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El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero otorgó las ayudas. /José Manuel Vidal (Efe)
El famoso tándem empresarial de la Sierra Norte de Sevilla formado por dos exconcejales socialistas de El Pedroso no tendrá que devolver a la Junta casi un millón de euros que percibieron con una de sus empresas a cargo del fondo de los ERE. Es lo que ha resuelto en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, pese a considerar que este dinero se otorgó con ausencia de procedimiento legal, cree que se ha superado «con creces» el tiempo –14 años– para solicitar el reintegro. Una sentencia que supone un antecedente para otros casos de un grupo que, según la Guardia Civil, llegó a recibir 34 millones de euros de los ERE. La sentencia rechaza la resolución del 20 de julio de 2014 de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que declaraba nula la concesión realizada en septiembre de 2003 de una subvención específica e incondicionada por valor de 900.759 euros y exigía a Marco de Estudio y Proyección Siglo XXI su devolución. La empresa recurrió.
Los magistrados estiman que la ayuda concedida por la Junta es «nula» por «inexistencia de procedimiento alguno de concesión», pero rechaza que se devuelva «por razones de seguridad jurídica». «No existió solicitud de ayuda y se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», dice la sentencia, que añade que la Administración «eludió todos y cada uno de los trámites» previstos en la Ley General de Subvenciones para su concesión.
El abogado del empresario José María Sayago, Juan Carlos Alférez, ha explicado que ha presentado cuatro contenciosos similares a este que ha ganado y ha mostrado su convencimiento de que los que restan por resolver también serán favorables a su cliente, que estuvo asociado hasta 2007 con el exconcejal José Enrique Rosendo, recientemente fallecido.
«Estimamos que si los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo resuelven a favor de estas empresas, los tribunales penales no podrían resolver de manera más lesiva al deber quedar limitados por el principio de intervención mínima y de especialidad», ha dicho el letrado.