Sanidad
El juez admite que el PSOE amplíe la querella del SAS tras hallar contratos a dedo en 2024
Los socialistas señalan a Moreno y denuncian que el 'modus operandi' se ha mantenido sin importar quién estuviera al frente de la Consejería
El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha aceptado una ampliación de la querella del PSOE por los contratos a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según ha explicado el secretario general de los socialistas, han "detectado y confirmado que en 2024, a través del SAS, se ha seguido utilizando la fórmula de la contratación de emergencia". Los socialistas han pedido, una vez más, explicaciones al respecto al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Esta situación se relaciona con la decisión, este mismo jueves del juez de Instrucción Javier Santamaría, que ha citado como investigados a la actual gerente del SAS de la Junta, Valle García y a los ex gerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Espadas ha señalado que su formación ha detectado un uso "completamente al margen de la ley" de este tipo de contrataciones en hasta nueve ocasiones en los que va de 2024. La última, según ha informado, "en el mes de junio". Una vez más, el dirigente socialista ha explicado que se ha producido un "abuso de contratación de emergencia cuando no se daban esas circunstancias de Covid que justificaban ese uso".
El dirigente socialista ha evitado pedir la dimisión de la actual consejera, Rocío Hernández, que ocupaba el cargo cuando "se firmó el informe de control financiero permanente definitivo de la intervención" de los contratos que denuncian. Sin embargo, sí que ha pedido explicaciones al presidente de la Junta porque, según sus palabras, "en la Consejería había una antes y otra ahora y el modus operandi sigue siendo el mismo". "El que no ha cambiado aquí es el presidente", ha insistido.
El PSOE denuncia "ocultación"
Pese a las exigencias de una comparecencia, el secretario general ha indicado que estás tendrán que producirse "una vez que atendamos lo importante", ha puntualizado en referencia a la DANA. Así, ha subrayado la necesidad de que el presidente explique si conocía y ha ocultado que han seguido utilizando esa contratación de emergencia y si su consejera le había puesto en conocimiento".
Espadas ha acusado al Gobierno de la Junta de cometer una "falta de respeto y un engaño muy grande" y ha señalado que es "muy grave que Moreno y su consejera hayan ocultado esa información al Parlamento". Así, ha reiterado que "el Gobierno andaluz y la consejera de Hacienda lo sabían y lo han ocultado". "Ni los interventores son fake ni la Fiscalía Anticorrupción es ni el juez de Instrucción del juzgado número 13 de Sevilla es fake", ha señalado haciéndose eco de las declaraciones de este miércoles de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en sede parlamentaria.
San Telmo llama a la calma
Desde San Telmo enmarcan las citaciones en "un mero trámite ordinario en el procedimiento judicial" y han asegurado que esto es "lo habitual y razonable en un Estado de Derecho para que las personas denunciadas puedan defender su inocencia". Además, defienden que el SAS "considera que todas las contrataciones están dentro de la ley" Y "colaborará" con la justicia, "como ha hecho hasta ahora".
Varios informes de la intervención, a los que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, sostienen que se produjeron irregularidades en las contrataciones del SAS entre 2021 y 2023, que sitúa en "fraude de ley". La intervención de la Junta ordenó en 2021 a las consejerías que dejaran de hacer uso de esta figura para los contratos, sin embargo, las contrataciones a dedo han seguido produciéndose hasta hace apenas unos meses. De hecho, Espadas ha denunciado que "en marzo de 2023" cuando por primera vez denunciaron estas supuestas irregularidades "el portavoz de Gobierno reconoció que lo habían hecho pero anunció que dejarían de hacerlo en esa misma primavera".
Hace solo unos días que se anunció que sería la Fiscalía Anticorrupción quien se encargará de las denuncias del PSOE sobre prevaricación por los contratos que se dieron a dedo, entre 2021 y 2023, por la misma vía de emergencia que se habilitó durante la pandemia y que sumaron un montante de al menos 242 millones de euros. Ya en un primer momento, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Sevilla, que fue quien abrió diligencias, solicitó documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que ya se está recibiendo en el órgano judicial.
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