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Lopera, hoy a su llegada a los juzgados. / Jesús Barrera
La segunda sesión del juicio contra Manuel Ruiz de Lopera ha comenzado con la intervención de la fiscal Margarita Viera. Cara y cruz para la defensa del expresidente y las asociaciones que lo acusan de apropiación indebida, administración desleal y alzamiento de bienes. Por un lado, el Ministerio Público ha rechazado que PNB, BXV y Liga de Juristas Béticos sean expulsadas del caso, como había solicitado Encarnación Molino hace una semana, pero por otro ha apoyado su petición de que dejen de ser acusación particular y se limite su papel al de acusación popular.
La fiscal ha recordado que ya en su día instaron al Juzgado de Instrucción a «la personación de las asociaciones como acusaciones populares». «La personación como acusación particular debería quedar limitada a la personación del perjudicado y el Ministerio Fiscal. No concurrían en esta causa un interés público y social que justificara su intervención como acusación particular», ha dicho Margarita Viera, que entre otros respaldos jurídicos se ha referido a la doctrina Botín, avalada por el Tribunal Constitucional.
«Rechazamos la expulsión del procedimiento de las acusaciones particulares», ha advertido a continuación. También se ha opuesto a que el tribunal se pronuncie sobre la condena en costas de las acusaciones particulares en este trámite del juicio, es decir, las cuestiones previas. «La Ley de Enjuiciamiento Criminal pospone ese trámite a la sentencia. Será en dicha sentencia donde el tribunal tendrá que valorar adecuadamente si en la presente causa concurren las circunstancias para la imposición de costas a las acusaciones particulares», ha añadido.
Viera también ha defendido el informe de los peritos de Hacienda, impugnado por la defensa de Lopera, aunque ha admitido «irregularidades y anormalidades» en el procedimiento que ha achacado, sin nombrarla, a la jueza Mercedes Alaya. En todo caso, no ha considerado que esos defectos no han derivado en una indefensión del acusado, es decir, Lopera.
«Reconociendo que la cita de los actos procesales o de las resoluciones realizadas por la defensa de Lopera para ilustrar al tribunal sobre el nombramiento del perito son la verdad, sin embargo entiende el Ministerio Fiscal que no dicen toda la verdad porque han omitido determinados actos procesales y resoluciones importantes que obligan a una lectura diferente de la realizada por la defensa sobre el nombramiento y el objeto de la pericial», ha alegado Viera. «El Ministerio Fiscal apoya el nombramiento de los dos peritos porque concurrían las premisas de imparcialidad y capacidad e idoneidad. Pero además lo apoyábamos por una cuestión fundamental que nos parece esencial para desestimar la petición de impugnación de la defensa: de no haber existido las erróneas decisiones de autos, el procedimiento de nombramiento de esos funcionarios u otros con idénticas cualidades habría sido el mismo», ha sentenciado.