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Fotografía cedida por Greenpeace de sus activistas que, con motivo del Día Internacional del Agua. EFE/GREENPEACE
Activistas de Greenpeace, con motivo del Día Internacional del Agua, se han desplazado hasta el Parque Nacional de Doñana para desplegar una pancarta con el lema «Stop pozos ilegales, salvemos Doñana» y mostrar así su rechazo a la nueva proposición de Ley para ampliar los regadíos en el entorno de este espacio.
La organización, a través de un comunicado, ha advertido que la proposición «puede cercenar definitivamente la ya maltrecha salud de los acuíferos de la Corona Norte de Doñana, que se encuentran en mal estado cuantitativo y cualitativo, como ya publicó en su informe SOS Acuíferos».
Han avisado además que «esta amnistía supondría incumplir la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE, en junio de 2021, por no proteger al espacio natural frente a la sobreexplotación y robo del agua».
Por otro lado, Greenpeace ha alertado de que con esta proposición, la Junta de Andalucía «envía un mensaje muy peligroso al sector agrícola profesional, que va a ver cómo hay explotaciones que son absueltas de delitos ambientales, mientras hay otras que sí se ajustan a las dotaciones de agua concedidas».
«Esta proposición de ley es un agravio comparativo hacia las explotaciones agrícolas que sí cumplen con la normativa y podría suponer un efecto llamada hacia la impunidad en el robo del agua. En Doñana tenemos un espacio natural protegido que nos avisa del estado de los acuíferos, pero esto puede estar pasando también en otras zonas de Andalucía donde se está extrayendo agua con pozos ilegales», ha declarado Luis Berraquero, Coordinador de Greenpeace en Andalucía.
A pesar de que la Junta de Andalucía ha expresado que esta proposición «no va a tocar ni un solo litro del acuífero del que bebe Doñana», la organización ecologista considera que el Gobierno andaluz «falta a la verdad puesto que la concesión de aguas superficiales no va a ser inmediata y está supeditada a la realización de obras hidráulicas que no es seguro que se lleven a cabo, como es la presa de Alcolea».
Consideran que «el cierre de pozos ilegales, que debería ser la prioridad máxima para todas las administraciones que tienen competencias en la gestión de aguas, no avanza a la velocidad que debería».