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La Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) actualmente se prolonga desde los 12 a los 16 años, pero uno de cada cuatro alumnos dejan las aulas al cumplir la edad sin obtener el título. / Paco Puentes
El debate sobre el estado del sistema educativo en Andalucía lleva años polarizado. De un lado, quienes esgrimen los tozudos datos que mantienen a la comunidad a la cabeza en fracaso escolar (23,6 por ciento) y a la cola en rendimiento acádemico entre las 14 comunidades españolas que participan en el informe PISA que realiza la OCDE en 37 países (sólo los estudiantes de Baleares, Extremadura y Murcia sacaron peor nota en la última edición de 2012). De otro, quienes ponen el acento en el avance logrado partiendo de un retraso histórico. La tasa de analfabetismo ha pasado del 15 al 3 por ciento desde la conquista de la autonomía y el propio informe PISA reveló mejoras por encima de la media nacional, los alumnos andaluces de 15 años sacaron menos de 500 puntos, promedio de referencia de la OCDE para aprobar, tanto en matemáticas (472) como en lectura (476,8) y ciencias (486).
Los primeros replican que los avances tras 40 años de democracia son pobres y menores a los de otros territorios que partían de una situación similar. Los segundos defienden la apuesta por una escuela integradora independientemente del nivel de renta y de las dificultades que puedan suponer una discapacidad o ser inmigrante, asumiendo que el avance pueda ser más lento pero más equitativo. Una equidad de la que presume el Gobierno andaluz en materia educativa y que el último informe PISA le reconoce.
Unos y otros comparten la preocupación por la educación en Andalucía, conscientes de que el nivel formativo de su población es determinante para su desarrollo. El Pacto por la Educación forma parte del discurso político. El exministro socialista Ángel Gabilondo impulsó en su día un acuerdo que finalmente se truncó. Su sucesor, el popular Jose Ignacio Wert, sacó la octava ley educativa, la Lomce, muy contestada.
La Junta de Andalucía, en manos del PSOE durante toda la democracia, tiene transferidas las competencias en Educación pero ejerce parte de esas competencias en exclusiva (la creación y organización de centros y plazas docentes) y parte compartida con el Estado (el diseño del currículum académico, con un margen de materias que puede decidir, y la selección de docentes). Con más de la mitad de los menores de 25 años parados, la política educativa es prioritaria. La tasa de paro se duplica entre las personas sin estudios. Los presupuestos de la Junta para 2017 destinan 7.252 millones, uno de cada cinco euros públicos, al sistema educativo.
Andalucía, con 8,4 millones de habitantes (el 17,8 por ciento de la población estatal), es además una de las comunidades más jóvenes. En las aulas no universitarias estudian este curso 1,8 millones de alumnos (más que toda la población de La Rioja o Navarra). En estos años sí se ha universalizado el acceso a la educación. Otra cosa es cuántos acaban la enseñanza obligatoria y cuántos siguen estudiando después.
Hace un año, la Consejería de Educación creó un grupo de expertos con 60 representantes de docentes, familias, municipios, administración educativa, directores de centros e inspectores y orientadores con los que diseñar un Plan para el éxito educativo. El objetivo ese que, como marca la UE para 2020, el 85 por ciento de los andaluces entre 18 y 24 años se titulen en Bachillerato o FP.
Los expertos coinciden en que la formación y selección del profesorado es clave para los resultados académicos. Gran parte del presupuesto andaluz para educación, 4.263 millones, se destina a los 118.593 docentes no universitarios. Y aunque su formación y selección es competencia estatal –el propio Wert planteó en su día el debate de una especie de MIR para los docentes–, el plan de la Junta pretende fomentar la formación continua (actualmente voluntaria), las metodologías innovadoras y el prestigio del docente (aunque rechaza, como hizo en 2010, una Proposición de Ley que el PP llevará al Parlamento para considerarlo autoridad pública, sobre todo ante las agresiones).
El último plan de la Junta para incentivar al profesorado en su labor fue duramente contestado. El colectivo acusó al Gobierno de querer «comprar aprobados» al ofrecerles hasta 7.000 euros en función de los resultados de sus alumnos. Sindicatos de enseñanza y asociaciones profesionales denuncian que el problema está en los recortes en plantilla al no cubrir bajas y vacantes –entre 2012 y 2015 con limitaciones impuestas por el Estado–, la sobrecarga de tareas burocráticas que les quita tiempo para preparar las clases y el exceso de alumnos por aula que dificulta la atención individualizada.
El resto del presupuesto de Educación se reparte entre la expansión del bilingüismo y las TIC, ayudas económicas para las familias (la gratuidad de los libros de texto y bonificaciones en los servicios de comedor, aula matinal o transporte escolar) y becas. Entre ellas, las de Segunda Oportunidad, dirigidas a jóvenes que dejaron las aulas atraídos por trabajar pronto ante el boom del ladrillo y a los que la crisis dejó en la calle y sin estudios. Este curso se han convocado 650. Desde su creación en 2011, su éxito ha sido escaso e incluso la Junta tuvo que flexibilizar los requisitos para acceder a ellas.