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En Andalucía hay 742 centros que imparten Formación Profesional, una enseñanza que este curso estudian más de 115.000 alumnos. / Jesús Barrera
Durante años, la Formación Profesional (FP) fue una enseñanza segundona tanto para la admnistración pública, que no centraba en ella sus esfuerzos presupuestarios, como para la ciudadanía, que la veía como alternativa para que los malos estudiantes sin intención de ir a la Universidad aprendieran un oficio. Pero la crisis, que llevó al paro a miles de jóvenes que dejaron pronto las aulas atraídos por el empleo generado con el boom del ladrillo y a profesionales con años de experiencia pero sin formación acreditada, provocó un «subidón de la demanda» de plazas para los ciclos formativos. El incremento pilló a la Consejería de Educación sin oferta suficiente y aún hoy arrastra un déficit que dejó fuera este año 40.000 solicitudes para cursar ciclos de FP (se ofertaron 65.640 plazas de nuevo ingreso).
Las estadísticas reflejan que mientras en los años anteriores a la crisis la cifra de alumnos de FP rondaba los 86.000 (65.000 en centros públicos), en el último curso supera los 115.000 (81.000 en centros públicos), y han llegado a ser más de 120.000. Un incremento inversamente proporcional al descenso registrado en otras etapas educativas ante la caída demográfica.
La directora general de Formación Profesional de la Consejería de Educación, Purificación Pérez, defiende que hay una apuesta por aumentar progresivamente las plazas para responder al aumento de la demanda pero la intención es «crecer de manera coherente y razonable según por dónde van las necesidades del mercado». De hecho, la nueva ley de Formación Profesional que tramita el Gobierno andaluz tiene com o objetivo diseñar planificaciones plurianuales de la oferta de ciclos con los agentes económicos y sociales de la comunidad para adecuarla a las necesidades formativas que reclama el tejido empresarial y de empleo de la población. Apuesta por impulsar el aprendizaje en centros de trabajo (una modalidad que hoy se ofrece en la FP Dual) y una mayor coordinación entre la FP Inicial y la Formación Profesional para el Empleo (dirigida a trabajadores en activo).
Pérez justifica la falta de plazas para las solicitudes de los últimos años en que el «boom de la demanda se produjo en momentos muy difíciles para todos». Y rechaza que la solución sea una «oferta masiva de plazas» sino una planificación para aumentar los puestos en los ciclos «que sabemos que hay más demanda de las empresas», además de realizar una adaptación de los perfiles de los ciclos a esas necesidades laborales. «Esto lleva un tiempo, equipar centros, cambiar las especialidades del profesorado», señala ante las críticas de la oposición y los sindicatos que exigen al Gobierno andaluz incrementar la oferta de plazas de FP.
Sí tiene claro que, aunque la demanda provocada por la crisis se está estabilizando, la FP es una enseñanza en auge. En primer lugar, porque en los últimos años ha aumentado su reconocimiento como enseñanza de calidad y una opción académica equiparable a otras y no de rango menor. Y en segundo lugar, porque desde la propia Unión Europea se está señalando que los perfiles profesionales que van a ser más demandados en los próximos años son los de técnicos con una cualificación media.
La vía abierta por la Lomce que permite a quienes terminan un grado medio acceder directamente al superior (antes sólo se podía entrar desde Bachillerato o superando una prueba de acceso) también ha contribuido a ver cada vez más en la FP una vía académica alternativa. De hecho, desde Educación atribuyen a ello que después de cierta caída en la demanda, ésta haya vuelto a crecer en el curso actual, cuando entró en vigor esta medida de la Lomce.
El diagnóstico de la Junta diferencia entre dos tipos de solicitantes que actualmente piden plaza para los ciclos formativos de grado medio o superior. Por un lado, alumnos que proceden del sistema educativo (de ESO en el caso de los grados medios o de Bachillerato en los superiores) y que optan por esta vía académica para continuar sus estudios. Y por otro, personas de fuera del sistema educativo que buscan recualificarse o acreditar unas capacidades que tienen por su experiencia profesional pero que no pueden certificar con ningún título.
Desde el curso 2015/2016, la Consejería de Educación da prioridad a los primeros para acceder a una plaza «porque entendemos que la oferta presencial es para ellos». Para los segundos, que según Pérez representan «un porcentaje importante» de los 40.000 que se quedaron sin plaza este año, hay otras opciones que a su juicio se adaptan mejor a sus necesidades. Lo justifica porque quienes no vienen del sistema educativo son en muchos casos profesionales en paro que buscan reciclarse pero «sabemos que son gente en búsqueda activa de empleo y que en cuento les salga un trabajo van a dejar la plaza».
Para ellos, subraya, existen otras opciones que responden mejor a sus intereses, como las ofertas parciales por módulos o los ciclos que se ofertan en modalidad semipresencial o a distancia, así como los exámenes libres para obtener el título de técnico y los procesos de acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral. Para Pérez «lo que nos está ocurriendo es que la gente piensa que apuntarse a un ciclo de FP es la única vía para formarse» y ahí radica, a su juicio, gran parte de la saturación que está viviendo la FP en los últimos años.