidemos, es el conjunto de hechos antisociales que atentan a la colectividad. Jurídicamente, es el total de infracciones con referente social que socavan el orden público. A nivel político, no nos encontramos en España con estadísticas de criminalidad únicas. Además de las del Ministerio del Interior citadas, basadas en números que le suministran Policía Nacional y Guardia Civil, echamos de menos los entes autonómicos (Ertzaintza, Mossos, Miñones, Forales...) o de la Policía Local. Estos cuerpos procesan datos criminales. Sin embargo, nadie sabe dónde los proyectan.

Es llamativo que las estadísticas criminales se basen en diligencias policiales sobre ese totum revolutum de los distintos cuerpos que las operan. Esos números no contemplan los miles de denuncias ‘ex oficio’ anuales que se cursan desde centros sanitarios (hospitales, ambulatorios, botiquines...), juzgados de guardia, fiscalía, call-centers de violencia de género, abusos de menores, etc...

El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, distintos Observatorios, otros entes públicos y privados publican periódicamente más datos sobre la criminalidad española. Todo ello se relativiza sobre el altísimo nivel de impunidad [Interior asume que sobrepasa el 56%] o ausencia de ‘noticia criminis’ del que gozan los delitos empresariales, sexuales, económicos, fraudes, timos, estafas y -sobre todo- los ciber-delitos. La ausencia de testigos, pruebas, miedo o vergüenza del afectado/a son la causa más inmediata de tan triste realidad: salir de rositas del delito para sus responsables y cómplices, en su caso.

Más leña al problema que se intenta analizar es que cuerpos policiales y plantilla judicial están desbordados e infradotados para procesar en plazos legales los hechos delictivos. O bien se retrasan, escandalosa e incomprensiblemente las instrucciones judiciales o no se dotan de los debidos medios técnicos y humanos policiales para la prevención, esclarecimiento y castigo del delito.

Ese panorama frota las manos de penalistas holgazanes o burócratas, imputados o ‘buscados’ que raramente aparecen para aportar su verdad o al menos su testimonio ante la trasgresión. La consabida lentitud judicial y desborde policial a la postre contribuyen a la prescripción delictiva. Este hecho objetivo relativiza además las estadísticas criminales. No se suelen contemplar los archivos, sobreseimientos o prescripciones de los delitos cuyos números siempre bajan, llamativamente.

La Criminología, sentado lo anterior, lo que tiene son muchos seguidores y estudiantes con futuro laboral difuso, si consideramos la multiplicidad de teleseries, películas y bibliografía que hay sobre el tema. En #Infraganti ya abordamos con detalle la oferta docente hispalense

El prólogo del novelista Andreu Martin al trabajo ‘Confidencias de un detective Privado’ (La Esfera 2004) es revelador sobre el tema que nos ocupa refiriéndose al déficit de la seguridad pública sobre una Policía y Justicia que se alejan de la credibilidad ciudadana: ‘... la imagen de una policía arbitraria y torpe. Formada por funcionarios rutinarios e ineficaces satisfacía sin duda a un público siempre descontento, siempre exigente, siempre apabullado por la inseguridad ciudadana que las fuerzas del orden de todos los tiempos nunca han podido paliar. Se necesitaba otro icono...’.

Las certeras palabras de Martín hacen creíble que la seguridad ciudadana y las estadísticas sobre criminalidad están sujetas a ciertos intereses, los vaivenes y puesta en escena del poder más resolutivo y los oscuros tejemanejes de la política. Un caso evidente los tenemos en lo acontecido con el irresuelto ‘caso Marta del Castillo’ en el que un recomendable documental cinematográfico ilustra lo que no alcanza la Policía ni acotó la Justicia. Sin embargo, en el ‘caso Torreblanca’

al esfuerzo probatorio policial no le acompañó una Justicia valiente y con determinación. Mientras tanto, bien entrado el siglo XXI las estadísticas sobre criminalidad siguen bajando sin tasa, no importa qué gobierno las publique, ni que cuerpo, observatorio, ministerio o fiscalía las avale. España sigue yendo muy bien.