¿Sevilla al mínimo en Policía, Justicia y seguridad jurídica?

La seguridad que debe garantizar y avalar la autoridad incluye a la libertad en el Artículo 17 de la Constitución. Pero la Carta Magna olvidaría, en parte, a Sevilla donde están los dos barrios más pobres de Europa. Donde el paro juvenil, femenino y de mayores de 50 años es insoportable a pesar de millonadas que intentar paliarlo desde arcas estatales y europeas.

Ya escribíamos en #Infraganti que corrían malos tiempos para la Sevilla judicial y policial. Las claves explicativas de ese ‘reguleras’ son postpandémicas, desde 2020, o asentadas en el tiempo.

Buscando, sin hallazgo

Con el triste Caso Marta del Castillo no se encontró el cuerpo tras incontables búsquedas. Un familiar de la desdichada joven repetía con sorna que para desaparecer era mejor fuera de los findes. Los manidos ‘protocolos’ parecen ahora azuzar las primeras 24H tras la denuncia, algo cargado de sensatez. Pero, a pesar de las voluntades policiales y judiciales, sentencias y recursos el cuerpo no se halló. La familia no sabe dónde llevarle flores.

Lo sucedido, semanas atrás, con el universitario y futbolista cordobés Álvaro Prieto preocupa desde la óptica de la efectividad. Las incógnitas se multiplican tras aparecer electrocutado el cuerpo días después de su denunciada desaparición. El joven murió el primer día de ésta, pero sus movimientos premortem son inquietantes.

Más lo es cómo puede penetrar cualquiera en zonas de alta seguridad y con alto riesgo de la estación de Santa Justa. La pregunta de si el desdichado joven quería abordar un tren o no para regresar a Córdoba flota aún.

De otro lado, no apareció en el banquillo nadie en poli-homicidio de Los Galindos, ni siquiera en juzgados como encartado por el denominado Caso Torreblanca. La impunidad de sendos asuntos criminales de 1975 y 1984 respectivamente contrastó con los kilos de coca que desaparecieron en los bajos de la Jefatura de Policía Nacional. En las sentencias judiciales falta mucho del alijo incautado. El cambiazo fue fetén. La Audiencia de Sevilla podría calibrar el peso por la droga judicializada y finalmente condenada.

La causalidad del ciberataque al consistorio hispalense generó silencios, telegramas explicativos y mucha preocupación. Antes la presa fue EMASESA, donde nadie comenta las hazañas de los hackers. Preocupa a los vecinos y contribuyentes sevillanos que su Ayuntamiento sea tan vulnerable en el cosmos digital. Mucho más que los piratas se colaran con claves y terminales que estarían próximas a una debilitada Policía Local. Este cuerpo, lleno de entregados servidores, merece más.

Los municipales llevan décadas sin mandos con políticas de presente y/o futuro. Pocos jefes militares de la Benemérita quieren cambiarse el uniforme. Aún ganando el triple y teniendo el derecho a ser invitado a canapés, más actos oficiales, nadie quiere mandar en ese cuerpo. Está cortito de agentes, sindicalizado por barrios y arrastra un repertorio de incidencias que asombran (querellas internas, oposiciones con trampa, ganapanes que ruborizan, etc...) al vecino. El que debería mirar a sus guardias urbanos con respeto, ejemplaridad y darle el aplauso que merecen unos esforzados empleados públicos, mayoría en su plantilla.

Policías, beneméritos y Justicia lenta

Ya vaticinábamos que las policías de ámbito estatal (Nacional-PN y Guardia Civil-GC) sufrían de lo venial para ser más inoperativas. La legítima demanda sindical y de mandos intermedios de que faltan medios y agentes es verdad. Un ejemplo: La búsqueda de Álvaro Prieto carecía de agentes expertos; la mayoría se destinan a patrulleros en PN. Faltarían reflejos y acaso efectivos. No parece lógico que unas imágenes captadas, casualmente, por un cámara de TVE desvelasen dónde estaba el cuerpo del infortunado.

Es decir, la seguridad ciudadana prima sobre la investigación de auténticos profesionales. Se sabe que muchos agentes de PN y GC no quieren el ‘destino’ Sevilla. Las principales brigadas de PN las dirigen interinos, algunos con el capricho y amiguismo por norte. Las plazas no se cubren. En la nunca bien ponderada Benemérita (GC) se pre y jubilaron parte de sus más eficaces agentes y mandos. Algunos optan por trabajar, muchos años antes que a los 67 cuando les toca al españolito, en bancos, aseguradoras, hoteles.... Conservan placa, pistola y la nómina intacta. Los eufemismos son: reserva, segunda actividad .....

Algo parecido les pasa a los mejores ciberexpertos policiales, antifraude de Hacienda, Junta o Seguridad Social. Son fichados por sumas que triplican su ‘prejubilación’. La cobran intacta Años antes de jubilarse e incurren en evidente competencia desleal. Y encima cambian de acera. De trabajar para los ‘buenos’ les pagan los ‘regulares’ siendo benevolentes, por no decir que los ‘malos’. Y pongamos sus destinos de empleo de estos ‘ex’: consultoras, auditoras, bufetes, asesorías, chiringuitos financieros y un largo etcétera.

En tales menesteres hay también incontables ex Jueces, fiscales y Letrados de la Justicia que prefieren probar lo ‘privado’. Hay un mínimo riesgo de fracaso. El comodín es volver al calor del hogar profesional (excedencia). Los más pacientes esperan jubilarse o sentencias de –supuesta y/o buscada- incapacidad. Los menos se prejubilan a los 60 años y corren al bufete, auditoría o consultora propia o ajena: ¿Más competencia desleal de estos ex togados de la Justicia?.

Escribíamos las previas palabras porque la Justicia se sabía lenta. Pero ahora, en el siglo XXI, Séneca es más vigente (La Justicia lenta no es Justicia). Los juzgados, aún atorados por las secuelas de la pandemia, tardan años en ventilar pleitos laborales que antes tenían sentencia en meses tras despidos, convenios, bajas, etc... Los contenciosos, demandas civiles, mercantiles y delitos no leves tardan más que antes en resolverse.

El colapso de los juzgados acumula legajos y recursos sin respuesta. Pocos, según cuentan a servidor, entienden que por un sueldo cualquier juzgador lea los legítimos alegatos de la abogacía. Más que menos veces están cargados de palabras, lo farragoso, jurisprudencia y de folios interminables de literatura jurídica. Tramitar todo por Lexnet no evita esta realidad; es el cabo el nuevo camino del ojo lector al documento.

La verdad es que las brechas que magnifican riesgos, la poco rápida respuesta de nuestros policías, funcionarios y Justicia inquietan al ciudadano que demanda y paga por la seguridad. El amparo constitucional de lo que comentamos se amplía a lo jurídico. Al final, le toca sufrirlo al votante cuando tiene un conflicto, acude a la Justicia o precisa de la mano y lupa de la PN o GC.

El panorama planteado debe mejorar. Los políticos deben reforzar las plantillas, evitar o minimizar la fuga de talento, experiencia y profesionalidad y trabajar para justificar su nómina. Practicar el servicio público, no al partido que les pone en las listas. Nos quedamos con el Registro Civil, órgano judicial que -previa cita- da certificados sin esperas, sobre la marcha, Además todo allí es gratis. Que cunda el ejemplo.