Los presidentes de Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sus respectivas comunidades autónomas puedan administrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), después de que el Ejecutivo central pactase con el PNV traspasar la gestión de esta prestación al País Vasco y a Navarra. También lo quiere Cataluña, según las declaraciones que ha realizado su vicepresidente, Pere Aragonés, esta mañana.
Ha sido durante la duodécima videoconferencia que ha mantenido el jefe del Ejecutivo este domingo con los presidentes de las comunidades, según han explicado fuentes autonómicas durante la reunión o bien han detallado después los dirigentes regionales en rueda de prensa.
Durante este encuentro, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha recordado a Sánchez que Galicia cuenta desde hace casi 30 años con la renta de inclusión social (Risga) y ha insistido en que sean las autonomías las que gestionen el recién aprobado ingreso mínimo vital.
También el presidente de la Junta de Andalucía, el también 'popular' Juanma Moreno, se ha referido al IMV para dejar claro que no cuestiona su necesidad. Pero sí ha mostrado a Sánchez su "sorpresa" al escuchar al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmar que sólo dos comunidades (País Vasco y Navarra) están capacitadas para gestionarlo.
Según las fuentes autonómicas consultadas por Europa Press, Moreno Bonilla ha calificado de "un tanto imprudente" el argumento del Gobierno de que esas dos comunidades sí lo pueden gestionar porque saben hacerlo. "¿Las demás no?", ha planteado, reclamando asimismo más información sobre el IMV.
MAÑUECO PIDE "IGUALDAD" PARA TODAS LAS CCAA
En el caso de Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha exigido a Sánchez "igualdad y un trato justo" para todas las comunidades autónomas y ha afirmado que es "imprescindible" que las demás comunidades, incluida Castilla y León, puedan participar en la gestión de este subsidio.
"Por experiencia, por capacidad, por trayectoria y por el reconocimiento del trabajo con los mas vulnerables, la colaboración con entidades locales y la cercanía en prestación de los servicios sociales, Castilla y León se lo merece tanto como otra comunidad", ha subrayado Fernández Mañueco tras recordar que tienen experiencia gestionando rentas autonómicas.
El presidente de Murcia, por su parte, no ha hecho una petición expresa de que le traspasen los fondos el IMV para que los gestione la región, pero sí ha criticado que el Gobierno no haya contado con las autonomías para decidir cómo se gestiona este dinero.
Así, Fernando López Miras ha dicho que la Medida del Ingreso Mínimo Vital "es buena" y que así se la ha reconocido públicamente al presidente, pero ha advertido de que las CCAA tienen "muchas dudas, porque no se ha contado con nosotros ni con los ayuntamientos y no sabemos quien la va a gestionar".
Por su parte, la Generalitat Valenciana lleva toda la semana realizando la petición. Su presidente, Ximo Puig (PSOE), ha abogado por que haya "la máxima coordinación posible y unidad de acción" entre Administraciones y ha solicitado un convenio para que su comunidad pueda gestionar "lo más pronto posible" el ingreso mínimo.
Sobre cómo ha recibido Pedro Sánchez la petición de la Comunidad Valenciana, Puig ha dicho que "hay voluntad por parte del Gobierno de que sea así". A su juicio, "lo más importante" no es "quién administra una prestación", sino que llegue con agilidad a los ciudadanos y que se puedan sumar sinergias y evitar duplicidades.
SÁNCHEZ NO ACLARA SI ATENDERÁ LAS PETICIONES
En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, se le ha preguntado a Sánchez sobre estas peticiones de las comunidades autónomas de participar en la gestión del IMV, pero no ha aclarado si el Gobierno las atenderá.
Se ha limitado a afirmar que los detalles de esta medida se darán a conocer este lunes con la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y ha destacado que se trata de "una política que pasa a formar parte de la Seguridad Social" y que eso garantizará "la igualdad de derechos en todo el conjunto del país".