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Diputados de los grupos, durante la comisión de investigación. /El Correo
A tenor de las reacciones de los grupos parlamentarios a la propuesta de dictamen elaborada por el presidente de la comisión de investigación del Parlamento sobre las ayudas públicas a la formación será difícil que la misma concluya con un acuerdo político y no se repita el fiasco ocurrido en 2012 con el trabajo parlamentario sobre el fraude de los ERE. El desacuerdo radica en que para PP, Podemos e IU el presidente de la comisión, Julio Díaz (C’s) se ha quedado corto a la hora de fijar el techo de una responsabilidad política que tienen clara por la ineficacia de los cursos y el «enriquecimiento» de empresarios y alcaldes del PSOE con estas ayudas. Por contra, para la Junta y el PSOE no existe tal responsabilidad política al no haber menoscabo de fondos públicos.
Los populares dejan ya claro que no apoyarán el dictamen «tal y como está» al considerar que lejos de aglutinar las propuestas de cada grupo, está «pactado con el PSOE». Tanto el PP como IU y Podemos coinciden en que la responsabilidad política no se queda en los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los sucesivos responsables de Empleo durante sus mandatos sino que llegan a la actual presidenta, Susana Díaz, y el actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado. Primero porque formaban ya parte del Gobierno (en el caso de Díaz como consejera de Presidencia) en el periodo investigado y segundo por su «negligencia y pasividad» al mantener paralizada la formación para desempleados durante años (hasta 2016 no se convocaron ayudas y aún no se están impartiendo cursos) e incluso dificultar la investigación negando documentación.
Por su parte, desde el PSOE critican que el dictamen no indique «expresamente que no se han encontrado indicios de la existencia de ninguna trama corrupta» y tanto los socialistas como el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, rechazan apuntar incluso a «dos personas honestas» como Chaves y Griñán, a quienes «no se les achaca nada concreto». Tanto Vázquez como la diputada del PSOE Marisa Bustinduy coincidieron en arremeter contra la «gran farsa» que atribuyen al PP en torno a un caso que los tribunales han archivado al no ver fraude. El portavoz de la Junta tildó de «desproporcionada» la petición de responsabilidades políticas a los expresidentes y arremetió por ello especialmente contra IU, que hasta 2015 «se sentaba en el mismo Consejo de Gobierno». Sólo C’s defendió que el informe del presidente de la comisión «hila fino».