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Rocío Marcos, de espaldas, durante su declaración. / Efe
La que fuera interventora general de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, Rocío Marcos, rechazó este miércoles que el sistema por el que se concedían y pagaban las ayudas investigadas en el caso ERE estuviera avalado legalmente por aparecer en los presupuestos andaluces.
Marcos testificó así en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta –entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán– acusados de prevaricación y malversación por crear y mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas a extrabajadores y a empresas en crisis de forma arbitraria y sin control, según la Fiscalía.
Las defensas sostienen que en los presupuestos de la Junta aparecía cada año una partida de Empleo destinada a transferencias de financiación al ente público IDEA para ayudas sociolaborales y, por tanto, el sistema era conocido y avalado por una ley que aprobaba el Parlamento.
Sin embargo, a preguntas del abogado Juan Carlos Alférez, que representa al exdirector de IDEA Jacinto Cañete, Marcos dijo que opina «de manera diferente» a su antecesor, Manuel Gómez, uno de los acusados en el juicio.
En su opinión, que los presupuestos aludieran a que esas transferencias de financiación a IDEA correspondían al convenio marco de 2001 que «no estaba publicado en ningún sitio, para un lector normal del presupuesto no significa nada».
Para Marcos, es «probable» que quienes conocían el convenio entendieran que el sistema estaba «apoyado por los presupuestos», pero a su juicio no es así, pues «que se cite un convenio cuyo contenido no se explicita no permite saber que se está alterando el funcionamiento normal de las transferencias de financiación». Es decir, que se están utilizando para un uso distinto al que la ley fija, ya que no se concretaba que las ayudas las daba Empleo y no eran ayudas propias de IDEA.
A preguntas de varias defensas, la testigo reiteró que los informes de Intervención sobre las deficiencias del procedimiento señalaban «irregularidades administrativas» que «no son delito» ni «ilegalidades», y que no hallaron «indicios de menoscabo de fondos públicos».