ENCUENTROS BILATERALES
Page se alinea con Mazón y López Miras para pedir a Sánchez un fondo de compensación y frenar el cupo catalán
Los presidentes de la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha coinciden en exigir al jefe del Ejecutivo un fondo que nivele su "infrafinanciación" y un cambio del sistema que no privilegie a Cataluña
Distinto signo político, pero numerosas coincidencias. Principalmente, en financiación. La ronda de encuentros bilaterales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, se ha saldado con una suerte de frente común para exigir un fondo de nivelación para compensar su situación de “infrafinanciación” mientras no se reforme el actual modelo. Asimismo, el socialista Emiliano García-Page ha coincidido en reiterar su rechazo al concierto catalán, al igual que los populares Carlos Mazón y Fernando López Miras. Unas posiciones que desde el Gobierno dicen haber encajado con normalidad y sin sorpresa por ser previamente conocidas.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado de valorar la ronda de contactos por parte del Gobierno, ha repetido tras todas las reuniones el mismo mensaje positivo para poner en valor los compromisos adquiridos y el tono cordial, pese a las consabidas “divergencias” respecto al concierto catalán. Como un mantra, ha insistido también en la disposición a debatir un nuevo modelo de financiación en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). No sin antes reconocer la complejidad de llegar a un consenso, por las propias diferentes de criterio en comunidades gobernadas por presidentes del mismo signo político, pero alentando que una reforma supondría dotar de mayores recursos a todos los territorios, “sin excepción”.
El Ejecutivo tiene el compromiso de convocar este foro multilateral con las comunidades autónomas antes de la Conferencia de Presidentes, prevista para principios del próximo mes de diciembre. Sobre el fondo transitorio, Torres ha asegurado que el Gobierno toma nota de la petición, pero advirtiendo, en alusión a los barones populares, de que es incompatible “que se soliciten fondos a la vez que se disminuyen ingresos porque se bajan ingresos a las rentas altas”.
“Somos la comunidad peor financiada de España y esto tiene que acabar ya”. La frase, prácticamente igual, la repitieron los presidentes de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana, exhibiendo un rechazo frontal a la financiación singular para Cataluña pactada entre el PSOE y ERC y que para ambos supone “el mayor de los agravios”. La fecha de este viernes estaba señalada en el calendario del PP porque tenía lugar una de las reuniones que generaba dudas. La del president Carlos Mazón, que en alguna ocasión ha insistido en que es su comunidad la que tiene una singularidad propia y debe ser resarcida tras acumular años de infrafinanciación. Y porque encima de la mesa podía estar una condonación de deuda similar a la de Cataluña.
Sin embargo, Mazón no se salió del guion. Y, de hecho, reiteró que todos esos aspectos -la reforma en el sistema, la deuda “desorbitada” de su comunidad fruto de ese sistema y el “urgente” fondo transitorio de nivelación- deben tratarse de forma multilateral entre todas las comunidades. Fernando López Miras, igual que también hizo Page, recalcó la necesidad de ese fondo que compense a las autonomías que están a la cola en la financiación y que repercute desde hace tiempo en sus servicios públicos.
Desde Castilla-La Mancha echan mano del último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado este mismo jueves para ratificar la financiación que vendría sufriendo Castilla-La Mancha durante los últimos años. Según los últimos datos, esta región se encuentra por debajo de la media de financiación por habitante ajustado (que suma la financiación efectiva y las transferencias extraordinarias del Estado), con 95,3 euros. En la parte alta de la tabla estarían La Rioja, Cantabria y Baleares y en la baja Murcia (91,4 euros), Comunidad Valenciana (92,4 euros) y Andalucía (95 euros).
Guerra del agua
El presidente de la Región de Murcia fue muy claro al pedir también un pacto nacional por el agua. “Le he dicho a Sánchez que somos el único país serio y del entorno que no tiene garantizado el abastecimiento de agua a sus ciudadanos y esto no puede ser”, se quejó.
López Miras, que dentro del PP abandera el debate, dejó claro que “se tienen que mantener los trasvases y se deben impulsar interconexiones de cuencas”, además de invertir más en infraestructuras hidráulicas. En este punto, el presidente de Castilla-La Mancha ha respondido que "lo primero para solicitar agua al resto de territorios es al menos agotar toda la capacidad de desalación ya instalada".
Tanto Mazón como López Miras aseguraron tener la percepción de que el pacto fiscal firmado con ERC “seguirá adelante” y reconocieron que Sánchez les trasladó que “es una oportunidad para todos” y que “la solidaridad entre territorios no está en riesgo”. Los dos respondieron que no lo veían así y dejaron claro su rechazo. No llegaron al punto del andaluz Juanma Moreno, que hace días llegó a decirle al presidente que “estaba cometiendo un error” con ese pacto.
Armonización fiscal
Por ahora, el frente común que Alberto Núñez Feijóo impulsó para garantizar la unidad de acción de sus presidentes está funcionando. Tampoco el Ejecutivo ha jugado -por ahora- a agrietar a las comunidades del PP, que una por una han dejado claro que solo se puede hablar de financiación en una mesa en la que se sienten todas las autonomías.
García-Page entregó a Sánchez un documento con reivindicaciones en materia de infraestructuras, agua o energía y una posición en la que rechaza el cupo catalán y exige una reforma del sistema para sacar a Castilla-La Mancha de su situación de “infrafinanciación”. Un acuerdo multilateral, para todos los territorios, "sin que haya regímenes especiales". "Nosotros no vamos a tener como base para la negociación el documento firmado por el PSC y ERC", ha advertido. Por otra parte, ha incluido en su dosier una “ley nacional de armonización fiscal” para poner freno al denominado ‘dumping fiscal’, convertido en una carrera entre varias regiones gobernadas por el PP para suprimir el impuesto de sucesiones o patrimonio.
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