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El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación, Antonio Sanz. / María José López - E.P.
El Gobierno andaluz apurará el plazo de tres meses que prevé la normativa reguladora del Tribunal Constitucional para la presentación de un recurso contra el decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno, el Real Decreto-ley 14/2022, pero al mismo tiempo se marca el objetivo de superar el 7% de ahorro que ha anunciado el Estado como meta de rebaja del consumo energético, una cota que se ha convertido en un compromiso a su vez con la Comisión Europea.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno han sido los consejeros de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, los encargados de dar cuenta de ambos planteamientos.
Análisis competencial del decreto
Sanz, preguntado si el Gobierno andaluz iba a emular el recurso de inconstitucionalidad anunciado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto-ley 14/2022, ha señalado que, en función de las respuestas que ofreció el Gobierno este lunes en la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía, que ha resumido como que "el Gobierno no tiene ninguna voluntad de rectificación" y ante "el conocimiento del no diálogo", "ahora tenemos tres meses para analizar su contenido desde el punto de vista competencial".
"Tenemos tres meses y lo analizaremos con profundidad", ha proseguido afirmando el consejero, quien ha argumentado sobre la estrategia del Gobierno andaluz que se trata de "un Gobierno que apuesta por soluciones, que agota todas las vías", por cuanto ha remarcado que el Gobierno andaluz quiere "poner el énfasis en un modelo energético claro", convencido en este sentido de que "lo tenemos".
Cuestionado por el plazo de tres meses para la interposición del recurso en el Constitucional, que arranca a partir de este miércoles cuando entra en vigor el Real Decreto-ley 14/2022 y expirará en noviembre, Sanz ha recordado que "el plazo lo establece la norma para presentar un recurso", en alusión a la normativa reguladora del Tribunal Constitucional.
El consejero de la Presidencia ha precisado que, ante las dudas jurídicas con cualquier norma, "para eso existe el Gabinete Jurídico, que hará los análisis correspondientes", un paso previo antes de que la última palabra sobre la decisión la tome el Consejo de Gobierno.
"Lo que hacemos es derivar ese análisis al Gabinete Jurídico para que después hagamos los análisis en el Consejo", ha precisado Sanz.
La pretensión de la Junta es «superar ese 7% de ahorro energético como Administración»
Frente al mensaje jurídico del consejero de la Presidencia, el consejero de Política Industrial ha desglosado las aspiraciones de la política energética del Gobierno andaluz, quien en su intervención inicial en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno ha dejado sentado que "nunca cabe la duda" sobre que la Junta de Andalucía "cumplirá su responsabilidad con el ahorro energético" así como con los compromisos de España con "sus socios europeos", aun cuando ha insistido en que "no compartimos ni las formas ni el fondo" y en que "el Gobierno no ha querido escuchar".
"El decreto entra en vigor de inmediato, lo llevaremos a cabo, cumpliremos la ley", ha proseguido afirmando Paradela, quien de igual forma ha puesto de manifiesto que "si queremos un plan ambicioso para la reducción del gasto energético".
Paradela ha indicado que con las medidas de ahorro energético del Gobierno andaluz, ejecutadas en 5.000 puntos de suministros, entre los que se incluyen colegios y centros sanitarios, la pretensión de la Junta de Andalucía es "superar ese 7% de ahorro energético como Administración", una meta acordada por el Gobierno con la Comisión Europea, un hecho que ha presentado como "una obligación y una ambición de superarlo".
El consejero de Política Industrial ha subrayado que mientras que "la Unión Europea lo que ha hecho es consultar a los Estados miembros los niveles de ahorro" esa estrategia no se ha reproducido en España, antes de demandar que la fórmula pensada por el Gobierno andaluz hubiera sido la de hacer "recomendaciones al sector privado en lugar de la vía de las imposiciones".
Nuevo modelo energético en Andalucía
El consejero de Política Industrial ha dado cuenta en la rueda de prensa del Consejo de un informe presentado ante el órgano colegiado, que recoge las líneas en las que la Junta de Andalucía trabaja para impulsar un nuevo modelo energético y también una batería de actuaciones que la Administración autonómica puede implementar en el corto, medio y largo plazo.
El Ejecutivo andaluz trabaja ya en el diseño de un paquete de medidas para profundizar en el objetivo de reducir el consumo energético de la Administración autonómica y hacer más eficientes energéticamente sus sedes administrativas, así como otros edificios públicos.
Con el referente de la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (Redeja), que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, se encarga de la gestión de un contrato centralizado que engloba 5.000 puntos de suministro eléctrico entre hospitales, institutos, instalaciones deportivas, oficinas administrativas y universidades andaluzas y que, por primera vez en Andalucía, garantiza que el 100% del suministro procede de energías renovables, lo que contribuye a una disminución de 500.000 toneladas de CO2 anuales.
La ejecución de un plan masivo de optimización de potencia contratada para adecuarla a las necesidades reales de los edificios; auditorías energéticas con el objetivo de definir las acciones necesarias a acometer; el análisis para la implementación de fuentes de energía renovable y fomento del autoconsumo, así como el control de los consumos para detectar desviaciones importantes son algunas de las medidas que recoge el plan.
Entre las iniciativas que la Administración autonómica ya tiene puestas en marcha en línea con su compromiso medioambiental y de ahorro energético destacan el Plan de Inversiones Redeja para mejorar la eficiencia en edificios como sedes judiciales y hospitales, por ejemplo, en los que está invirtiendo 27 millones de euros financiados con fondos Feder, así como el impulso de una contratación centralizada para la realización de estudios energéticos en edificios públicos que permitirá optimizar costes y agilizar los procedimientos para la contratación de estos informes.
La Junta mantendrá como una línea prioritaria de actuación estas inversiones de mejora energética en sus edificios con fondos FEDER en el marco financiero plurianual 2021- 2027.
Asimismo, desde el pasado mes de febrero, la Junta cuenta con una nueva flota de 147 vehículos 100% eléctricos, que han supuesto una inversión global de 5,2 millones de euros (cofinanciados a través del programa MOVES), y durante la última legislatura los 10 programas de ayudas gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía para instalar autoconsumo en hogares y empresas, para almacenamiento, para mejorar la eficiencia energética de viviendas, negocios e industrias, y para apostar por la movilidad sostenible han movilizado inversiones cercanas a los 1.730 millones de euros para la realización de más de 38.800 proyectos de mejora energética en Andalucía.