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Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 20 de inhabilitación para cargo público por un delito de malversación de caudales públicos en la pieza política del caso ERE para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y otros cinco ex altos cargos de la Junta y eleva a ocho años de prisión su petición para otros 12 exdirigentes socialistas acusados del mismo delito. En cuanto a los ocho imputados sólo por un delito continuado de prevaricación administrativa, entre ellos el expresidente de la Junta Manuel Chaves, el escrito de acusación de la Fiscalía pide una pena de 10 años de inhabilitación.
Así, el Ministerio Público pide seis años de cárcel para Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero Justo Mañas, el exdirector general de Trabajo Daniel Rivera , el exinterventor Manuel Gómez y Antonio Valverde. Eleva la petición a ocho años de prisión para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo , Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y los excargos de la Junta Jesús Mª Rodríguez, Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado, Lourdes Medina, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete. Para todos ellos pide también 20 años de inhabilitación.
Por un delito continuado de prevaricación administrativa pide 10 años de inhabilitación para los 26 imputados en esta pieza que investiga la creación del procedimiento específico por el que durante diez años se concedieron 800 millones en ayudas sociolaborales y a empresas eludiendo los controles y fiscalización previa y de forma “discrecional” y “arbitraria”. En el caso del expresidente Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río y los exaltos cargo Gonzalo Suárez, José Salgueiro, Antonio Estepa y Antonio Lozano sólo están imputados por el delito de prevaricación y por tanto la Fiscalía sólo pide para ellos la pena de 10 años de inhabilitación.
El escrito de acusación de la Fiscalía remitido hoy al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que el lunes amplió hasta el 15 de octubre el plazo para que las partes personadas (además del fiscal, el PP, Manos Limpias y la Junta) presentaran sus acusaciones señala también que los 18 imputados por malversación “responderán solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas” según las siguientes cifras correspondientes a cada una de las anualidades en las que se concedieron.
Así, Viera Chacón, Fernández, Guerrero y Juan Francisco Sánchez deberán restituir 6,9 millones de euros correspondientes al año 2000, 86 millones de 2001, 66,5 millones de 2002, 55,6 millones de 2003. Por 2004, además de ellos cuatro, también Miguel Ángel Serrano deberá restituir a la Hacienda Pública 42,4 millones.
Por las ayudas del año 2005, los exconsejeros Francisco Vallejo y Antonio Fernández, el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, el exviceconsejero Agustín Barberá y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán (entonces consejero de Hacienda), la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, el exinterventor Manuel Gómez, Javier Aguado, Jesús Mª Rodríguez, Juan Francisco Sánchez y Miguel Ángel Serrano deberán restituir 73 millones; 86,5 millones por el año 2006; otros 86,5 por las ayudas de 2007; 102,7 millones por las de 2008.
Por las ayudas de 2009 deberán responder Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Márquez, Francisco Vallejo, José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez, Lourdes Medina, Jesús Mª Rodríguez, Juan Francisco Sánchez y Jacinto Cañete, restituyendo 80,7 millones. Por último, por el año 2010 deberán restituir 54,1 millones Antonio Fernández, Agustín Barberá, Justo Mañas, Juan Márquez, Daniel Rivera, Lourdes Medina, Manuel Gómez, Jesús Mª Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez, Antonio Valverde, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo.
Para la Fiscalía, los encausados idearon un sistema de pago de estas ayudas para eludir los controles de la Intervención, las transferencias de financiación, y “buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas que se concedieron sin sujeción a procedimiento”.
“Como consecuencia de la ausencia de la fiscalización debida y de la debida convocatoria pública de estas ayudas , se puso en manos de la Consejería de Empleo , año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vedando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad , facilitando que personas que ni siquiera pertenecían a la empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial - abonando campañas de publicidad, cursos de formación de voluntariado, etc...”, añade el escrito de acusación. Para el Ministerio Público, la gestión realizada por los exresponsables de la Consejería de Empleo “era conocida por el resto de encausados puesto que se puso de manifiesto en los informes realizados por la Intervención andaluza desde el ejercicio 2002 , muy especialmente en el llamado “informe adicional” del ejercicio 2003 notificado en 2005 , así como en los informes de auditoría de cuentas de IFA/IDEA” (organismo pagador de las ayudas) “y en varios informes encargados por la Consejería de Empleo a despachos de abogados y consultores externos a la administración autonómica, en los ejercicios 2008 y 2009”.