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Francisco Carbonero (CCOO-A) y Manuel Pastrana (UGT-A) en una imagen de archivo. / Cristina Verdugo
La jueza María Núñez Bolaños ha abierto una nueva pieza en el caso ERE para investigar las ayudas otorgadas a cinco minerías de la Faja Pirítica de Huelva, en la que ha imputado a 25 personas, entre ellas, dos ex altos cargos del Gobierno en la etapa de José María Aznar, otros seis de la Junta de Andalucía y a los ex secretarios generales de UGT-A y CCOO-A Manuel Pastrana y Francisco Carbonero. Todos ellos están siendo investigados por los delitos de malversación por los más de 40 millones de euros concedidos como subvenciones tanto por parte del Ministerio de Trabajo como por la Junta de Andalucía.
Además, de las personas citadas la investigación se dirige contra dos mediadores, 11 sindicalistas y cinco trabajadores, que son presuntos intrusos incluidos en Almacenes Delgado. Las minas a las que afecta esta investigación son Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis -Bolsa de Tharsis e Insersa-, y Minas Rio Tinto
Los ex altos cargos de la Junta a los que se dirige esta instrucción por presuntos delitos de prevaricación y malversación son: Antonio Viera, Antonio Fernandez, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Agustín Barberá y Daniel Alberto Rivera, quienes presuntamente cometieron un delito de prevaricación en concurso con uno de malversación, «por conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos», según explica la jueza en un auto.
Además, Núñez señala indicios del delito de malversación en las actuaciones de los mediadores José González Mata –de la empresa UNITER– y del abogado Carlos Leal Bonmati. En concreto, sobre José Gonzalez, la juez indica que pudo ser receptor de unas sobrecomisiones a lo largo de los distintos pagos que se iban realizando para el abono de las pólizas de prejubilación. En relación con Carlos Leal, el auto apunta como indicio que «presentó ante la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía una solicitud de ayudas sociolaborales para individuos a los que no les correspondían dichas subvenciones».
Los ex altos cargos del Ministerio de Trabajo son la secretaria general y la directora general de Trabajo en el año 2003, Carmen de Miguel y Soledad Cordova,a las que se les va a investigar por delito de prevaricación y malversación al apreciar con los indicios obtenidos hasta el momento que conocían y permitieron «la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones».
El auto señala que la investigación ha puesto de manifiesto tres grupos de hechos que podrían tener relevancia pena. En primer lugar, la inclusión en pólizas destinadas a la prejubilación de trabajadores de personas que nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica; además, la asignación de coeficientes reductores falseados para el cálculo de la «edad química» de los trabajadores sujetos a los ERE, de modo que como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas.
Por ultimo, la juez investigará también el papel jugado en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados, a través de sus representantes sindicales y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter. Según señala el auto, «las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el FOGASA debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos».