Después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara varios preceptos de la Ley de la reforma de la Administración Local recurrida por la Junta de Andalucía, aún hay pendientes hasta 17 recursos del Gobierno de la comunidad contra normas estatales: 14 quedan por resolver de la pasada legislatura y tres fueron interpuestos después de la investidura de Susana Díaz hace nueve meses. Al comienzo del mandato de Mariano Rajoy en la Moncloa, el Ejecutivo andaluz, al ser la única comunidad gobernada por el PSOE, se convirtió en el ariete contra las políticas de recortes que el PP implantó para hacer frente a los momentos más duros de la crisis económica. La Junta vendió su gestión como el paradigma de que había otra manera de afrontar la situación, lo que llevó a esa pugna en los tribunales.
Además de las que quedan por resolver, otras 20 controversias fueron resueltas por el TC en el transcurso de la X Legislatura de la Cortes Generales, y otras dos han tenido sentencia ya con el Gobierno de Rajoy en funciones. De esas 20, el Tribunal emitió siete sentencias favorables al Estado, cinco parcialmente a favor, una a favor de Andalucía y otras siete que daban la razón parcialmente a la comunidad. Entre los pendientes y los resueltos, la cifra llega a 37 pleitos contra el Ejecutivo central.
Andalucía ha recurrido decretos leyes de medidas urgentes en Educación, Sanidad, estabilidad presupuestaria o tasas judiciales. Además, consideró insconstitucionales las leyes de Educación (Lomce), la de reforma local o la modificación de la Ley de Costas. Es un movimiento de doble dirección puesto que Rajoy también recurrió la subasta de medicamentos, las oposiciones de enseñanza secundaria y la reforma de la ley electoral, que dejaba fuera del Parlamento andaluz a alcaldes y presidentes de diputaciones. El que tuvo más repercusión, sin duda, fue el de la Ley de Función Social de la Vivienda. En ese caso el TC falló a favor del Ejecutivo del PP en el apartado de la declaración del interés social para justificar la expropiación forzosa de viviendas ya que suponía «un uso de la competencia autonómica en materia de vivienda que menoscaba la plena efectividad de la competencia estatal».
Fueron otros tres los recursos planteados por la Junta de Andalucía antes de que el Gobierno de Susana Díaz cumpliera cien días. Primero se opuso a dos preceptos de la Ley 15/2014, de Racionalización del Sector Público, que implantaba la licencia deportiva única. La Junta consideró que esta medida bajaba en más del 50 por ciento las licencias autonómicas, eliminaba unos 200 empleos y reducía entre cinco y seis millones de euros en los ingresos de las federaciones de la comunidad. En septiembre, recurrió dos preceptos de modificaciones de ley que permitía a la Administración General del Estado (AGE) quitar recursos a las autonomías para saldar sus deudas con las administraciones locales. Y por otro, el que imponía un control extra del gasto farmacéutico cuando la sanidad es una competencia de las comunidades autónomas. El último fue contra el artículo 19.3 y la disposición transitoria única de la Ley estatal de Metrología, al considerar que esta norma estatal «invade atribuciones de la comunidad autónoma» y abre la puerta a la «privatización» de los servicios de control de pesas y medidas.