Caso ERE

La revisión en el Supremo del caso ERE será en vista pública y durante la Feria de Abril

La Fiscalía ha pedido al tribunal que confirme íntegramente la sentencia, por tanto, solicita ratificar la condena de seis años de prisión para Griñán y de nueve de inhabilitación especial para Chaves

05 mar 2022 / 04:00 h - Actualizado: 05 mar 2022 / 04:00 h.
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  • Manuel Chaves y José Antonio Griñán. / EFE
    Manuel Chaves y José Antonio Griñán. / EFE

El Supremo celebrará una vista pública los días 4 y 5 de mayo para revisar la sentencia del caso de los ERE de Andalucía por la que se condenó a diecinueve ex altos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.

La Sala de lo Penal ha comunicado a las partes que las sesiones para exponer los recursos de casación de los condenados contra la resolución de la Audiencia de Sevilla podrán ser de mañana y tarde y que arrancarán a las 10.00 horas.

El tribunal que estudiará los recursos estará formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres (ponente).

La Fiscalía ha pedido al Supremo que confirme íntegramente la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, por tanto, solicita ratificar la condena de seis años de prisión para Griñán, que se sitúa así a un paso de la cárcel, y de nueve de inhabilitación especial para Chaves por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación en el segundo.

También solicita que se ratifiquen las condenas de prisión para el resto de ex altos cargos, entre ellos, los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años), Carmen Martínez Aguayo (seis años); así como las de inhabilitación para el resto de los condenados.

La sentencia reprocha que el Gobierno socialista andaluz conocía la «patente» y «palmaria ilegalidad» de las ayudas sociolaborales -unos 680 millones de euros- que concedió con «absoluta falta de control» entre los años 2000 y 2009.

Y subraya que los ex altos cargos, entre ellos los expresidentes regionales, fueron «plenamente conscientes de la patente ilegalidad» de la forma de conceder las ayudas, que beneficiaban a las empresas y no a los trabajadores.


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