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El sueño de un empleo seguro al vaivén de la política

La convocatoria de ofertas de empleo público generan gran expectación y como tal son promesas efectistas que las administraciones han usado con tintes electoralistas. La crisis ha impuesto restricciones para sacar plazas a concurso. Los sindicatos denuncian déficit de personal y critican que los procesos se eternicen

29 ene 2017 / 19:27 h - Actualizado: 30 ene 2017 / 21:40 h.
  • Ante la elevada tasa de paro y la inestabilidad del mercado laboral, opositar es una salida que en los años de la crisis se ha visto muy limitada por las restricciones impuestas por el Gobierno central a la tasa de reposición y los recortes presupuestarios de la Junta y los ayuntamientos. / Paco Puentes
    Ante la elevada tasa de paro y la inestabilidad del mercado laboral, opositar es una salida que en los años de la crisis se ha visto muy limitada por las restricciones impuestas por el Gobierno central a la tasa de reposición y los recortes presupuestarios de la Junta y los ayuntamientos. / Paco Puentes

Con 250.000 empleados entre el SAS, el sistema educativo, los juzgados y la administración general, la Junta de Andalucía es la principal empresa de la comunidad. Y ser funcionario de la administración autonómica, estatal o local, con la seguridad y estabilidad laboral que ello conlleva, es el destino soñado por un tercio de los universitarios andaluces en una comunidad con una tasa de paro del 28,25 por ciento que en el caso de los jóvenes supera el 50 por ciento.

Las administraciones lo saben. Y tradicionalmente, las ofertas públicas de empleo han sido especialmente generosas en los años electorales. No obstante, los sindicatos y la oposición denuncian que existe un déficit histórico de personal para garantizar unos servicios públicos de calidad, al tiempo que critican que se engorde la llamada administración paralela con contrataciones en entes públicos sin los criterios de igualdad, mérito y capacidad. En 2010 los funcionarios protagonizaron una rebelión sin precedentes cuando la Junta ideó un proceso de reordenación del sector público que implicaba la entrada en la administración de esos contratados sin oposición. Tuvo que dar marcha atrás y los pactos de gobierno e investidura que el PSOE ha necesitado en 2012 (IU) y 2015 (C’s) le han obligado también a reducir entes.

Con todo, los recortes en los años de la crisis no han hecho más que ampliar el déficit de funcionarios. El sindicato CSIF cifra en 23.600 los empleos públicos de todas las administraciones perdidos en el último año en Andalucía, y 66.000 desde 2010. Apunta que el sector está actualmente en niveles de 2014, sin que se note la incipiente recuperación económica proclamada ni la flexibilización de las restricciones impuestas por el Ejecutivo central a la cobertura de bajas y jubilaciones. Desde 2012, el Gobierno de la nación sólo permitía cubrir una de cada diez jubilaciones en todas las administraciones. En 2015 elevó el límite al 50 por ciento pero sólo para servicios esenciales en sanidad, educación o cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Y el año pasado para estos mismos servicios permitió la cobertura del 100 por cien de las jubilaciones. En la reciente Conferencia de Presidentes autonómicos, varias comunidades, entre ellas Andalucía, reclamaron que se levantaran las restricciones para todas los puestos públicos y el Gobierno no está cerrado.

Esta restricción ha hecho que en los últimos años las ofertas de empleo público hayan sido exiguas cuando no inexistentes. Incluso provocó que la de Educación de 2012, que ya había sido convocada, quedara en el aire dejando sin examen a 36.154 aspirantes a los que la Junta tuvo que devolver las tasas pagadas. Andalucia había convocado 2.389 plazas para profesores de ESO y FP –desde hace años alterna las oposiciones de Primaria y Secundaria– y quiso mantenerla pese a superar la tasa de reposición que el Gobierno aprobó. Éste recurrió a los tribunales y el Constitucional paralizó la convocatoria.

Por ello, tras años de sequía, en la actual legislatura, la propia presidenta Susana Díaz ha anunciado con gran solemnidad las nuevas convocatorias. Para 2017 avanzó en el Parlamento la oferta de 7.500 plazas (3.500 del SAS, 2.300 de Educación y 1.750 de administración general), pero los exámenes para optar a ellas no serán, como pronto, hasta 2018. Antes tendrán que celebrarse los de las plazas anunciadas para 2016 (3.391 para el SAS y 774 para la administración general de la Junta) e incluso hay pendientes procesos de ofertas anteriores, como algunas pruebas para puestos de administración general de la Junta de la oferta de 2015 o la baremación de los méritos de quienes se examinaron hace un año para los puestos que ofertó el SAS correspondientes a la convocatoria de 2013, la primera que sacaba el servicio público de salud desde 2007.

Es una de las grandes críticas de los sindicatos. Cada vez que se anuncia una oferta de empleo público se generan grandes expectativas pero los procesos se eternizan y su demora lleva a los aspirantes a invertir tiempo y dinero (para regocijo, eso sí, de las academias) sin plazos claros. Mientras, los servicios públicos siguen sufriendo la falta de personal.

A las limitaciones para cubrir jubilaciones, se han unido también restricciones para sustituir bajas inferiores a diez días –recientemente suavizada en el sistema educativo para casos como las bajas de paternidad, las escuelas rurales o el profesorado de apoyo– o la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales (en Andalucía acaban de recuperar la jornada de 35 horas aunque el Gobierno central no ha modificado la normativa y amagó con recurrir). El resultado es que los profesores han visto muy reducidas sus opciones de aspirar a una plaza y las bolsas de interinos se han movido mucho menos que antaño dejando a muchos sin trabajar un curso tras otro y obligando a los colegios a echar mano del profesorado de refuerzo, destinado a apoyar al alumnado con necesidades especiales, para cubrir huecos. Y en los centros de salud, un mismo médico con frecuencia tiene que atender a sus pacientes y a los de la consulta de su colega cuando está enfermo o tiene unos días de permiso.

En Educación, aunque se han mantenido oposiciones todos los años, la evolución es palpable. En 2008, antes de la crisis, se ofertaron 9.089 plazas. En 2013, tras un año sin convocatoria por la paralización de la de 2012, salieron a concurso 592. El año pasado la oferta ya fue algo mayor, con 1.987 plazas para profesores de ESO y FP (177 correspondían a 2015 ya que la ley permite que cada convocatoria puede desarrollarse en tres años) y para este verano saldrán otras 1.800 para maestros de Primaria (con polémica porque se dirigen a especialistas en idiomas, Música y Pedagogía dejando fuera las más demandadas de Infantil, Primaria generalista y Educación Física). Hay que tener en cuenta que con el plan de convocatorias anuales se ha logrado reducir la elevada tasa de interinos que existía a un 5 por ciento y que el sistema empieza a perder alumnado por la caída demográfica.

En Sanidad, el sindicato de Enfermería Satse y el Sindicato Médico de Andalucía hablan de un déficit de casi 7.000 profesionales. A lo que se suma una alta tasa de temporalidad que el actual consejero de Salud, Aquilino Alonso, busca paliar con la misma fórmula que usó Educación: oposiciones anuales alternando las especialidades (3.391 plazas en 2016 y 3.553 en 2017). Eventuales que llevan años encadenando contratos han empezado a denunciar en los tribunales su situación y el SAS acaba de emprender un proceso para hacer interinos a 15.000 profesionales considerados estructurales que acumulan más de 12 meses en un periodo de dos años ocupando el mismo puesto en el mismo centro.


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