#Infraganti publica, cada fin de semana, historias reales que parecen increíbles. También, se recuperan personajes originales u olvidados y hechos inéditos. O bien se detallan conductas que salen de la lógica comúnmente aceptada. Aquí, Sevilla y provincia parecen más oscuras. Pero el sol las ilumina con fuerza a pesar de las adversidades.
Sevilla Black inauguró esta serie. Se intenta aclarar lo que se pueda ante los ojos lectores desde finales de 2018.
Hoy se fundamenta una cerrazón de ciertos políticos. Explica cómo esquivan, no previenen ni laminan la corrupción, el fraude laboral y la economía sumergida. ¿Causa? Rayaría la hipocresía. La tesis que lo explica discurre entre varios escenarios. Vayamos al grano:
Sevilla. Plaza de España. Junio 1983.
En un espacioso salón, el entonces Vicepresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, recibe a la directiva de la hoy extinta Asociación Andaluza de Detectives Privados (AADP). La encabeza su Presidente, José Miguel Iglesias Asuar (Rausa). La discreta recepción fue gracias a Juan Guerra, [entre otras cosas fue, ex auxiliar de Iglesias] hermanísimo del entonces Vicepresidente del Gobierno español, el todopoderoso Alfonso Guerra.
Tras los saludos de rigor, un ayudante de Borbolla dio la palabra a Iglesias. Este expresó gratitud por la cálida acogida y fue al grano. Vindicó la utilidad, experiencia y eficacia de los detectives privados. En especial para documentar el fraude del desempleo agrícola, la –entonces- emergente economía sumergida y otras incidencias laborales (bajas fingidas de funcionarios) que socavan la solidaridad, entran de ello en terrenos de fraude y agravian al buen ciudadano.
Borbolla y su amplio séquito aplaudieron, con rutinario énfasis, el discurso de Iglesias. Antes del canapé que remataba el encuentro, el presidente de los detectives andaluces le entregó en mano a Borbolla un dossier que sintetizaba su discurso y ofertas conexas. Ahí se proponía una investigación aleatoria en cada capital y pueblos para destapar la brecha del fraude.
El documento cayó de inmediato en manos de un asistente de Borbolla. Copas y raciones relajaron, mientras tanto, al personal allí congregado. El dossier fue leído por el asistente. Rápidamente, lo refería a un colega. Los ayudantes de ‘Pepote’ hicieron corro después. Alguno amagaba y otros se llevaron las manos a la cabeza restándole viabilidad a aquella ‘locura’....
Negaban a priori sustancia a la propuesta detectivesca. Su lenguaje no verbal así lo refería. Detectives que acompañaban a Iglesias se percataron de la situación. El más íntimo ayudante de Borbolla le habló después al oído en un aparte del salón. El ilustre político asentía con la cabeza mientras le oía. El canapé finalizaba, las copas hicieron efecto euforizante. Reinaba la empatía y supuesta complicidad. Parecía rentable la recepción para los incomprendidos y ninguneados detectives andaluces.
A la hora de la despedida, la alegría de ‘Pepote’ por las copas y conocer a unos profesionales que sólo vio en películas y leyó en novelas se tornó a la sinceridad infantil. Tras despedirse de los visitantes, Borbolla hizo un aparte con Iglesias. Le confesó, en voz baja, un adelanto de su respuesta al dossier que podría contener estas palabras: ‘Es muy interesante lo que planteáis. Será difícil que pueda llevarse a cabo. Los que cobran las peonadas del paro y trabajan son los mismos que nos votan [al PSOE]. No podemos quitarles la paga, ni denunciarlos por defraudadores...Ni investigar a los funcionarios de baja’.
Aquel dossier durmió, por tanto, en el cajón del sueño eterno tras ese demoledor dictamen verbal. A los detectives les decepcionó no plasmar una cooperación público-privada que perseguía exclusivamente el bien común. ¡Andalucía imparable! Ese fue el eslogan que se acuñó por el PSOE andaluz, años después de Borbolla, para convencer a los andaluces.
‘Pepote’, recordemos,era un Vicepresidente muleta. Se lo impusieron [Moncloa] al Presidente Rafael Escuredo (1979-1984); el mismo que dimitió por el fuego amigo tras publicar EL PAÍS supuestas corruptelas jamás juzgadas. Peores prácticas llevaron a sus sucesores [Chaves y Griñán] al banquillo judicial con condena incluida.
Las veleidades andalucistas de Escuredo y su popularidad molestaron a un PSOE con ‘tándem sevillano’ González & Guerra en su cúpula El PSOE vio en Andalucía cantera de votos y esa California europea que mendiga subvenciones, sufre atraso secular, desempleo y la peor desigualdad.
1983. Ministerio de Hacienda. Madrid
Tras la expropiación de Rumasa (23 febrero), se ultima un documentado expediente por técnicos y asesores del Ministro Miguel Boyer (1982-85). Ahí se justifica, estructura y organiza el equivalente español de la ‘Guardia di Finanza’ italiana [Casi 70.000 efectivos, más importante flota de autos, aviones, helicópteros y patrulleras]. El inolvidable Ministro quería luchar denodadamente el fraude fiscal, el contrabando y la economía sumergida. La soñada e hispanizada ‘Policía Fiscal’ de Boyer sufrió un difícil embarazo. Al parto faltó más que oxígeno y suficiente presupuesto.
La criatura, al final, fue el ‘Servicio de Vigilancia Aduanera’-SVA. Aunque apuntaba altosu plantilla ronda apenas los 2.000 agentes. Flota, medios aéreos y competencias policiales las cuestionan abogados de los malos en juzgados. Famélicas partidas presupuestarias alargan una supervivencia al SVA ‘plana’, aunque es organismo de Hacienda que premia a sus más fieles servidores.
Sin saberlo directamente, al entorno de Boyer, a Moncloa y en cenáculos de Madrid llegaban presiones para desnaturalizar un organismo –SVA- que luchara al narco, contrabando, blanqueo, el dinero negro.... Los poderosos lobbies y celos militares sobre Boyer condujeron a que fuera la Guardia Civil quien centrara la lucha marítima a los ‘malos’. La nonata ‘Guardia di Finanza’ española luce hoy tricornio. La Benemérita en 1940 ya absorbió al eficaz Cuerpo de Carabineros, creado en 1829, por filias republicanas de su cúpula. Los contrabandistas les temían como al demonio.
Boyer representó un ejemplo de político que quiso luchar ‘desde dentro’ corruptelas, blanqueos, narcos y el dinero que no paga al fisco. Aquella batalla la dio por perdida y amortizada Boyer. Dimitió de la política al salir del Ministerio. Su intelecto, y valía, los proyectó en la iniciativa privada.
Ministerio de Trabajo (1983-2020). Madrid
Las diferentes fórmulas que la autoridad ministerial aplicó pata atajar el fraude laboral, entre empresarios, trabajadores, sindicatos y patronales, han sido más laxas con los empleadores que los empleados.
Prejubilar o declarar incapaz laboral a miles de trabajadores desde finales de los setenta es una bolsa de pensiones excesiva para unas arcas públicas con déficit galopante. De menos recibo es que estos perceptores de prestación trabajan en una mayoría, o en la economía sumergida, negocios familiares o militan en la competencia desleal. Nos referimos a la alegría con que declararon pensionistas mucho antes de la edad de jubilación a militares, guardias civiles y policías por el ´síndrome del norte’, accidentes dudosos o anticipan cobrar el júbilo cada mes seguro sin dar un golpe con eufemismos (reserva, segunda actividad, excedente, disponible forzoso, cesante...) que agravian a funcionarios y trabajadores que deben aguantar desde los 65 años para retornar lo cotizado.
De otro lado, desde el Ministerio de Trabajo se pagan miles de pensiones en tributo de la denominada ‘paz social’. Cuencas mineras, siderurgia, trabajadores de SEAT, sanitarios, astilleros e industrias hoy deslocalizadas llevaron a la jubilación a miles de trabajadores antes del común de los trabajadores. Y repiten pautas: siguen trabajando, colaboran en negocios familiares o incrementan la competencia desleal
Los diferentes Ministros, del PP y/o del PSOE, que se pasaron la cartera en Trabajo tuvieron voluntad, pero chocaron con la tesis de Borbolla sobre el voto cautivo que cobra pensión sin trabajar. Arenas y Pimentel (PP) implementaron en las Mutuas la lucha contra el fraude de las bajas y se crearon médicos-policía, fisios-chivatos que así fidelizaban su propia nómina. Desde hace años licitan con precios de saldo a detectives para luchar ese fraude.
Gabinetes de Ministros del PSOE (Chaves, Griñán, Corbacho....) manejaron parecidos dossiers como el de AADP de 1983 que tuvo en sus manos Borbolla. Pero durmieron el sueño de los justos. Dictámenes internos estimaban que luchar el fraude con recursos presenciales extra-ministeriales vulneraba derechos estimando que el mismo era competencia de Hacienda por la economía sumergida que acarrea. Fue y es Inspección de Trabajo quien desarrolla campañas antifraude con resultados desiguales.
Los sucesores de Boyer en Hacienda recalcan verbalmente luchar el fraude fiscal. Hacen campañas, ruedas de prensa, redadas pero esa flecha siempre va a la misma diana: pymes, profesionales liberales y autónomos. Las grandes empresas, multinacionales y millonarios tienen vacuna o bufetes y auditoras que dosifican a la baja el pago tributario y social. La embajada española de los ‘Panama papers’ y ‘lista Faciani’ evidencian que los grandes defraudadores no tienen nombre: ¿Esos chivatazos al fisco regularizaron muchos delitos fiscales?.
Sevilla, siglo XXI
La batalla oficial contra el fraude y corrupción los últimos años se ha batido el cobre en la capital de La Giralda. Incontables sumarios ‘famosos’ (ERE, IFA, Cursos Formación, Invercaria, Fitonovo, Mercasevilla) más otros donde merodean tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo, narcotráfico, cohechos, delitos societarios o falsedad han extenuado a los agentes del CNP, Guardia Civil, de Hacienda y ciberexpertos de tales organismos. Cúpulas ministeriales no reforzaron plantillas ni pagaron infinitas horas extras de esos funcionarios.
Expertos anticorrupción de UCO (Guardia Civil) y de UDEF (CNP) se desmotivaron. También, por la poca colaboración institucional y de la Junta mientras la gobernó el PSOE-A(1979-2019). Fueron fichados por bancos, auditoras y empresas por su valía profesional. Y porque triplicaban así sueldos que apenas reembolsan tan elevada entrega. Estos ex directivos policiales sólo intentaron trabajar bien aunque sin mínimas herramientas.
La consabida lentitud judicial y las dilaciones que la legítima defensa conlleva tuvo aliados entre funcionarios judiciales, magistrados y fiscales en contra. La excelente labor judicial chocó con intereses y evidencias que políticamente han llevado a la oposición al gobierno socialista andaluz. Hay una conocida excepción, como la llamativa de la Juez Núñez Bolaños No se distingue por indagar y acelerar conocidos sumarios de corruptos amparados por el PSOE Dicha Magistrada tuvo su paradoja en la colega que le antecedió en el Juzgado de Instrucción nº 6. Mercedes Alaya fue muy cuestionada desde que su valentía intentó hacer justicia. Las interrogantes sólo las planteaban desde bufetes de encausados y medios afines al PSOE
La corrupción, narcos, blanqueo, el fraude, delitos fiscales y societarios siguen colapsando juzgados y tribunales penales sevillanos. Además, últimamente están paralizados por el ‘estado de alarma’; la ‘desescalada’ adivina una avalancha de pleitos en todas las jurisdicciones. La nueva Junta tiene voluntad de arreglarlo todo, pero también está pendiente crear la Ciudad de la Justicia. Más obstáculos y dilaciones que chocan con la debida velocidad judicial.
Cuando este trabajo inicia su título equiparando a los políticos en hipocresía en cuanto a su voluntad de solventar los ‘delitos de cuello blanco’ -ausentes de sangre y violencia- que centran el artículo parecerá retórico. Pero es difícil creer en una voluntad política para cercenar la corrupción y lo que le cuelga. Precisamente porque la mayoría de implicados son profesionales de la política.
Y quienes lucharon a los ‘malos’ desde el poder como Boyer o desde la toga, como la Jueza Alaya, acaban trasladados y/o hastiados. En el guion de esta triste película hay un personaje oculto que retrasa los tiempos judiciales. También, dilataría entrega de pruebas y dictámenes, desmotiva equipos policiales, oferta destinos funcionariales tentadores para no mover más lo incómodo o le ‘ficha’ algún bufete o empresa que está en otra acera.
El concepto de hipocresía regala varias acepciones. Es fingir o aparentar lo que no siente. El vocablo se deriva del latín y griego clásico que define al hipócrita como ‘actor o actriz’. La moral social española tiene a lo latino que reza divinidades pidiendo resolver el mal. El concepto luterano, anglicano y protestante rechaza de plano la corrupción al atentar a la comunidad, vulnerar el civismo y atacar la solidaridad social. Nos preguntamos.
Mentira, hipocresía y corrupción tienen linderos comunes; los políticos españoles que llegaron al poder durante las últimas décadas se presentan como adalid de la honradez y la transparencia para combatir la corrupción. Añaden el concepto equipo, capacidad y profesionalidad segmentando en ministerios, consejerías, áreas o comisiones tales empeños. Inclusive, conocimos foros parlamentarios que investigaban escándalos. Pero, al cabo, corporativizaron la nada para dictaminar sobre lo vacuo.
